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1 diciembre, 2022

Reporteros en Movimiento

Información sin Censura

10:15 a.m. horas

• La diputada federal Blanca Alcalá reclamó por la mínima reasignación de partidas que representan el 0.007 por ciento del gasto neto total.
• El legislador Francisco Yunes argumentó que es un presupuesto que quita dinero a los órganos autónomos, sin comprometer ni un peso a carreteras, campo, educación y salud.

La diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz afirmó que la bancada del Grupo Parlamentario del PRI votará en contra del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, porque es centralista, donde se beneficiará a pocos; es reduccionista, porque la prioridad son las obras del gobierno, así como discrecional y no es estratégico, que busque resolver los problemas de largo plazo.

Al intervenir en la reanudación de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que este presupuesto le queda a deber a la Legislatura de la Paridad, maneja una reasignación mínima que representa el 0.007 por ciento del gasto total de 8 billones, donde el 70 por ciento son recursos que se le quitaron al INE

Tras evidenciar que el proyecto de egresos no toma en cuenta a las 112 personas que participaron en parlamento abierto, propuso reducir los gastos de operación de programas sociales, que, aunque han aumentado los beneficiarios, no debería reflejarse en los gastos fijos, para mejor encausarlos a cubrir otras necesidades de los mexicanos.

Lamentó que se vuelva a dar prioridad al Tren Maya, a pesar de los subejercicios, y con esto tener otra vez pocas obras para todo el país, como lo refleja el programa carretero que no tiene ninguna distribución significativa.

En su oportunidad, el diputado Francisco Yunes Zorrilla aseguró que este presupuesto no congrega las demandas y anhelos de superación de todas las regiones y sectores del país. No es palanca para generar desarrollo regional, subrayó, ni trata de generar mejores condiciones de vida, que se logran a través de mejores instituciones de educación, acceso a las garantías de salud, e infraestructura, sobre todo en carreteras rurales, hoy canceladas.

Argumentó que la reasignación de recursos solo pretende quitar dinero a los órganos autónomos, sin comprometer ni un peso para carreteras, campo, educación y salud. Enfatizó que con ese paquete económico no se va a resolver el problema de pobreza y de desarrollo en el país.

En su intervención, el legislador Miguel Sámano Peralta estableció que es un presupuesto altamente vulnerable ante el dinamismo del entorno económico, alejado de la realidad y de las proyecciones de los organismos especializados.

A su vez, la diputada federal Montserrat Arcos Velázquez acusó que, en el proyecto fiscal del siguiente año, las mujeres fueron olvidadas y violentadas presupuestalmente. Criticó que el incremento en el presupuesto que presenta el Anexo 13, es para programas completamente clientelares, como Sembrando Vida, en lugar de destinar recursos para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, el legislador Pedro Armentia aseguró que, si en México hubiera gobernabilidad, no habría tantos recortes a temas fundamentales. “Se tiene en abandono el campo, la pesca, a nuestros hermanos indígenas, cero apoyos a infraestructura indígena, a carreteras, y a los sectores productivos”, criticó.

En ese sentido, Ismael Hernández Deras y Jaime Bueno Zertuche coincidieron que es un presupuesto autoritario que no atiende los temas de fondo. Precisaron que el problema de la deuda contraída es que no se manifiesta en un crecimiento para el país y solo se complica la situación para futuras generaciones.

En el cierre de participaciones de diputados priistas, Adriana Campos advirtió que los incrementos a las transferencias para los municipios son un engaño que no se puede tolerar, ya que no ayuda a quienes llevan el contacto directo con la ciudadanía. Lamentó que, para el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se propongan 327 millones de pesos, cuando 44 de cada 100 mexicanas ha experimentado algún tipo de intimidación, y en el cual los feminicidios se han incrementado.

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