SAN LAZARO

* Ágil, eficaz y oportuna son calificativos de la Ley de Amparo

* Esperan aprobar reforma en telecomunicaciones ahora

* Avanzan reformas a la Ley de Víctimas en México

El Senado de la República aprobó la minuta por la que se expide la nueva Ley de Amparo y que reforma diversas leyes con el propósito de que esta figura sea más ágil, eficaz y oportuna, ampliar el ámbito de su protección y establecer la posibilidad de que existan declaratorias generales de inconstitucionalidad.

Los senadores decidieron respaldar los cambios realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto con el que se modifica de manera integral esta figura y que se deriva de la reforma constitucional en la materia que entró en vigor el 4 de octubre de 2011.

Al presentar el dictamen, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que la necesidad de una nueva Ley de Amparo respondía a una preocupación compartida y generalizada: “El juicio de amparo había dejado de ser una institución protectora y garantista, la que fue en sus inicios y de cierta forma se había convertido en un juicio que propiciaba una aplicación formal y rigorista de los derechos fundamentales; las palabras y los conceptos jurídicos plasmados en la ley y en la Constitución encadenaban al juez y, con ello, a la propia justicia”.

Afirmó que la nueva Ley de Amparo contenida en el dictamen cumple satisfactoriamente las expectativas y retos planteados en la reforma constitucional de 2011, ya que “extiende la puerta de entrada a la justicia constitucional especialmente con la introducción de tres conceptos que podemos considerar como conceptos abiertos, si bien ya presentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, hoy se convierten en contenidos de nuestra propia legalidad. La ley los acoge y les da pleno reconocimiento: derechos humanos, normas generales e interés legítimo como la nueva fisonomía de juicio de amparo.

Gil Zuarth expresó: “Será el turno de juzgadores y de los gobernados de hacer que la ley que hoy proponemos tenga plena

virtud aplicativa y, sobre todo, que sea una realidad en perpetua construcción. Quienes le darán vida a esta ley, por tanto, no seremos más los legisladores que hoy concluimos nuestra intervención por lo menos en este momento; será el Poder Judicial y los ciudadanos los operadores jurídicos quienes se encargarán de darle vida a sus contenidos y de hacer de este texto realidad maleable que nos permita acercarnos a un mejor estadio de protección de los derechos en nuestra democracia”.

A nombre de la Comisión de Gobernación, la senadora María Cristina Díaz Salazar del PRI, aseguró que la Ley de Amparo “significa para nuestra sociedad un avance histórico en cuanto a la protección de los derechos de las personas”; en ella, dijo, se establece un nuevo universo de acción para garantizar el acceso a la justicia y la protección constitucional.

La Senadora hizo, además, un reconocimiento a los integrantes de las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda por su labor para aprobar dicho el dictamen.

Enlistó algunas de las modificaciones que contiene la nueva Ley de Amparo, como el desarrollo de disposiciones secundarias para que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso o del Ejecutivo Federal así lo solicite y siempre que se justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.

También dijo que se “amplía sustancialmente la esfera de protección del juicio de amparo, ya que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Aseguró, además, que el dictamen especifica que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias de orden mercantil y, en este último caso, a elección del actor “podrán conocer de ellas los tribunales de orden común”.

 

REFORMA TELECOMUNICACIONES

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, precisó que su bancada del PRD propondrá diversas reservas en la discusión de la reforma en telecomunicaciones, entre las que destacan la inclusión de un lenguaje con equidad de género.

La legisladora del DF dijo que se debe subrayar el concepto de equidad en la reforma, que establezca la obligación de promover la no discriminación en los contenidos audiovisuales, evitar el uso de

lenguaje ofensivo y la eliminación de los estereotipos de género y de violencia.

“Hemos hecho una serie de apartados, temas que vamos a defender, estamos buscando (que) transiten en el Pleno”, indicó.

Asimismo, señaló que buscarán incluir en el artículo 6 constitucional el precepto del derecho de las audiencias, y eliminar el calificativo de derecho a la información veraz, ya que el Estado no puede ni debe calificar la información.

Buscarán que se conserve que las adjudicaciones a medios públicos y sociales se mantengan por asignación directa y no por licitación, ya que, dijo, no podrían competir con empresas privadas.

Comentó que respaldarán la iniciativa firmada por alrededor de 120 mil ciudadanos y que fue presentada ante esta soberanía el pasado 7 de marzo, misma que pide incluir en la Carta Magna el derecho al Internet y no sólo a la banda ancha.

“Tenemos más reservas, se siguen recibiendo y la idea es procesarlas para ver cuáles son para un texto constitucional y cuáles se podrían acercar a una ley reglamentaria”, dijo.

Y sobre esperan que se discuta ahora antes de Semana Santa.

 

LEY DE VÍCTIMAS

Comisiones unidas del Senado aprobaron la Ley de Víctimas para perfeccionar el ordenamiento recientemente promulgado y que causó escozor en algunos sectores, pero era perfectible.

Se plantea expedir la Ley Reglamentaria de los artículos primero y 103 constitucionales en materia de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, que tiene por objeto resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos, así como reformar la Ley General de Atención y Protección a las Víctimas del Delito para que se tutelen eficiente y eficazmente sus derechos.

Se obliga a los estados y a la Federación, a presupuestar recursos económicos para la creación de fondos de atención a víctimas del delito del fuero común, los cuales serán contemplados en los presupuestos de egresos locales.

“Para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá a las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no hayan sido atendidos por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos del fuero común, los recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por las entidades federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.