11 junio, 2026

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Por. Aline Espinosa Gutierrez

19:50 hrs.
Ciudad de México/ Cimac. 2 de junio de 2021.-  Defensoras de la “Observatoria Ciudadana Todas Mx” llamaron a que este 6 de junio las mexicanas voten a favor de quienes sí protegen sus Derechos Humanos y no son agresores, ya que hay aspirantes que cuentan con carpetas de investigación o denuncias por violencia sexual, violencia familiar o son deudores de pensión alimenticia, y muy pocas de sus agendas legislativas tratan problemáticas que afectan a las mujeres y niñas.

En conferencia de prensa dijeron que estos primeros hallazgos son resultado del monitoreo en el que la “Observatoria” analizó las distintas etapas del proceso electoral y de las campañas difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales desde el 5 de marzo hasta el 31 de mayo bajo 5 ejes: cumplimiento de la “3de3VsViolencia”; agenda legislativa a favor de los derechos de las mujeres; violencia política contra candidatas; no uso de lenguaje sexista y uso equitativo del tiempo en medios de comunicación; y seguimiento del Pacto “Lo Personal es Político”.

Explicaron que en el primer eje (cumplimiento de la “3de3VsViolencia”) hay 105 denuncias contra  candidatos que no cumplieron, es decir, se encuentran bajo algunos de los 3 supuestos que esta iniciativa prevé: ser deudores de pensión alimenticia, ser agresores sexuales, incluyendo acoso y hostigamiento, o ser violentadores de mujeres en el ámbito público o privado.

La “3de3VsViolencia” fue impulsada por diputadas federales y defensoras de los derechos políticos de las mujeres, quienes consiguieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara el 28 de octubre de 2020 que los aspirantes a una candidatura debían firmar y entregar 3 documentos donde declararan no estar sancionados por los supuestos ya descritos.

Detallaron que de estas 105 denuncias, 76 fueron realizadas por integrantes de la Observatoria, de las cuales 30 fueron contra aspirantes del partido de Morena, 11 del Partido Acción Nacional, 7 de Movimiento Ciudadano, 4 del Partido Verde, 4 del Partido Encuentro Solidario, 3 del Partido del Trabajo, 2 del partido Fuerza por México, 2 de la coalición “Va por México”, entre otros.

Dijeron que en todas las acusaciones se cuenta con el antecedente de denuncia, carpeta de investigación o la declaración de la víctima, que avalan que estos aspirantes son personas que no “debe ser elegibles, tienen que estar siendo juzgados y en su caso sancionadas porque la violencia contra las mujeres es un delito”, declaró la defensora e integrante de la Observatoria, Yndira Sandoval.

Estos candidatos compiten por cargos populares principalmente en Veracruz, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y San Luis Potosí, y algunos de los delitos que cometieron fueron acoso y hostigamiento sexual, violaciones, pedofilia y violencia familiar, y que incluso algunas víctimas tienen lesiones a tal grado que deberían ser consideras como intento de feminicidio.

Ejemplo de ello, dijeron, es el candidato del partido “Fuerza por México” a la gubernatura de Michoacán, Cristóbal Arias, quien tiene una carpeta de investigación por intento de feminicidio y el candidato del partido “Fuerza por México” a la alcaldía de Cuernavaca, Sergio Estrada Cajigal, el cual cuenta con 3 carpetas de investigación por violencia familiar.

“Reconocemos a los partidos políticos como los principales cómplices y protectores de estos agresores, que pese a estos antecedentes que existen decidieron postularlos, decidieron generarles campañas que son pagadas con nuestros impuestos, y decidieron darle el boleto de entrada para participar”, agregó Yndira Sandoval.

Agendas legislativas poco claras y mucha violencia
En cuanto a las agendas legislativas de los partidos no todas son públicas, la mayoría no posee un lenguaje claro sobre sus propuestas ni describen acciones afirmativas sobre algunas de las necesidades que las mujeres exigen como acceso al aborto, cuidado y tiempo propio, erradicación de la violencia, abolición de la explotación sexual, garantía de la justicia y disminución de las brechas salariales, señalaron las defensoras.

Explicaron que todo ello es medio tratado en un 87.50 por ciento en las agendas del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática; un 62.50 por ciento en la de Morena y PAN; un 50 por ciento en las del Partido Revolucionario Institucional,  Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México; un 25 por ciento en la del partido de Redes Sociales Progresistas; y 0 por ciento en las del Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México.

En suma, dijeron, estos temas no son descritos en las agendas desde un enfoque de género o con base en el contexto de las mujeres, por lo que las propuestas son “vagas”, no hay estrategias internas para capacitar a las militantes, simpatizantes o candidatas y llegan a ser contrarias a los Derechos Humanos de las mujeres.

Mientras tanto, añadieron, la violencia política se agudizó contra las candidatas en este proceso electoral 2021, ya que de los 34 asesinatos cometidos contra personas aspirantes a un cargo, 21 fueron de mujeres, y existen más de 85 reportes de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento y discriminación por parte de medios de comunicación y los partidos políticos, contra las candidatas.

Informaron que en los medios de comunicación y plataformas digitales se emplearon distintas formas de “sometimiento” hacia las mujeres, de cuales 30 por ciento fueron amenazas; 22 por ciento discriminación por su origen étnico; 22 por ciento campañas con lenguaje sexista, 18 por ciento se utilizó lenguaje excluyente en los boletines o comunicados difundidos por los partidos; y 4 por ciento fueron víctimas de hostigamiento.

Los estados con más casos registrados fueron Puebla, Yucatán, Veracruz, CDMX, Michoacán, Campeche, Sonora, Querétaro, Durango y Zacatecas. Resultado de estas violencias las candidatas decidieron detener sus campañas o bajarse de la contienda electoral al temer por su vida.

Exigieron que estas agresiones sean atendidas porque la población se informa sobre las candidaturas y las propuestas de éstas, a través de los medios de comunicación y plataformas digitales y que se deje de cuestionar si las aspirantes tienen o no la capacidad de gobernar.

Sin respuesta de los estados al pacto
Expresaron que tras su solicitud a los partidos de firmar el pacto “Lo Personal es Político” desde diciembre de 2020, sólo 16 de 32 entidades mexicanas se han sumado a éste, algunas de ellas lo hicieron por medio de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)  y otras de forma directa con sus partidos políticos o candidatas y candidatos.

De esas 16 entidades no hay evidencias de acciones afirmativas por los DH de las mujeres ni trabajo de los OPLES para que más partidos políticos se adhieran al pacto, no obstante, advirtieron que seguirán demandando que todos las entidades sean parte del pacto y se adicionen a su agenda política feminista nacional.

Reiteraron que este monitoreo continuará hasta después del proceso electoral y publicarán un informe con la información recolectada. Informaron que pedirán al gobierno mexicano que se cuide la paridad en los cargos; y pidieron a las mujeres del país que vayan a las urnas a votar  por las y los aspirantes que sí se preocupan por sus derechos y no son agresores, ya que ellas junto al movimiento feminista son la única fuerza política que puede cambiar el rumbo del país.

En este evento también participaron la defensora e integrante de la Observatoria, Edurne Ochoa Ledesma; la defensora de la Observatoria, Yunuen Castillo; la defensora de la “Constituyente feminista”, Lucía García; y la abogada y cofundadora de “Nosotras Tenemos Otros Datos”, Patricia Olamendi Torres.

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