· Que afán de seguir protegiendo al alcalde de Ecatepec, Pablo Bedolla?
· Las cifras de los secuestros no coinciden y éste delito sigue a la alza
La impunidad que prevalece en el municipio de Ecatepec ha sido una de las más escandalosas porque la justicia brilla por su ausencia en esa localidad que gobierno el priista Pablo Bedolla López, quien a pesar de tener todo en su contra por gobernar de forma nefasta y mediocre, el mandatario mexiquense Eruviel Ávila Villegas lo sigue protegiendo. Cuál será el interés de un gobernante de proteger a un político que ha desprestigiado a su partido?.
Sus acciones como alcalde han dejado mucho de qué hablar de la población que lo llevó al cargo. Insisto, creo yo que el gobernador ha perdido el tiempo e incluso la próxima elección de un edil que le quedó grande el puesto y que por supuesto ha repercutido en la inconformidad de sus habitantes.
Pero no sólo del gobernador que a toda costa quiere destrabar el problema en que cayó Pablo Bedolla, sino también el Procurador General de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Sánchez García, quien ha blindado la investidura del alcalde para no empañar la imagen del PRI a unos meses del proceso electoral del 2015, tras la muerte de tres personas al finalizar el baile grupero del 6 de julio.
De acuerdo al diputado local, Octavio Martínez Vargas, quien ya quiere que lo destapen como aspirante a la alcaldía de este municipio, ha buscado de una y mil formas encuadrar la culpabilidad de Pablo Bedolla en el incidente. Dice el legislador, por cierto del PRD, que de acuerdo al artículo 135 del bando municipal el edil es responsable, así como el secretario municipal Sergio Díaz quien firmó y otorgó el permiso a la empresa Escalante Producciones, S. A de C.V. En eso tiene razón, pero señor diputado, porque mejor no se queda callado y evita el protagonismo mediático. Ya sabemos que usted la quiere, (la candidatura), pero ya deje de sacar raja política. Los malos y mediocres, siempre caen. O No?. Tenga cuidado?
Dice el diputado Luego que la PGJEM señaló a José Alberto Salomón Rodríguez, Jefe de Sector de Rescate Urbano de Protección Civil, Sergio Eduardo Ruíz Moreno, ex Director de Protección Civil y Bomberos, destituido en días anteriores por estos hechos, además Horacio Rivero Rivero, Presidente del (COPACI) y Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, Elemento de la policía local, como los presuntos responsables de la muerte de Eunice Rosalía Monterrubio Enríquez, Socorro Castellanos Rodríguez, y Jacqueline Sánchez Avelar. Evidentemente todos sabemos que ellos no son los culpables de ese incidente. La normatividad legal, dice que quien debe responder por estos hechos es el alcalde, como autoridad máxima y responsable de todo lo que ocurra en su jurisdicción.
Usted afirma que el alcalde Pablo Bedolla es el responsable y estás personas sólo son “chivos expiatorios” de la Procuraduría para no dañar la imagen del PRI a meses del proceso electoral, y cuando dependencias federales y estatales buscan revertir el efecto negativo que ha provocado la administración municipal en la población. En eso tiene razón, pero a quien le debe de preocupar más es al propio tricolor quien lo llevó al cargo, así como al gobernador, Eruviel Ávila Villegas, quien dejó a un pésimo político, luego de que él dejo la alcaldía. O no?. Ahora el gobierno del estado debe de hacer hasta lo imposible por mejorar la imagen de este municipio y de sus autoridades porque realmente le han quedado mal a la población y eso el mandatario mexiquense lo sabe.
“El responsable es el edil, Pablo Bedolla, según lo que establecen La Ley Orgánica y el Bando Municipal. Bedolla es el responsable y él debiera ser enjuiciado y estar en la cárcel por estos hechos”. Al responsabilizar a funcionarios menores, la Procuraduría sólo busca “darle vueltas al asunto, e inculpar a gente inocente para deslindar al alcalde Bedolla López”, condenó Martínez Vargas. Acusó, “esta actitud de la PGJEM de proteger a al alcalde, tiene un trasfondo político-electoral en vísperas del proceso para renovar las alcaldías, y por ser el municipio más poblado del país”.
La Ley Orgánica Municipal de la entidad prevé en su artículo 48, fracción XII, refiere como una atribución directa del alcalde “tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales”. “El artículo135 del Bando, dice que “el alcalde, a través del Secretario del H. Ayuntamiento, tendrá facultades para autorizar, suspender o prohibir la presentación de cualquier espectáculo o diversión pública que se realice en el territorio municipal”, así que “no hay más culpable que Pablo Bedolla”, Así están las cosas en la tierra del gobernador que ahora se ha convertido en botín político por parte de los perredistas. Será?.
Que por cierto, en otros temas a los mexicanos les preocupa la situación de los secuestros, pero más causa incertidumbre es que las cifras no cuadran de ninguna forma. De acuerdo a un documento que dio a conocer éste martes el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Señala que el delito del secuestro continúa a la alza y se extiende cada vez a más municipios, lo que confirma que las autoridades federales, estatales y locales no han dado los resultados necesarios en esta materia.
En documento denominado “Análisis integral del secuestro en México. Señala que éste crecimiento, asegura el documento elaborado por diversos investigadores, resulta alarmante y podría ser mayor al reportado por las autoridades, pues las denuncias que se presentan ante la Procuraduría General de la República (PGR) no son anexadas a las estadísticas mensuales de secuestro. Las estadísticas que se dan a conocer mes tras mes, sólo contemplan las denuncias del fuero común, por lo que estos datos de averiguaciones previas iniciadas a nivel federal (pese a que son cifras preliminares) nos demuestran que el problema del secuestro podría ser mucho mayor de lo que se tiene pensado, en particular en Tamaulipas, pues en lo que va de 2014 esta entidad continúa presentando un comportamiento preocupante, acumuló el 9% de los registros”, detalla el ONC.
El documento del Observatorio también señala que las autoridades están siendo parciales en la evaluación de sus resultados contra el secuestro y sugieren que el gobierno federal debe avocarse a trabajar mecanismos de sistematización de información “que nos permitan tener acceso periódico a los registros de los secuestros del fuero federal en las bases de datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto es fundamental sobre todo si se tiene un genuino interés de mejorar las condiciones de seguridad”.
Asimismo, se encontró evidencia de que en entidades con una cifra elevada en secuestro, la población no confía en su policía municipal, así como que existe la incertidumbre de que las procuradurías de justicia de las entidades federativas no estén actuando conforme a la ley cuando se trata de un secuestro exprés o formas de secuestro contrarias al entendimiento cotidiano de qué es y cómo se persigue este delito. “En consecuencia, podemos esperar que haya cierto subregistro en algunas entidades por lo que son necesarios esfuerzos para que las autoridades competentes apliquen la Ley General pues dicho ordenamiento jurídico surgió de la mano de las organizaciones de la sociedad civil para brindar las bases necesarias para frenar y prevenir este delito pluriofensivo”. Así están las cosas. Habrá confianza en la autoridad gubernamental para creer que los secuestros van a la baja?. Yo creo que no. Pero en fin así se las gastan en el gobierno federal, maquillando cifras. Con que intención?. Hasta mañana y ojo cuídese del transporte porque sigue la ola de asaltos. Comentarios a esquiveljesus30@gmail.com


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