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El viernes 21 de agosto, la secretaria de Gobernación dijo que ya le comunicó a la empresa RCU Sistemas que daría por terminado el contrato que tienen desde hace ya varios años.
No es cosa menor. Desde 2013, RCU Sistemas ha brindado servicios de manera directa al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
¿Qué servicios provee la empresa?
Arrendamiento de botones de asistencia (mal llamados botones de pánico), sistemas de videovigilancia, cámaras de seguridad, sistemas de alarma, chapas de seguridad, rejas, mallas y protecciones de puertas y ventanas.
Renta de inmuebles para brindar refugio a personas protegidas y apoyos en despensas para personas desplazadas.
Arrendamiento de autos blindados, chalecos balísticos, subcontratación de escoltas armados.
Lo que dijo la secretaria de Gobernación es real. Hay muchas denuncias de personas beneficiarias sobre fallas en el otorgamiento de estas medidas de protección que son aprobadas por la Junta de Gobierno del propio Mecanismo.
Botones de asistencia que no envían las señales de alerta, fallas en las conexiones a Internet, sistemas de videovigilancia que envían señal solo de audio o solo de video o que no graban como deberían.
Chapas de alta seguridad que deben repararse o sistemas de “videoportero” con cámaras que no operan.
La primera pregunta es: ¿por qué ante tantas quejas, no se había actuado antes?
Gobernación aplica multas y sanciones previstas en la Ley de adquisiciones y que se plasman en los contratos, pero las fallas recurrentes debieron obligar a cancelar estos contratos desde hace muchos años.
Otra pregunta fundamental es: ¿Y cómo va a garantizar el gobierno federal la seguridad de todas las personas que cuentan actualmente con medidas de protección proporcionadas por RCU?
El argumento para contratar una empresa privada es que el gobierno federal no cuenta con las capacidades suficientes para otorgar medidas de seguridad; entonces, ¿cómo será la transición a otro proveedor?
Mal momento eligió Rosa Icela para comentar esta cancelación de contrato.
El Consejo Consultivo del Mecanismo ya había pedido un informe sobre las deficiencias de RCU y sigue esperando respuesta.
Y dato adicional. A finales de julio, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, anunció la salida de Froylán Enciso como jefe de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación y titular de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo.
No lo dijo, pero Froylán se va a jugar a la elección del próximo año en su natal (y convulsionado) Sinaloa.
Pasó un mes del anuncio y aún no hay nadie al frente de la CEN y eso, seguramente, afectará lo que siga al anuncio de Rosa Icela sobre la empresa RCU Sistemas.
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