Alexandra González / reporterosenmovimiento.com
15:10 hrs.
29 de junio de 2026.- Alejandro César Vázquez Rubio presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicita que se investigue la presunta responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos relacionadas con un operativo policial ocurrido en septiembre de 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México.
De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron la noche del 3 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecámac presuntamente ingresaron sin orden judicial a su domicilio, donde, según el peticionario, se atendía una emergencia médica de su nieta, Yolanda Andrea Luna Vázquez, de ocho años de edad.
En la petición se afirma que durante la intervención los policías habrían obstaculizado las labores del personal de la unidad PC-07 de Protección Civil de Tecámac, lo que, según el denunciante, retrasó la atención médica de la menor. La niña falleció el 27 de noviembre de 2025.
El promovente señala que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la cual concluyó que no existieron violaciones a derechos humanos por parte de los elementos municipales. Posteriormente interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual fue desechado al considerarse sin materia.
Ante ello, Vázquez Rubio acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde solicita que se admita el caso y se determine la presunta responsabilidad internacional del Estado mexicano por posibles violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, los derechos de la niñez, así como a las garantías y protección judicial.
Asimismo, pidió que, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas, se recomiende al Estado mexicano investigar los hechos, sancionar a los responsables, otorgar una reparación integral del daño a las víctimas y establecer medidas que garanticen la no repetición de hechos similares.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido un posicionamiento público respecto al contenido de la petición presentada ante la CIDH.
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