Por: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
San Vicente Chicoloapan, Méx.- El dirigente del Antorcha Popular del Sector La Paz-Chicoloapan, Fernando González Mejía aseguró que el Presidente Municipal, Andrés Aguirre Romero ha rebasado los límites de prepotencia, al tratar de someter a los ejidatarios a consecuencia que ha metido las manos en las asambleas de los ejidatarios, ello para tratar de obtener beneficios personales y no del núcleo ejidal.
Por ello el Movimiento Antorchista respalda la lucha que han emprendido los ejidatarios contra el alcalde priista, Andrés Aguirre, con anterioridad se denunció que el edil desvió recursos económicos obtenidos por la lucha social para obras en las comunidades y este las aplicó donde quiso y donde le convienen, por ello es necesario que las autoridades competentes realicen una auditoria a la administración priista.
Estamos unidos en campaña con el grupo de ejidatarios quienes han sido víctimas de despojo, robo, agresiones y otras violaciones, por ello estamos contra el abuso de poder que ha implementado el alcalde no sólo contra los ejidatarios sino con los ciudadanos quienes en su mayoría no han recibido obras y servicios adecuadas para el progreso de un municipio que ha sido marginado por varios años.
Por su parte German Ríos Espinoza dijo que los Ejidatarios decidieron conformar el Movimiento Unidos en Defensa del Ejido para luchar y buscar que les paguen lo justo por sus tierras. Las autoridades pagan a 74 pesos el metro cuadrado cuando en realidad el costo rebasa los tres mil pesos es un “vil robo”.
Supuestamente el Comisariado Ejidal al mando de Juan Manuel Zavala Díaz dijo que el gobierno local había pagado lo justo a ejidatario, sin embargo algunos ejidatarios no han recibido un solo centavo “ese dinero hace suponer que fue distribuido entre el menor número de comuneros que apoyan al alcalde”, denunciaron los integrantes del Movimiento.
Con amenazas de disparos de arma; intimidaciones contra los miembros del ejido y otras anormalidades han padecido los ejidatarios quienes se niegan a ser despojados de 27 hectáreas para construir escuelas de nivel medio y superior. “No estamos contra la educación, estamos contra el abuso y prepotencia de la autoridad municipal y estatal”, dijo.

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