Operativo militar contra defensor indígena: Jesús Plácido criminalizado por el Estado

12:56 p.m. horas

Jesús Plácido Galindo es un hijo destacado del pueblo de la lluvia (na savi), originario de la comunidad de Buenavista, San Luis Acatlán, Guerrero. Forma parte de la estirpe de luchadores sociales destacados de la Costa-Montaña, teniendo a Cirino y Bruno Plácido, fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), como sus principales guías. Pasó su infancia jugando y escuchando cómo los pueblos organizaban su lucha mediante las asambleas. Durante muchos años solo podía comunicarse en tu’un savi porque no había aprendido español. Su vida era el pueblo ñuu savi, el pueblo de la lluvia.

Su convicción por la justicia llevó a Jesús a dedicar su vida a la defensa de la vida, el territorio y la seguridad de los pueblos indígenas. Así, conformó el Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y se volvió su líder. Durante años ha luchado incansablemente para organizar a las comunidades indígenas del estado en defensa de sus derechos.

Sin embargo, durante los últimos años el CIPOG-EZ y sus comunidades han tenido que enfrentarse a los crecientes embates del crimen organizado. De 2014 a 2026, un grupo criminal asesinó a 84 personas y desapareció a otras 25, todas pertenecientes al CIPOG, la CRAC-PF y el CNI.

La violencia encontró su punto más alto en mayo de 2026, cuando un grupo criminal atacó indiscriminadamente a la población indígena con armas de alto calibre y drones con explosivos, desplazando a alrededor de 2,000 personas. Jesús no se arredró y salió a dar la cara por las comunidades, asumiendo su defensa y acusando los abusos cometidos por un grupo criminal y la colusión de funcionarios del Estado con el crimen organizado. El gobierno se sintió exhibido con esas declaraciones y se empeñó en deslegitimar la labor de defensor de Jesús.

A inicios de julio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera —que se encarga de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo— congeló las cuentas bancarias de Jesús. Esto no fue más que una estratagema para tratar de hacerlo pasar por una persona con actividades delictivas. En realidad, el congelamiento de cuentas resulta ridículo cuando se da a conocer que Jesús tenía 280 pesos en su tarjeta de débito. No es un delincuente que se esté enriqueciendo; como muchos indígenas de Guerrero, es campesino. Dedica sus días a la siembra de un poco de caña, piña, maíz, frijol y calabaza para que su esposa e hijos tengan un bocado.

La cúspide de este proceso de criminalización se dio el 17 de julio de 2026, cuando el gobierno mexicano desplegó un operativo para detener a Jesús Plácido Galindo en un retén carretero. Participaron alrededor de 40 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la policía ministerial estatal y la policía del estado de Guerrero. El gobierno lo incomunicó y se negó a decirle a su familia a dónde se lo llevaban. Como prueba del escarmiento, lo trasladaron al penal de Almoloya. A pesar de que se le acusa de un delito del fuero común, el gobierno cometió un acto injustificable al mandarlo a una cárcel federal de máxima seguridad, lo que lo aleja de su familia y de sus abogados, violando sus derechos humanos y debilitando la posibilidad de que tenga una defensa adecuada.

El caso de Jesús Plácido muestra el rechazo del gobierno a la posibilidad de que los pueblos indígenas ejerzan su autonomía y reclamen sus derechos. A pesar de que es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, el esfuerzo realizado por los tres niveles de gobierno para criminalizar a Jesús es prueba plena de que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad incómoda para las y los funcionarios de este país, por lo que no escatiman recursos para detener a quienes se atreven a imaginar un mundo más justo. Desde la sociedad civil nacional e internacional, respaldamos la intachable reputación de Jesús Plácido y el CIPOG-EZ en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas del estado de Guerrero y del país, mientras exigimos que su labor como defensor sea reconocida y el Estado brinde medidas de protección para él, su familia y el CIPOG-EZ.

Por la emancipación de los pueblos, ¡libertad para Jesús Plácido!