Por Jesús Delgado Guerrero
9:56 horas
Entre los capitanes de la industria y las finanzas, que son una y la misma cosa en casi todo el mundo y, de manera muy particular, en nuestro país, como una segunda piel se lleva el célebre aforismo que Milton Friedman repitió hasta el cansancio como parte de sus teorías neoliberales: “no hay almuerzos gratis”.
A partir de la cena del pasado 13 de febrero en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y donde unos 100 empresarios diligentemente consumieron tamales de chipilin y atolito, (similar al “gualolocombo” de estudia-hambres preparatorianos o universitarios), se sabrá que las cenas tampoco lo son pues, finalmente, “business is business”.
De entrada, puros lloriqueos dejó la ya célebre tamaliza acompañada con chocolate tabasqueño. De un lado, el sector empresarial deslizando, en medios de información afines, que se trató de un “sablazo oficial” y hasta de una “extorsión” para entrarle a la rifa-no rifa del avión presidencial.
Del otro, el gobierno, filtrando que los inversionistas se vieron muy “marros” y no apoquinaron los 2 mil millones de pesos esperados por la compra de cuatro millones de “cachitos”, sino sólo 1,500 millones de pesos por tres millones de “billetes”.
El costo de los tamales seguro es nada comparado con los sobornos que supuestamente recibió el ahora indiciado Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien utilizaba el helicóptero de la paraestatal para viajar no más de 12 kilómetros, de un edificio a otro, en la Ciudad de México.
Seguro significaron menos de lo que se requerirá para reparar los daños causados por furibundas feministas en edificios públicos y privados, indignadas, justificadamente, por la estúpida difusión de gráficas de Ingrid Escamilla en rotativos impresentables.
Pero «el planteamiento fue una idea de austeridad, por eso se está vendiendo el avión, y lo que se va a hacer es usar recursos para apoyar los programas de gobierno con equipos para los hospitales», según detalló Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, uno de los felices consumidores del “guajolocombo” en la respectiva cajita feliz.
Desde luego suena muy bien eso de apoyar al gobierno para fondear sus programas de salud, donde por cierto el monopolio de la farmacocracia está más que encabritado por las acciones del gobierno al amparo de la “Cuarta Transformación”.
Pero detrás de la expresión quedaron flotando esos espectros que provocan horrores al SAT (Sistema de Administración Tributaria) y se mueven entre la evasión de impuestos (ocultar los ingresos para pagar menos impuestos) y la elusión de impuestos (realizar acciones, por la vía legal, para evitarlos o minimizarlos, ya sea mediante fundaciones, donaciones, actos filantrópicos u otras rutas de escape tributario).
Son estas dos plagas a cuyos promotores ni Mateo El Evangelista, recaudador y publicano, ha podido redimir, menos convertir.
Ya se verá si en verdad la señora Raquel Buenrostro, titular del SAT, es capaz de recuperar algo de los 1.2 billones de pesos que se tienen en disputa en litigios, y si logra que parte de los más de 500 mil millones de pesos que se evaden anualmente, vayan a parar a la hacienda pública, o si prevalecerá la rácana económica del “apoyo” por sobre el pago de impuestos.
Comparada con el ”pase de charola” realizado por un ex presidente para beneficiar al candidato del ex partidazo, esta vez nadie se declaró “soldado” de un partido ni del Presidente ni mucho menos.
Pero la tamaliza podría resultar muy cara y trágica si al final los recaudadores no alcanzan sus propósitos y, peor, si no se realizan las modificaciones legales necesarias para evitar que la riqueza continúe acumulándose en unas cuantas manos.
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Por Jesús Delgado Guerrero
