OPINIÓN: RÉPLICA DERECHO SIN DERECHO

Por Julisa Mejía Guardado*

Una de las forma de impunidad que priva en nuestro país es utilizar los medios de comunicación para destruir imagen y reputación sobre todo de los opositores a las políticas entreguistas del gobierno en turno, de manera que con el descrédito ir construyendo ante la opinión pública el consenso social a favor de sus acciones para favorecer intereses de particulares en contra de los de la Nación y esto es un mal que sofoca el avance democrático de los países, su desarrollo político y en el caso de México de su propia economía, hoy tan vapuleada por la corrupción e inseguridad.

Después de 8 años de retraso en su legislación, la telebancada que cogobierna desde el Poder Legislativo impuso una ley reglamentaria del Derecho de Réplica que incluso es un retroceso contra lo establecido en la propia Ley de Imprenta de hace un siglo, y en los hechos deja sin vigencia este derecho porque el afectado por una información falsa o inexacta deberá cumplir con toda una carpeta de obligaciones para poder lograr que, sobre todo las televisoras, cumplan con la réplica algún día.

No olvidemos que antes de los cambios para que el árbitro electoral se hiciera cargo de la difusión de las campañas políticas, eran las televisoras las que se llevaban casi la totalidad de recursos destinados para estos fines durante los procesos electorales y con esos presupuestos, las televisoras pagaban a sus comentaristas para que denostaran a los partidos y sus integrantes, acusándolos de “gastos muy altos” por el voto que emitían los ciudadanos, sin mencionar que esas empresas eran las que lo causaban.

Al trasmitirse ahora las campañas dentro del tiempo del Estado, las televisoras arremetieron contra los partidos políticos y utilizando a la telebancada, a través de los ecologistas hacían contratos ilegales para seguir cobrando por difundir mensajes electorales, lo cual el INE se negó a sancionar para estar acorde con los intereses que la clase política en el poder defiende.

Por si fuera poco con todos estos antecedentes, los legisladores del gobierno y sus aliados aprobaron la ley reglamentaria del Derecho de Réplica que en la práctica hace nugatorio este derecho, porque la legislación aprobada inhibe la crítica y la protesta social  contrario a los derechos humanos, ya que el Estado en lugar de defender los derechos humanos, limita la réplica de manera inconstitucional y regresiva, toda vez que la minuta vulnera los convenios internacionales que nuestro país ha ratificado y otorga a los medios de comunicación la opción de conceder o no la réplica, contrario a la protección constitucional, vulnerando así la intimidad de las personas y sus derechos constitucionales.

La nueva ley que reglamenta el derecho de réplica no les sirve a los ciudadanos y tiene un criterio que favorece claramente los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras, ya que no atiende las reformas constitucionales que el Congreso ha emitido tanto en materia de telecomunicaciones, como en derechos humanos. Es decir vamos hacia atrás, en lugar de avanzar, lo que ha sido la tónica de este sexenio en muchos rubros.

El Senado de la República mandó así una señal de indolencia y de desprecio por la opinión de la sociedad civil, que es el sujeto esencial de este derecho, al trastocar el sentido de la representación y arremeter contra el interés público, lo que da cuenta del profundo deterior institucional que mantiene a la sociedad mexicana irritada frente a la clase política.

Con esto se confirma también cómo frente a la crisis de corrupción e impunidad que vive el país,  lo señalaron legisladores en tribuna: “se envilece a nuestra democracia, al añadir el cinismo político de quienes sujetos de las más diversas acusaciones de deshonestidad personal y política no son capaces de confeccionar una ley ni siquiera en defensa propia, signo de que las críticas, las acusaciones, los señalamientos tienen sin cuidado a los principales actores de la arena pública en México, y eso es también es una tragedia” para nuestra nación.

Y es que el dictamen aprobado establece requisitos que constituyen una carga procesal para el afectado y no para el medio de comunicación; toda vez que lo obliga a probar ante el juez, la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado, lo que obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen engorrosa y costosa cualquier rectificación.

Una de sus fracciones establece que deberá presentar un conjunto de documentos, tales como: El acuse de recibo original de la solicitud de rectificación que no se hubiere contestado. El escrito del sujeto obligado que niega la solicitud de réplica. La copia del programa o publicación del sujeto obligado. De manera que deberá costear el juicio y esperar sus resultados para que algún día pueda ver la réplica de lo publicado o trasmitido, pero si se trata de una publicidad hecha por un tercero en la que se ofende, deberá pagar al medio la publicación de la rectificación que haga.

Vemos entonces que el derecho de réplica no será garantizado con oportunidad, sino que se complica su ejercicio y dista mucho del objetivo que se busca para que el Estado mexicano garantice el acceso a un instrumento jurídico eficaz; y poco es lo que se hace en favor de las libertades y garantías de las personas relativas a este derecho fundamental.

Sin duda alguna que este sexenio será recordado como el sexenio del retroceso en todos los ámbitos de la vida política, económica y social del país, donde el presidente en turno se convirtió en soldado de las televisoras y de los intereses de las trasnacionales que lo llevaron al poder. De nosotros depende que esto cambie antes que el remate de la Nación sea irreversible.