JUAN LÁZARO SANTIAGO
El abogado Francisco Eugenio Ávalos García asegura que los asesinatos de los periodistas Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Cruz –padre e hijo-, el siete de febrero del 2008 en Chimalhuacán, fue por un conflicto por las tierras del Bordo de Xochiaca, donde se han asentado unas dos mil familias y cuyo control lo tiene el ex fiscal contra delitos de fraccionadores de la PGJEM, Mario Nieto Zarco y el fraccionador Manuel Solís Berber.
Pero el abogado parece que “Predica en el Desierto”, pues su denuncia ni siquiera fue tomada en cuenta por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México o por otra dependencia dedicada a proteger a los informadores, para que se investigue el caso, se desmienta o se concluya.
Francisco Eugenio Ávalos da nombres de los supuestos asesinos intelectuales y materiales, detalla pormenores e insiste saber porqué asesinaron a los periodistas, pero no logra llamar la atención del gobernador Eruviel Ávila Villegas, mucho menos del procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.
E insiste: Mario Nieto Zarco, el ex fiscal de la PGJM envió al sicario Antonio García Miguel, alias “El Tepozanes o el Tepo” para cometer los asesinatos de los dos periodistas y del ex sindico de Chimalhuacán, Raymundo Olivares Díaz, defensor de los ex comuneros de Chimalhuacán que reclamaban las tierras invadidas por gente de Manuel Solís Berber.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el siete de febrero de 2008, Bonifacio Cruz y su hijo Alfonso Cruz, estaban en la oficina del Raymundo Olivares.
Alfonso Cruz estaba en un vehículo, esperando la salida de su padre Bonifacio que llegó a preguntar por Raymundo Olivares, pero al salir fue acribillado arteramente por el sicario “El Tepozanes” y un cómplice.
También su hijo es alcanzado por las balas asesinas, ya que confundieron a Bonifacio Cruz con Raymundo Olivares, principal acusador de Manuel Solís Berber, por la invasión del Bordo de Xochiaca.
Se hizo todo un escándalo mediático, hubo reclamos, protestas de periodistas, indignación social, pero la PGJEM jamás emitió el resultado de las investigaciones. Si es que las hizo.
Meses más tarde, según Ávalos, el ex sindico Raymundo Olivares, es asesinado, cumpliéndose la orden de los asesinos intelectuales.
El dos de junio de 2008, en el mismo lugar en que fueron asesinados los periodistas, es acribillado Raymundo Olivares Díaz, quien reclamaba que se desalojaran 40 hectáreas del Bordo de Xochiaca, invadidas desde el 2007 por seguidores del fraccionador Manuel Solís Berber.
Con el paso de los años, el doble asesinato de los periodistas, es olvidado por las autoridades mexiquenses, pero Francisco Eugenio Ávalos, quien estuvo preso tres años, 11 meses, investigó y dio con el asesino material y condujo el hilo hacía el fraccionador Manuel Solís y el ex fiscal de la PGJM.
Incluso, retó a los involucrados a comprobarle los contrario de su acusación, pero solo ha obtenido silencio de los asesinos y de las autoridades de justicia en el estado de México.
Ávalos García teme ser asesinado por su temerarias revelaciones, pero según ha dicho, quiere que se aclare los crímenes y que su nombre sea limpiado de la acusación que le armaron que lo enviaron a la cárcel durante tres años 11 meses.
PARA EL ARCHIVO…
Y no solo el caso del asesinato de los periodistas de Chimalhuacán está en el limbo de la justicia mexiquenses, sino también la situación legal de las tierras del Bordo de Xochiaca que están ocupadas por más de dos mil familias y que se le conoce como “Las Casitas”.
El lugar solo sirve para refugio de delincuentes, ya que ahí encontraron a una banda de secuestradores y el ejército buscó la presencia de un narco laboratorio.
Solo el ejército mexicano y la policía federal ha roto el cordón de seguridad que tiene el fraccionador Manuel Solís, cuando ingresan por delincuentes.
Pero de hecho, hay un grupo de gente armada para evitar la entrada de personas que no tienen un predio en el lugar.
El grupo armado de Manuel Solís sirve también para tener sometida a las familias de colonos para que cumplan con sus pagos por el predio que ocupan y que supuestamente están en litigio.
En “Las Casitas” se cometen múltiples actos ilícitos, pero ni la federación, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Nezahualcóyotl han movido un dedo para terminar con las irregularidades y los delitos que se cometen en contra de las familias que viven en ese sitio.
Esperemos que hace la PGJEM para aclarar la muerte de Bonifacio Cruz, si hijo y de Raymundo Olivares, cuyas carpetas investigadoras “duermen” en alguna gaveta de esa dependencia impartidora de justicia.
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