7 septiembre, 2026

Reporteros en Movimiento

Información sin censura

Hay lugares que dejan de ser solamente paredes, puertas y ventanas.

Hay lugares que quedan marcados para siempre porque dentro de ellos ocurrió algo que ninguna familia debería vivir.

Uno de esos lugares es el inmueble de Tepetlixpa, Estado de México donde fue localizada sin vida Itzel Díaz González, una joven de apenas 23 años que salió de su casa el 7 de octubre de 2025 y nunca regresó con su familia.

Dos días después, la búsqueda terminó de la manera más dolorosa imaginable: su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna en ese inmueble.
Hoy, casi once meses después, la herida sigue abierta.

Y mientras la familia de Itzel continúa recorriendo juzgados, esperando audiencias y exigiendo una sentencia, surge una noticia que provoca indignación y, sobre todo, muchas preguntas: de acuerdo con lo denunciado,el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de Itzel habría sido entregado este 4 de septiembre a familiares de José Ignacio “N”.

¿Cómo puede una familia entender que aquel lugar vuelva a abrir sus puertas mientras el juicio todavía no concluye?

¿Cómo pedirle a una madre que mire esa casa nuevamente habitada, cuando para ella no representa una propiedad, sino el último lugar donde estuvo su hija?

NO SE TRATA DE UNA CASA. SE TRATA DE JUSTICIA.

Desde octubre de 2025, José Ignacio “N” se encuentra sujeto a proceso por su probable participación en el feminicidio de Itzel. Una autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva. Esto no equivale todavía a una sentencia condenatoria y debe respetarse su presunción de inocencia, pero confirma que existe un proceso penal abierto por hechos de extrema gravedad.

Y el proceso, lejos de haber terminado, ha enfrentado retrasos.

Por eso la posible entrega del inmueble no puede reducirse a un simple trámite administrativo.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 229, establece que los bienes donde existan huellas o que puedan guardar relación con un delito, particularmente aquellos vinculados directamente con el lugar de los hechos o del hallazgo, deben ser asegurados durante la investigación para impedir que los indicios sean alterados, destruidos o desaparezcan.

La misma ley permite posteriormente levantar ese aseguramiento y devolver un bien. Los artículos 245 y 246 contemplan esa posibilidad cuando la autoridad competente determina que jurídicamente procede y cuando se han realizado las diligencias correspondientes.

Precisamente por eso la sociedad y, principalmente, la familia de Itzel merecen una explicación clara.

¿Quién ordenó levantar el aseguramiento?

¿En qué fecha se tomó esa determinación?

¿Qué autoridad consideró que el inmueble ya no necesitaba permanecer bajo resguardo?

¿Se concluyeron absolutamente todas las diligencias periciales que pudieran requerirse en el juicio?

¿La representación jurídica de la familia de Itzel fue informada?

¿Existe la certeza de que ninguna inspección, reconstrucción, peritaje complementario o diligencia futura requerirá preservar las condiciones del inmueble?

Esas preguntas no buscan condenar anticipadamente a nadie. Buscan transparencia en un caso en el que una joven perdió la vida y una familia continúa esperando justicia.

Y existe un antecedente que vuelve todavía más necesaria una explicación: desde enero de 2026 se denunció públicamente que la vigilancia del inmueble había sido abandonada
momentáneamente, situación que entonces ya generó indignación y preocupación entre familiares y habitantes de la región.

UNA MADRE SIGUE ESPERANDO

Mientras para alguien pueden haber transcurrido once meses, para una madre el tiempo se mide diferente.

Son once meses sin escuchar la voz de su hija.
Once meses sin verla llegar.

Once meses entrando y saliendo de juzgados.

Once meses escuchando fechas, aplazamientos, argumentos jurídicos y nuevas audiencias.

Itzel tenía 23 años. Era ingeniera, cantaba y tenía una vida completa por delante. Su familia no está pidiendo privilegios. Está pidiendo justicia.
Una casa puede devolverse mediante un documento.

Una puerta puede volver a abrirse.

Una familia puede volver a entrar.

Pero a Itzel nadie puede devolverla a casa.
Y quizá esa sea la parte que más duele.

Mientras otros recuperan un inmueble, sus padres siguen esperando recuperar algo mucho más difícil: la tranquilidad de saber que la muerte de su hija no quedará impune.

Por eso hoy la exigencia debe ser firme, pero responsable:

Que las autoridades expliquen públicamente bajo qué fundamento se habría entregado el inmueble.

Que se garantice que esa decisión no compromete ninguna prueba ni diligencia pendiente. Que se transparente quién la autorizó. Y, sobre todo, que el proceso judicial avance sin más dilaciones.

Porque la justicia no solamente debe hacerse.
También debe darle certeza a una familia que lleva casi un año esperando.

Itzel ya no puede levantar la voz.

Pero están su madre,su familia, sus amigos y toda una comunidad que todavía puede hacerlo por ella.

Justicia para Itzel Díaz González.

Que su nombre no se convierta en un expediente más.

Que su historia no termine detrás de una puerta que simplemente volvió a abrirse.

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