* El paro se suma a una movilización nacional en al menos 17 estados.

* En Nezahualcóyotl, los inconformes bloquearon la avenida frente a la sede judicial y advirtieron que no permitirán que se condicione su permanencia laboral a nuevas evaluaciones.

Por. Lina González / Reporteros en Movimiento. Com.

13:25 hrs.

Nezahualcóyotl, Estado de México, 06 de noviembre de 2026.– Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores en los juzgados federales de Nezahualcóyotl, como parte de una movilización nacional contra el nuevo mecanismo de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, cuyas disposiciones fueron publicadas el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La protesta se extendió a distintas sedes del país, incluida la Ciudad de México, donde trabajadores suspendieron actividades en edificios judiciales como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. Los reportes de este viernes contabilizaban movilizaciones en al menos 17 estados.

En Nezahualcóyotl, los trabajadores no solamente suspendieron sus actividades, sino que también bloquearon la avenida ubicada frente a los juzgados federales para manifestar su rechazo a las nuevas disposiciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Los inconformes consideran que el nuevo esquema representa una amenaza para su estabilidad laboral, incluso para quienes cuentan con una plaza de base o tienen varios años de servicio dentro de la institución.

La principal exigencia es que se revise o deje sin efectos el acuerdo que establece las evaluaciones, pues sostienen que el mecanismo genera incertidumbre sobre la continuidad de sus empleos y deja parte de la calificación en manos de sus superiores jerárquicos.

Trabajadores advierten incertidumbre y posibles represalias

Durante una intervención frente a los juzgados federales de Nezahualcóyotl, Noé Muñoz González, integrante del Sindicato de Renovación, expresó el descontento de los trabajadores y explicó que el cierre de las instalaciones fue una decisión tomada ante lo que consideran una amenaza a sus derechos laborales.

En su mensaje, sostuvo que la preocupación no se limita a quienes tienen plazas de confianza, sino que también alcanza a los trabajadores de base, quienes temen que su permanencia quede sujeta a los resultados de las evaluaciones y a la opinión de sus superiores.

“El pasar el examen con excelencia solo va a asegurar dos años de trabajo. Posteriormente, ¿qué sigue?”, cuestionó el representante sindical, al señalar que existe incertidumbre sobre el futuro de los empleados.

También advirtió sobre el riesgo de que las evaluaciones puedan convertirse en mecanismos de presión dentro de los centros de trabajo y manifestó su preocupación por el futuro de las organizaciones sindicales.

Muñoz González aseguró que la movilización no responde a un capricho, sino a la necesidad de defender los empleos y el sustento de cientos de familias que dependen de la actividad laboral dentro del Poder Judicial.

“Ya no se trata de dar la cara por los titulares, se trata de dar la cara por nosotros y por nuestras familias”, expresó ante los trabajadores reunidos en la sede de Nezahualcóyotl.

El representante sindical asumió públicamente la responsabilidad por las acciones emprendidas y llamó a sus compañeros a difundir la inconformidad para fortalecer el movimiento.

¿Qué establece la nueva evaluación?

El conflicto tiene su origen en el acuerdo general del Pleno del Órgano de Administración Judicial, publicado el 5 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

El esquema contempla diferentes instrumentos para medir el desempeño de los trabajadores, entre ellos:

• Examen de conocimientos.
• Evaluación del desempeño por parte de los titulares.
• Valoraciones de compañeros y reportes institucionales.
• Parámetros relacionados con productividad y comportamiento.
• Actividades de capacitación y fortalecimiento profesional.

Uno de los puntos que más inconformidad ha generado es que el examen de conocimientos representa el 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante depende de otros factores, entre ellos las valoraciones de los superiores jerárquicos.

Los trabajadores cuestionan que este mecanismo pueda abrir espacios para decisiones discrecionales, especialmente cuando consideran que su futuro laboral podría depender de evaluaciones realizadas por personas que ocupan recientemente cargos de juzgadores.

De acuerdo con el calendario difundido, los temarios se publicarán los días 17 y 18 de noviembre; los exámenes para secretarios están programados para el 4 de diciembre, para actuarios el 8 de diciembre y para oficiales judiciales los días 14 y 15 del mismo mes.

El Órgano de Administración Judicial sostiene que no habrá despidos en la primera evaluación

Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial sostuvo que la primera evaluación, programada para diciembre, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y no implicará aprobación o reprobación, ni consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

La institución explicó que el propósito es identificar fortalezas y áreas de oportunidad, detectar necesidades de capacitación y fortalecer el desarrollo profesional de quienes integran la carrera judicial.

También manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades, además de reiterar su disposición al diálogo.

Sin embargo, los inconformes consideran que las aclaraciones no resuelven sus preocupaciones, debido a que el acuerdo establece un mecanismo de evaluación que posteriormente tendrá efectos dentro de la carrera judicial.

Un conflicto que puede afectar la impartición de justicia

La movilización coloca nuevamente al Poder Judicial de la Federación frente a un conflicto interno relacionado con las condiciones laborales de sus trabajadores, en un momento en que la institución atraviesa cambios en su estructura y funcionamiento.

La suspensión de actividades en juzgados y tribunales federales puede repercutir en la atención de asuntos judiciales, trámites y procedimientos de ciudadanos que dependen de estos órganos para resolver controversias y defender sus derechos.

En Nezahualcóyotl, el bloqueo de la avenida frente a los juzgados refleja que la inconformidad ya pasó de las manifestaciones internas a las acciones de protesta en espacios públicos.

Por ahora, los trabajadores mantienen su exigencia de que se revise y deje sin efectos el acuerdo de evaluación, mientras las autoridades judiciales defienden el procedimiento y aseguran que la primera aplicación no pondrá en riesgo los empleos.

El fondo del conflicto será determinar si el nuevo mecanismo logra garantizar una evaluación objetiva del desempeño judicial o si termina convirtiéndose en un factor de incertidumbre para quienes llevan años trabajando en la impartición de justicia federal.