12 septiembre, 2026

Reporteros en Movimiento

Información sin censura

Por. Raymundo Medellín
24 de febrero de 2023.

Finalmente el senado aprobó el Plan B electoral, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá analizar la constitucionalidad de las normas aprobadas, ya que líderes de partidos políticos, asociaciones civiles, senadores, gobiernos de oposición y hasta el mismo Instituto Electoral han anunciado que presentarán a la Corte controversias constitucionales, a lo aprobado por los senadores de MORENA y otros partidos políticos.
El debate está en su mejor momento, incluso se convoca a una multitudinaria marcha para el próximo domingo 26, teniendo como motivo la defensa del Instituto Nacional Electoral.


Lamentablemente en el debate que se da hay ocurrencias como lo dicho por Félix Salgado Macedonio, quien en su intervención dijo: “Me acaba de llegar una información fresca y fidedigna de que la marcha que va a realizar el PRIANRDMC y no sé cuántas organizaciones más, será para pedir la libertad de Genaro García Luna. Esa es la información que me ha llegado”, lo que causó la risa hasta de sus compañeros de bancada.
Ese es el nivel del debate de los defensores de la reforma enviada por el Ejecutivo.
En un trabajo periodístico del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, publicado en la revista Nexos del mes de diciembre pasado, se dice que: “Al INE se le quiere delgado, pero también sin dientes. Este punto puede estar cayendo inclusive en una violación a su naturaleza de órgano constitucional autónomo:
“Se le intenta vulnerar su autonomía política al establecer que no puede entrometerse en la vida de los partidos políticos, en un supuesto fortalecimiento de su auto organización y autodeterminación en su vida interna, es decir, se le priva al árbitro y autoridad de poder determinar si los contendientes, sujetos obligados, los partidos, cumplen con mecanismos democráticos para determinar sus dirigencias y candidaturas.
Los partidos además se hacen dueños de la autoridad, al contar con una facultad de poder disponer de toda información que tenga el INE, sin importar si son procesos deliberativos o de queja en contra de los propios partidos.
“Se le intenta vulnerar su autonomía técnica, al desaparecer al Secretario Ejecutivo y a la Junta General Ejecutiva, ejes de su operación logística, así como reducir áreas centrales y desaparecer vocalías locales y distritales. Imposible, de acuerdo con esta propuesta legislativa, seguir pensando en una autoridad que, acerca credenciales, casillas y capacitación a la ciudadanía.
El efecto será contraproducente para la ciudadanía que ahora tendrá que esforzarse más para participar.
“Se le intenta vulnerar a su vez su autonomía administrativa, al desaparecer los fideicomisos, con los que el INE cubre pasivos laborales y con el que logra depender cada vez menos de rentas y alquileres, conforme sus fondos le permiten incrementar su patrimonio inmobiliario de sus oficinas en todo el país.
“Finalmente, se le intenta vulnerar su autonomía normativa, al buscar que sólo pueda emitir reglas en los temas explícitos en un numeral de la Constitución, que enlista resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Esto claramente contradice la naturaleza de una institución que debe de adaptar la ley a cada elección y por tanto emitir acuerdos, lineamientos, reglamentos que sean necesarios y de su competencia. En este rubro, a pesar de que la Constitución lo menciona, se busca desaparecer de facto el programa de resultados electorales preliminares”.
Esto apenas empieza y el papel de la Suprema Corte en defensa de la Constitución, será determinante; mientras tanto vayamos el próximo domingo a mostrar nuestra inconformidad ante una reforma regresiva que atenta contra nuestra débil democracia.

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