Sin agua desde noviembre: familias de Acantto denuncian abuso de autoridad en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Estado de México.— Lo que inició como un diferendo administrativo entre el organismo operador de agua potable y una desarrolladora inmobiliaria derivó en un conflicto social que hoy afecta directamente a decenas de familias del condominio Acantto, quienes permanecen sin suministro desde finales de noviembre de 2025.

De acuerdo con documentos oficiales, el desarrollo obtuvo factibilidades y autorizaciones definitivas en 2016 y 2017 por parte del propio organismo municipal, mismas que fueron reconocidas en un convenio firmado en 2022. Sin embargo, en abril de 2025 el organismo notificó que no realizaría más trámites relacionados con el condominio, medida que —según los residentes— terminó por extenderse a todos los propietarios sin distinción.

Desde entonces, los habitantes han tenido que abastecerse mediante pipas particulares, lo que ha generado un gasto acumulado superior a 160 mil pesos. A pesar de ello, aseguran que continúan recibiendo y pagando recibos por un servicio que no se les proporciona.

Señalamientos y acciones legales

Vecinos del conjunto habitacional responsabilizan directamente a la directora del organismo operador municipal, Karla María Arzate Martínez, de encabezar las negativas administrativas y la suspensión del suministro. Tanto la desarrolladora como diversos condóminos han promovido amparos, denuncias y procedimientos legales al considerar que las medidas podrían constituir actos ilegales y violatorios de derechos fundamentales.

Según los inconformes, el corte no obedece a un problema técnico, sino a decisiones administrativas que actualmente se encuentran bajo revisión judicial. Incluso, afirman que existirían resoluciones que ordenan restablecer el servicio sin que, hasta ahora, se haya cumplido de manera efectiva.

Derecho humano al agua

El caso ha abierto el debate sobre el derecho humano al agua, consagrado en el Artículo 4° de la Constitución mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el suministro no puede suspenderse totalmente en domicilios particulares, incluso ante adeudos, y que debe garantizarse al menos el mínimo vital para la subsistencia.

Para los residentes, el corte total representa una vulneración directa a ese derecho, además de afectar la habitabilidad y el valor patrimonial de sus viviendas.

Impacto económico y patrimonial

Los vecinos señalan que el conflicto ya genera daños económicos cuantificables: gastos extraordinarios en pipas y almacenamiento de agua, pérdida de plusvalía e imposibilidad de vender sus propiedades en condiciones normales.

En términos jurídicos, advierten que podría configurarse la responsabilidad patrimonial del Estado, figura que obliga a las autoridades a indemnizar cuando un acto administrativo irregular provoca daños a particulares.

Postura oficial y cuestionamientos

Autoridades municipales han mencionado presuntas irregularidades administrativas y adeudos vinculados a la desarrolladora; no obstante, los habitantes subrayan que ellos no forman parte de litigios empresariales y que el acceso al agua no puede utilizarse como mecanismo de presión.

El conflicto también coloca en el centro del debate la actuación del Ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Ana Muñiz Neyra y abre interrogantes sobre la posible intervención de instancias estatales o de derechos humanos.

Mientras los procesos legales avanzan, las familias del condominio Acantto continúan enfrentando la vida cotidiana sin acceso regular a un servicio básico, en medio de un conflicto que ya trasciende lo administrativo y se ubica en el terreno de los derechos fundamentales.