09:58 a.m. horas
En 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo era candidata presidencial, firmó una carta compromiso con la organización internacional con base en Francia, Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Fueron 22 compromisos que la presidenta firmó de puño y letra con la promesa de cumplirlos durante su administración y que buscan reducir la imparable violencia contra medios y periodistas; abatir la creciente impunidad en los crímenes cometidos, fortalecer al mecanismo de protección y atender a quienes se encuentran con medidas de seguridad.
Pasaron ya dos años de este sexenio, un tercio, y el balance que hace Reporteros Sin Fronteras sorprende, pero por el nivel de incumplimiento.
De 22 compromisos firmados, solo uno… solo uno muestra un cierto nivel de avance, lo que no significa que se haya cumplido.
Es el compromiso número 8 de “proporcionar capacitación permanente al personal del mecanismo federal de protección”.
Para RSF, este compromiso muestra “cumplimiento parcial” y “evolución positiva”, pero como integrante del Consejo Consultivo de este Mecanismo, doy fe de que la organización fue un poco benévola.
Ha habido capacitación constante, sí, pero tan constante como la rotación de personal en el mecanismo.
En esta administración se deshicieron de personas que tenían experiencia, a otras las cambiaron de puesto y muchas de las que llegaron, obvio que necesitaban capacitación que aún no reflejan su éxito.
Hay muchos casos donde los estudios de evaluación de riesgo se hacen mal y a destiempo; ejemplos de estudios de riesgo que se hacen hasta cinco años después, cuando la realidad de la víctima es completamente distinta.
Vemos planes de protección que pareciera que buscan privilegiar la “austeridad republicana”, porque lejos de garantizar el principio de máxima protección, lo que intentan es establecer las medidas más económicas para el gobierno.
En estos dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum aumentaron de manera preocupante las negativas de incorporación de casos al mecanismo, porque quienes hacen la evaluación aseguran que no requieren la protección federal, o luego acusan a la persona peticionaria de “no completar la solicitud”, es decir, todo el papelerío que les piden para poderlas incorporar.
En los hechos, el único compromiso que aparentemente ha cumplido la presidenta, de los 22 que firmó, en realidad lo cumplen a medias y mal.
En la próxima entrega abundaré en los compromisos incumplidos.
Como colofón, aunque este informe de RSF fue muy difundido por la prensa, me parece que a mis colegas se les fue la nota, porque privilegiaron el dato de la impunidad (que no es que sea irrelevante), por encima de la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por la jefa del Estado mexicano.
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