Por: Reporterosenmovimiento.com
10:00 hrs
Edoméx. 17 de Junio de 2025.- Un llamado a la solidaridad se ha emitido desde el gremio periodístico, en respaldo a un comunicador jubilado que enfrenta un proceso judicial y represivo en el estado de Campeche, el afectado, quien se retiró oficialmente de la actividad periodística el 29 de diciembre de 2016, ha denunciado una serie de acciones legales y presiones que atentan contra su libertad de expresión y su patrimonio.
Pese a estar parcialmente retirado, el periodista mantiene un espacio televisivo de comentarios llamado Expediente. Sin embargo, ha sido vinculado a una plataforma digital denominada Tribuna, la cual, según señala, no dirige, pero ha sido el pretexto para una serie de denuncias civiles y penales en su contra, promovidas por la gobernadora del estado, Layda Sansores.


De acuerdo con su testimonio, ha sido acusado de incitación al odio, calumnias e injurias, lo que derivó en una vinculación a proceso, así como en medidas cautelares que incluyen la suspensión de su ejercicio periodístico y el retiro forzoso de la plataforma digital señalada.


En uno de los casos más alarmantes, la jueza que lleva el caso falló en su contra en una demanda por daño moral promovida por Walther Patrón Bacab, vocero del gobierno estatal, imponiéndole una multa de dos millones de pesos. El periodista afirma que dicha cantidad se busca cobrar mediante el despojo de su vivienda, la cual habita desde hace cuatro décadas, aun cuando él no reconoció legalmente la personalidad del demandante.


Además, ha denunciado que se ha ordenado al Registro Público de la Propiedad inscribir su casa como “en litigio”, con un plazo de solo 15 días para evitar su pérdida, lo que califica como un acto de escarmiento y represión hacia quienes informan mediante plataformas digitales.


Según el comunicador, desde que la actual administración estatal asumió el poder, los medios impresos en Campeche han sido blanco de presiones que llevaron al cierre de todos los periódicos de circulación local. “Campeche ya no tiene prensa escrita. Todo fue silenciado”, expresó.
Uno de los detonantes de esta persecución habría sido la publicación de una versión oficial de la alcaldía Cuauhtémoc —anteriormente encabezada por la actual mandataria— en la que se revelaba un contrato de servicios no cumplido, pero sí pagado.
La situación escaló el pasado 9 de abril, cuando, según su testimonio, fue detenido de manera violenta por un operativo policial. Fue golpeado y hospitalizado, pero posteriormente sacado del hospital contra la recomendación médica, y trasladado a una celda en la fiscalía estatal, donde permaneció 48 horas, a pesar de contar con una suspensión provisional emitida por una jueza federal.
El gremio periodístico hace un pronunciamiento urgente para visibilizar el caso y respaldar a los comunicadores de Campeche que enfrentan una ofensiva legal y política que busca silenciarlos. Se ha exhortado a todos los compañeros y compañeras a mantenerse informados a través de la periodista Sansores, quien ha dado seguimiento al caso.

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