Las fuerzas de los tres órdenes de gobierno se desplegaron en los municipios de: Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
Como parte de la estrategia para combatir el lucro ilícito del agua y con base en denuncias ciudadanas e información aportada por el CNI, así como por autoridades municipales, la Fiscalía del Estado de México inició diversos expedientes de investigación, las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, así mismo fueron detectadas redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador.
A través de actos de investigación y análisis de mercado, se advirtió que mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo del 59 por ciento, en Cuautitlán con 41.4, en Tlalnepantla con 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.
Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población, en tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios. Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías
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