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15 enero, 2021

Información sin censura

Estado de México, rezagado en justicia para las mujeres por pandemia

CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa.

Por. Angélica Jocelyn Soto Espinosa.

19:55 hrs.

Ciudad de México/ Cimac. 3 de diciembre de 2020.- Sobrecarga de trabajo, digitalización insuficiente de expedientes, acceso desigual a las tecnologías y falta de coordinación entre instituciones durante la pandemia, provocaron que las mexiquenses no pudieran interponer una denuncia, se paralizarán investigaciones penales y se perdiera evidencia en casos de violencia, reveló Amnistía Internacional.

El Estado de México es la principal entidad de procedencia de las víctimas de feminicidio y homicidios dolosos en México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2020 hubo 114 mujeres víctimas de feminicidio y 222 víctimas de homicidio doloso.

Desde 2015 esta entidad cuenta con una Alerta de Violencia de Género por feminicidio, y en 2019 se convirtió también en la primera entidad en contar con dos AVG, pues se decretó una segunda Alerta, esta vez por desaparición de mujeres y niñas.

Pese a ello, durante la pandemia no se preparó una estrategia estatal que previniera algunos de los desafíos que significaría el confinamiento en la procuración de justicia de las mujeres, de acuerdo con lo que documentó Amnistía Internacional en su informe “Como anillo al dedo. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México”, el cual se presentó de manera virtual este 3 de diciembre.

Con base en 23 entrevistas a personas procuradoras de justicia, titulares de derechos (como mujeres víctimas y familiares) así como organizaciones de la sociedad civil, se observó que durante esta pandemia las Fiscalías del Edomex enfrentaron sobrecarga de trabajo, insuficiente digitalización, acceso desigual a las tecnologías y descoordinación entre instituciones.

La sobrecarga de trabajo en los servicios de procuración de justicia durante la pandemia fue consecuencia de un incremento en la cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género en el ámbito familiar; la reducción de personal que trabajaba presencialmente llevó a que se acumularan algunas tareas; y la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque varias personas trabajadoras enfermaron de COVID-19.

“Todo se retrasó de abril a la fecha. A veces me llegan 400 denuncias al día, no podemos atenderlos a todos. Estas ya te digo que van a pasar a octubre o noviembre”, dijo para el informe un servidor público de la Fiscalía Regional del Edomex. Otro servidor público señaló que “el índice de violencia familiar se triplicó”.

También se observó que ante la necesidad de reducir la cantidad de personal presente en las Fiscalías, se potenció la denuncia en línea. Si bien se mantuvo la posibilidad de denunciar de forma presencial los delitos de ‘alto impacto’ (o delitos graves), como la desaparición o el feminicidio, no todas las personas tienen igual acceso a la tecnología y algunos procedimientos –como la ratificación– debía hacerse de forma presencial pero las oficinas estaban colapsadas. Además, las personas entrevistadas aseguraron que hay expedientes que no están digitalizados.

A esto se suma que hubo instituciones de los servicios de procuración de justicia y del gobierno estatal que cerraron, mientras que otras suspendieron algunas actuaciones, lo que impactó en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos.

En otras ocasiones, el cierre o suspensión de actividades no fue programado sino que hubo unidades que se vieron obligadas a cerrar temporalmente debido al contagio por COVID-19 de sus integrantes, causando, por ejemplo, la necesidad de derivar la atención a las víctimas a sedes de otros municipios, señaló el informe.

Obstáculos impiden a mujeres presentar denuncias

Esto derivó de acuerdo con el informe en tres consecuencias: que las mujeres no pudieran interponer una denuncia, se paralizaran investigaciones penales y se perdiera evidencia en casos de violencia contra las mujeres en la entidad, ya que por falta de personal no se hicieron todos los peritajes requeridos o no había quién resguardara las pruebas periciales.

No obstante, “las problemáticas y las deficiencias señaladas, no son cuestiones nuevas surgidas por la pandemia de COVID-19. Son fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense. La pandemia, no obstante, ha evidenciado una vez más un sistema de procuración de justicia deficiente, cuyas fallas estructurales han impedido reaccionar a la crisis sanitaria de manera más apropiada y han exacerbado sus consecuencias en un momento especialmente complejo para las mujeres víctimas de violencia así como para las personas servidoras públicas”, se concluyó.

El nombre del informe responde a la declaración de un hombre cuya hija está desaparecida. El entrevistado aseguró: “la pandemia les cayó como anillo al dedo. Nos decían ‘por COVID no hicimos esto, no hicimos lo otro’”.

Al presentar este informe, la abogada Arely Varela, representante de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C –que acompaña a víctimas en el Edomex– informó que las medidas que se habían exigido a la entidad para reducir desigualdades en el acceso a la justicia para las mujeres se hicieron más relevantes, como la digitalización de expedientes para que las familias no tuvieran que trasladarse de una Fiscalía a otra. Con la pandemia, la práctica de digitalizar expedientes se hizo más difícil por la muerte de personal contagiado y por falta de recursos.

Varela agregó que los Ministerios Públicos no tenían internet para llevar a cabo audiencias o reuniones virtuales, por lo que el personal tenía que activar los datos de sus celulares personales para poder dar seguimiento a los casos.

Por su parte, la directora ejecutiva de AI, Tania Reneaum Pansz, señaló que una prioridad para revertir esta situación es mejorar las condiciones laborales (salarios, sobrecargas de trabajo, hacinamiento, entre otras) de quienes trabajan en el sistema de procuración de justicia.

“No podemos pensar que la justicia va a llegar cuando la propia lógica del Estado mantiene al sistema de procuración de justicia en la precariedad”, señaló Reneaum Pansz.

Entre otras recomendaciones, AI llamó a elaborar un plan de respuesta inmediata para las situaciones en las que integrantes de una misma unidad se contagien o deban estar en cuarentena, de manera que se evite el cierre de la unidad y la detención de sus funciones. Cubrir las vacantes surgidas en el contexto de la pandemia y reforzar la plantilla para reaccionar con celeridad ante nuevas posibles bajas.

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