Impuesto a remesas, será duro golpe a la economía de familias mexicanas: UNIDEM

14:00 hrs.

Estado de México, a 25 de mayo de 2025.- Tras la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aplicar un impuesto de 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas desde ese país a México y que, de avalarse en el Senado, entrarían en vigor en 2026, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró que será un duro golpe a la economía de cientos de miles de familias que reciben este tipo de ayuda por parte de parientes que trabajan en la unión americana.

Francisco Cuevas Dobarganes, director de la agrupación industrial precisó que México y la India serían los países más afectados por el monto que reciben, pero en proporción con su economía, el efecto sería devastador para países tales como Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador o Cuba.

“No pensamos que por el hecho de cobrar el 3.5 por ciento sea motivo suficiente para que se deje de enviar dinero, pero probablemente los jefes de familia buscarán otras vías para mandar los recursos y así evitar el impuesto. Eso podría fomentar actividades ilegales y riesgosas para estas personas”, subrayó.

Cuevas consideró que aparentemente el impuesto aplicado a remesas, implica que las familias más pobres de México dejarán de recibir 43,000 millones de pesos al año, principalmente de estados como Michoacán, Guerrero, Puebla, Guanajuato o Jalisco, que son las principales receptoras. Tan solo en 2024 México recibió 65 mil millones de dólares en remesas.

“En muchas regiones del país, las remesas son el motor del consumo interno y a su vez éste es el componente más grande del Producto Interno Bruto que ha experimentado problemas para crecer en el último lustro”, refirió.

El director de UNIDEM confió en que se trate de una medida temporal del gobierno estadounidense, ya que los efectos positivos en la economía americana serían despreciables, pero los negativos podrían ser mucho mayores ya que podrían ocasionar mayor migración ilegal.

Y señaló que esta medida tendría que servir para detectar actividades ilegales de lavado de dinero, y una herramienta para regular a los emisores y receptores de divisas, aunque este gravamen ocurre en el peor momento para México ya que se desvanece el efecto del «nearshoring», el gobierno tiene problemas para reactivar la economía y controlar el déficit fiscal.