ALEVOSA INTROMISIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN LA VIDA INTERNA DEL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO: MORENA

  • Resolvió encargar al INE la elección de sus dirigentes nacionales
  • Lorenzo Córdova definirá con una encuesta abierta a la ciudadanía
  • No hay precedente jurídico de tan arbitraria y antijurídica decisión
  • Pasa por encima de los derechos políticos de todos los militantes

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Por JUAN CARLOS ROJAS

17:25 horas

Jamás en la historia de México habíamos visto lo que ahora. Están ocurriendo cosas que a pesar de haber visto tanto, nos siguen sorprendiendo. De la lectura de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de fecha 20 de agosto de 2020, recaída en el expediente SUP-JDC-1573/2019, se pueden inferir algunas consideraciones:

Se trata de una sentencia alevosa, perpetrada a sabiendas que las resoluciones de la Sala Superior son definitivas, no recurribles, inatacables. No hay defensa posible ni autoridad superior a quien recurrir, no hay recurso ni amparo. Conforme al artículo 99 de la Constitución, el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, por lo tanto, el Tribunal al resolver los asuntos que se le presentan, puede modificar, revocar o confirmar los actos impugnados de forma definitiva e inatacable, por ser una autoridad terminal, es decir, de última instancia. 

Esto es así porque el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tiene algunas características especiales o principios procesales que lo distinguen de otras materias, tales como el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (para dar firmeza y punto final a los actos y resoluciones de las autoridades electorales), la Ausencia de Efectos Suspensivos (a contrario sensu del Juicio de Amparo), PLENITUD DE JURISDICCION (según el artículo 99 de la Constitución el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia), FACULTAD DE ATRACCIÓN (en asuntos importantes o trascendentes de las Salas Regionales), DELEGACION DE COMPETENCIA (a la inversa, delegar el conocimiento de un asunto a las Salas Regionales).

MORENA cuenta con todos los órganos de dirección que la ley en la materia mandata y, si no los ha renovado, ha sido ostensiblemente debido al mandato jurídico federal de confinamiento con motivo de la pandemia de COVID-19 y al peligro real de contagio que pone claramente en peligro un bien supremo que es el de la vida de los seres humanos. El partido solicitó al TEPJF una prórroga para cumplir con el mandato de renovar su dirigencia, ante la imposibilidad de cumplimiento por el problema referido. Nunca como ahora tiene mayor vigencia la máxima jurídica de que “nadie está obligado a lo imposible”. 

Arbitrariamente, el TEPJF ordenó al INE la celebración de una encuesta para renovar la dirigencia de MORENA, cuando el único supuesto posible sería el caso en que éste partido así lo solicitara, para lo cual hay una serie de supuestos jurídicos que, en el particular, no se han dado. Pero torpe y abusivamente, en una maroma jurídica inconcebible, omite el consistente en que no debe interferir en el proceso electoral y éste inicia el próximo cuatro de septiembre. 

El INE realizará su proceso de elección, (inédito no solamente en México, sino en el mundo, en que un órgano electoral irrumpa la legalidad interna de un partido y suplante la voluntad de sus militantes) entre el 26 y 30 de septiembre. El artículo 45 de la Ley Genero de Partidos Políticos, indica que el INE solamente podrá organizar una elección interna de un partido cuando exista una solicitud explícita del mismo. 

Es evidente que con ese tipo de resoluciones se conculcan los derechos de asociación y de afiliación de los ciudadanos en un partido político, violando de paso los documentos rectores (Declaración de Principios y Estatutos), que dan fuerza jurídica al ejercicio, por parte de los ciudadanos, de los derechos a votar y ser votado y contar con una organización con procedimientos internos ciertos.

La encuesta abierta a la ciudadanía en general, viola los procedimientos internos de MORENA, porque dicha forma de elección no está contemplada en su estatuto y pone en manos ajenas al partido y sus miembros, tomar la decisión de quién lo va a dirigir a nivel nacional. El TEPJF irrumpió disruptivamente en la legalidad interna pasando por encima de los derechos de cientos de miles de militantes quienes ahora ven violentados sus derechos político-electorales. 

Siendo el principal partido de México, el Tribunal tiene como objetivo subrepticio socavar tanto al presidente como a su partido con vistas a la elección de 2021, quitándole la posibilidad de llegar fortalecido y obtener una mayoría parlamentaria vía la tan amplia votación que proyectan todos los especialistas y actores políticos. Las instituciones del viejo régimen en contra del proceso de transformación.

A MORENA, no le quedan muchas vías para defenderse y para la defensa de los derechos de su militancia, aunque éstas se refieren más al ámbito político que al jurídico. No obstante, en principio es de considerar algunas opciones jurídicas que se pueden explorar: 

a) La denuncia política por la falta de sustento jurídico en la resolución del TEPJF, exigiendo que el INE se excuse del cumplimiento de ésta por ser extravagante y antijurídica, b) La queja ante el Consejo de la Judicatura, denunciando las violaciones procedimentales y constitucionales en que incurrió el órgano jurisdiccional en materia electoral federal, c) También pudiera promover una lluvia de Juicios de Protección de los Derechos Políticos de todos los militantes de MORENA, y d) El litigio estratégico, por violaciones al Pacto de San José, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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