Toluca, México, a 17 de octubre de 2014.- Con motivo de dos órdenes de
aprehensión emitidas por el Juez Penal de Primera Instancia en Toluca, con
sede en Almoloya de Juárez, la primera por el delito de tortura por omisión
y la segunda por los delitos de tortura equiparada y encubrimiento, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo y puso a
disposición del juez a 20 servidores públicos y ex servidores públicos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social y de la misma procuraduría, para que se siga el
proceso penal respectivo.
Ocho inculpados eran policías de la extinta Agencia de
Seguridad Estatal que resguardaron a las personas que fueron trasladadas de
San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya los días 3 y
4 de mayo de 2006, y sobre los cuales existe la imputación, sujeta a
comprobación, de que permitieron actos constitutivos de tortura sobre doce
víctimas.
Once inculpados eran médicos legistas que revisaron a las
mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron
de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.
Un inculpado se desempeñaba como agente del ministerio público
que cuando llevó a cabo la investigación no indagó sobre la posible tortura.
Después de una exhaustiva investigación, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de
estas personas y hasta el momento el juzgador ha dictado formal prisión por
el delito de tortura en contra de los ocho policías detenidos.
Este fin de semana el juzgador definirá la situación jurídica
de los once médicos legistas y del agente del ministerio público restantes.
Estos casos se suman a los de dos policías que actualmente son
procesados por el delito de tortura en el penal de Almoloya de Juárez.
El Gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría
General de Justicia, reitera su compromiso de hacer prevalecer el estado de
derecho en todos los asuntos de su competencia.
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