LA ECONOMÍA Y POLÍTICA DESVINCULADA ANTE EL PODER FINANCIERO

PORFIRIO  Díaz otorga en 1901 los primeros contratos para extraer petróleo de la llamada Faja de Oro de las huastecas veracruzana, hidalguense, tamaulipeca y de SLP, de ahí saldría la empresa extranjera más poderosa El Águila perteneciente a la London Trust Oíl,  hoy Royal Dutch Shell de las reinas de Inglaterra y de Holanda, la socia estratégica de PEMEX desde sus orígenes en 1938. En 1919, Shell tomó el control de la Mexicana Eagle Petroleum Company y en 1921 formó Shell-Mex Limited, la cual comerciaba productos bajo las marcas “Shell” e “Eagle” en el Reino Unido.
En 1931, parcialmente en respuesta a las difíciles condiciones económicas de aquellos tiempos de la Gran Depresión Económica de 1929, Shell-Mex fusionó sus operaciones de mercado en el Reino Unido con las de la British Petroleum y creó la Shell-Mex and BP Ltd., una compañía que funcionó hasta que las marcas se separaron en 1975.

Por ello se explica que Shell este asociada con PEMEX en la refinación del petróleo mexicano en Houston en el gigantesco complejo petroquímico de Deer Park, proyecto iniciado por Carlos Salinas de Gortari,  Dr. en Economía por Harvard, quien firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, quien reestructuró a PEMEX en 9 corporativos cuasi-independientes, entre ellos PMI de Houston que se mueve como un PEMEX Bis  “. PATRIMONIO DE LA NACION NO DE UN GOBIERNO.

La manipulación de las oligarquías mediáticas, la conspiración de las clases dominantes y las estratagemas del imperialismo se estrellan contra el muro de la fidelidad popular ante un gobierno fiel a sus mandatos. “el poder desgasta”, sólo es válida en democracia cuando el poder se ejerce en beneficio de las minorías adineradas o cuando los procesos de transformación social pierden espesor, titubean y terminan por detenerse. Al paralizarse, al abandonar el impulso transformador, se encaminan hacia su propia destrucción.

La teoría de juegos uno de los aspectos más relevantes para determinar el comportamiento político de los grupos dominantes de poder en el mundo. Los enlaces, vínculos y toda clase de asociaciones en materia política, Estado, partidos, gobernabilidad, funcionarios, involucran aspectos generales y particulares de estructura y funcionalidad. El gobierno actual, al frente del ESTADO Mexicano, ha pregonado que da instrucciones precisas, en estricto apego al Derecho, que es la congruencia entre el decir y el hacer, donde es indispensable ser claro en las oportunas respuestas pertinentes a preguntas concretas y es asunto de materia jurídica, englobada en el estado de derecho  y una nueva visión de garantías traducidas en derechos humanos.

Derechos sociales, que  permitan una mejor vinculación gobierno –pueblo. Existe una magnificada corrupción en el sistema gubernamental en estrecho vínculo con la evasión de obligaciones de la iniciativa privada, originándose una extrema pobreza, registrándose porcentajes de desempleo que exhiben el descomunal crecimiento de la economía informal.

La política económica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será de mantenimiento, pues la economía nacional está encadenada a la incertidumbre y los riesgos que, desde hace cuatro años, mantienen en vilo a la economía internacional y, particularmente, a los procesos económicos de los Estados Unidos de Norteamérica, de los cuales México depende en un 85 por ciento. La Propuesta de Programa Económico 2013, entregada al Congreso por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el viernes de la semana pasada, está en la línea de la continuidad con la del gobierno anterior: estabilidad macroeconómica y fortaleza y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Pero los porcentajes proyectados para el crecimiento no van de la mano con la declaración de la Propuesta peñanietista de otorgar certeza a la economía. Son los mismos que plantearon, durante 2012, los analistas del Banco de México y de las mayores empresas del sector privado: 3.5% para el PIB, 3.0% para la inflación y 4.6% para los principales instrumentos de deuda pública como los Cetes a muy corto plazo. Claro que, entre los objetivos de la política, sobre todo en tiempos de incertidumbre, destaca el de crear expectativas alentadoras, esperanzadoras, entre los agentes económicos. Éste ha sido el papel de los gobiernos occidentales, precisamente porque tienen las manos atadas al comportamiento de la economía mundial.

Sin embargo, les es imposible dar ánimos a las mayorías de la llamada clase trabajadora, víctima del día a día, y a la que le importa un comino si el gobierno logra, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, o los porcentajes de crecimiento del PIB, o los Cetes o el petróleo. Lo que los trabajadores quieren es un puesto de trabajo seguro, que les permita subsistir, simplemente sobrevivir ellos y su familia.

Inclusive, sin seguridad social. En las condiciones actuales, de incertidumbre económica y volatilidad financiera global, resultará muy cuesta arriba que la política económica planteada en la Propuesta de Peña Nieto, encaminada a “aumentar el bienestar y abatir la pobreza”, marque la diferencia con la política económica aplicada durante los 12 años en que el PRI estuvo desplazado del poder ejecutivo. Calderón no pudo ser “el presidente del empleo”, la esperanza  de un gran segmento  social  de un cambio real que permita esta mejoría de bienestar y de calidad de vida y no a la perdida de los derechos ganados por los mexicanos.

El gobierno está decidido a obtener finanzas públicas sanas (con programa de austeridad en el gasto corriente del sector central), sin aumento de impuestos y derechos, sin endeudamiento y con déficit cero. Ello puede garantizar estabilidad de las variables macroeconómicas, pero no crecimiento económico y ni la desaparición del desempleo.

Ante este panorama, es importante retrotraernos a los clásicos: Los fundamentos de una política económica, como lo advierte el economista uruguayo Alberto Graña, deberían estar precedidos de genuinos contratos sociales y pluriculturales a escala nacional y regional, en el marco de un Estado que vigile el cumplimiento de tales contratos.

Es el Estado quien tiene la obligación de atarle las manos al mercado cuando éste suple las leyes de la oferta y la demanda por las de la necesidad y del abuso.