SAN LAZARO: Tribunales civiles para milicos que violen derechos humanos

 Medidas gringas contra precipicio fiscal nos pueden afectar

*Fiscalía contra la corrupción y otras medidas propone el PAN

Los militares implicados en violaciones de derechos humanos deben ser investigados y juzgados por tribunales civiles, se afirma en iniciativa que analiza ya la Comisión de Defensa Nacional.

Con reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar, impulsadas por el diputado Ricardo Mejía, se busca exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, ya que “ante la posible parcialidad de los tribunales castrenses no hay justicia para las víctimas”.

Mejía Berdeja indicó que entre 2006 y a finales de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 6 mil 812 denuncias de violación de derechos humanos contra las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

Estas denuncias, afirmó, dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la Sedena, es decir, el 1.6 % de todas las denuncias.

Relató el legislador del Movimiento Ciudadano que de los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia causante de muerte, y al menos 9 afrontaban cargos de tortura. Además, durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles.

Datos de la Sedena revelan que durante el pasado sexenio se condenaron ante tribunales militares, por abusos contra los derechos humanos, a 38 soldados; sin embargo, 11 de estas sentencias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Felipe Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser apeladas.

Por consiguiente, argumentó, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos contra derechos humanos y ninguno de tortura durante la pasada administración, cuando se han presentado más de siete mil denuncias de delitos de contra las fuerzas armadas.

El legislador naranja afirmó que se debe pugnar para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles y que, con tal fin, se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

“Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados”, agregó.

Relató que en México cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y otros malos tratos, así como detención arbitraria, perpetradas por miembros del Ejército. “Ni las autoridades civiles ni las militares investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz”.

Mencionó que la falta de independencia e imparcialidad del sistema de Justicia militar niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

NOS AFECTAN LOS GRINGOS

Las medidas implementadas por el Congreso y gobierno de Estados Unidos para evitar que esa nación caiga en un “precipicio fiscal” “pueden afectar de manera grave la economía” de nuestro país, consideró el senador Benjamín Robles Montoya.

Destacó que entre las acciones que proponen algunos legisladores demócratas y republicanos está la eliminación de los subsidios agrícolas y “eso nos parece que va a traer una correlación negativa” para los mexicanos.

El legislador resaltó que “vivimos una alarmante dependencia alimentaria” de Estados Unidos y en un país como México donde “se desmanteló el campo”, la eliminación de los subsidios “va a desembocar en un incremento generalizado de precios de los alimentos y habrá más hambre entre los más desfavorecidos”.

Por ello, demandó a la Secretaría de Hacienda formule una estrategia que frene y reduzca la actual política de endeudamiento, así como evitar, a partir de la experiencia norteamericana, caer en medidas de precipicios o abismos fiscales.

Además, solicitó información relativa a las acciones que se implementarán para erradicar lo antes posible la dependencia alimentaria del país, ya que el presupuesto asignado al campo en 2013, “resulta insuficiente para cumplir este compromiso”.

También consideró indispensable reducir a una mínima expresión el presupuesto de gasto fiscal, y en congruencia con las modificaciones hechas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, se dé a conocer de inmediato a los beneficiarios de dicho presupuesto.

Estimó que las medidas cautelares para proteger la estabilidad del país frente al eventual precipicio fiscal de Estados Unidos, anunciadas por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “son insuficientes”, ya que no está considerando que la mayor afectación que tendrá México con esta situación sería en el terreno alimentario.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

La bancada bicolor discutirá la Reforma Fiscal “sólo después de resolver las verdaderas preocupaciones de los mexicanos, antes no”, afirmó su coordinador Luis Alberto Villarreal García y adelanto que su fracción impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones siete acciones para combatir la corrupción.

1. Eliminación del fuero. “Nos aseguraremos que ningún servidor público esté por encima de la ley, al igual que cualquier ciudadano sus faltas deberán ser juzgadas y castigadas. Eliminaremos este instrumento que hoy favorece la impunidad”.

2. Eliminación de la figura de declaración de procedencia para que ningún político goce de privilegios procesales en una causa penal.

3. Eliminación de la figura de juicio político. “Así terminaremos con una figura que favorece la simulación y que desde su creación no se ha traducido en sanción alguna para los servidores públicos”.

4. Exámenes de control y confianza a los integrantes del Poder Judicial. Tal como se aplica actualmente a policías y miembros de los cuerpos de seguridad en el país.

5. Autonomía de la PGR. Transformarla en una Fiscalía General de la Federación que no sea representante del Ejecutivo, sino que como lo marca la Constitución, sea verdaderamente una representante de la sociedad mexicana.

6. Creación de la Fiscalía Anticorrupción. Un órgano autónomo y profundamente ciudadano, donde sus integrantes sean elegidos por un método transparente y con independencia del poder ejecutivo. Dicho órgano deberá contar con las facultades necesarias para sancionar administrativa y penalmente.

7. Creación del Tribunal de Cuentas para los servidores públicos. Un organismo que tendrá como competencia conocer de asuntos relacionados con la materia de responsabilidad administrativa y política de los servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, al generar el mismo modelo constitucional para los 32 estados del país.

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