Centro de Justicia de San Agustín convertido en delincuencia organizada

Protección oficial a grupos delincuenciales vinculados al huachicol del agua

*La CODHEM se ha convertido, en un organismo descentralizado burocrático e inepto

*Ecatepec de Morelos, EdoMex, 16 de abril de 2026.* La carpeta de investigación NUC: ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01, iniciada por “delitos contra el servicio público y distribución de agua” en agravio de Magdalena Guzmán Torres, permanece estancada desde hace meses pese a que la víctima y su asesor jurídico entregaron evidencia desde el 9 de febrero. El expediente está a cargo del ministerio público Mario Alberto Gutiérrez Ramírez, adscrito a la Segunda de Trámites del Centro de Justicia de San Agustín, Ecatepec.

El 9 de febrero a las 15:43, el licenciado Homero Bautista Salcedo, asesor jurídico de la afectada, exhibió ante el Ministerio Público, copias de conversaciones de WhatsApp con fotografías de cubetas vacías. En esos mensajes la víctima documenta la falta de suministro de agua en su domicilio. Todo quedó asentado en el Oficio 107/2025 signado por el propio agente del ministerio público Mario Alberto Gutiérrez Ramírez.
A lo anterior con esa evidencia se abrió formalmente la Carpeta de Investigación NIC: CAJ/AEC/00/UAI/132/00068/25/01, NUC: ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01, por hechos relacionados con la afectación al servicio público de agua potable en Ecatepec. El delito se clasifica como “delitos contra el servicio público y distribución de agua”.

A la fecha 16 de abril de 2026, la parte denunciante asegura que no existe acuerdo posterior que ordene diligencias básicas. No hay inspección ministerial al lugar de los hechos en Ecatepec, no hay solicitud de informe a SAPASE -Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ecatepec- como organismo operador de agua, ni pericial en informática para validar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp. El imputado sigue registrado como “quien resulte responsable” y la carpeta no registra avance sustantivo.

La víctima manifiesta que el agente del ministerio público que integra la carpeta ha referido verbalmente contar con “apadrinamiento” dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Por ello se ostentaría como “intocable” ante cualquier queja, incluso ante el fiscal general licenciado José Luis Cervantes Delgado. Derivado de estas manifestaciones, Magdalena Guzmán Torres refiere temor fundado a que la investigación no se conduzca con objetividad, celeridad e imparcialidad, principios que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP artículo 21.

La parte denunciante agrega que este caso no sería aislado en Ecatepec. Señala conocer otros asuntos en la Fiscalía Regional de Ecatepec donde, según su dicho, se involucra al fiscal regional licenciado Mario Guerrero López, y donde presuntamente se presentan patrones similares de retraso en la integración de carpetas. Insiste en que dichos casos requieren revisión para descartar prácticas que afecten el acceso a la justicia en el municipio más poblado del Estado de México.

Ecatepec de Morelos enfrenta problemas recurrentes de abasto de agua y, según la víctima, el sabotaje o interrupción dolosa del servicio afecta a colonias completas. La correcta investigación exige que el ministerio público de San Agustín solicite informes urgentes a SAPASE Ecatepec y realice inspección en la zona afectada para acreditar la interrupción del servicio y determinar responsables. En años previos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y colectivos ciudadanos han documentado quejas por retrasos en la integración de carpetas en la Fiscalía Regional de Ecatepec.

La parte denunciante señala que en el presente caso NUC: ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01 ha percibido “total antipatía” por parte de personal de la CODHEM al solicitar orientación, sin que se haya iniciado expediente de queja de oficio. Por ello piden intervención directa de la gobernadora maestra Delfina Gómez Álvarez para garantizar procuración de justicia sin influyentismo.

Ante los hechos y señalamientos descritos, la víctima Magdalena Guzmán Torres, a través de su asesor jurídico licenciado Homero Bautista Salcedo, solicita a la FGJEM que la Visitaduría General y la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos inicien investigación administrativa sobre la debida integración de la carpeta NUC: ECA/CAJ/AEC/034/008548/25/01 y sobre las manifestaciones del agente del ministerio público de San Agustín respecto a su supuesta protección. Pide que se ordene al MP acordar de inmediato las diligencias pendientes y se informe a la víctima cada 15 días, como marca la ley.

A la CODHEM le solicitan que, ante la “antipatía” señalada en Ecatepec, se inicie de oficio expediente de queja por posible violación al derecho de acceso a la justicia y se emitan medidas cautelares para que la FGJEM impulse la investigación.

A la gobernadora maestra Delfina Gómez Álvarez se le pide su atenta intervención como titular del ejecutivo estatal para que, a través de la Consejería Jurídica, se garantice que las víctimas de Ecatepec tengan acceso real a la justicia. El acceso al agua es derecho humano reconocido por la Constitución.

El contexto que rodea este caso coincide con señalamientos que en su momento hizo públicos el diputado morenista licenciado Octavio Martínez Vargas. De acuerdo con sus declaraciones, muchas de las denuncias en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México incluyen acusaciones de siembra de delitos, tortura y corrupción. El legislador ha referido haber sido víctima de esos mismos señalamientos. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de México, desde donde ha insistido en la necesidad de revisar la actuación de ministerios públicos y mandos medios para evitar que estructuras de corrupción operen con impunidad.