GRÚAS Y CORRALONES: LA INDUSTRIA DEL DESPOJO TOLERADA POR EL ESTADO

11:12 a.m. horas

Por: Alejandro César Vázquez

Valle de México. — El caso de Felipe de Jesús Rosas Landa Martínez, de 75 años, enfermo oncológico, resume con crudeza el modelo de negocios que hoy operan las concesiones de grúas y corralones en el Estado de México: no hay tarifa a la vista, no hay factura, no hay desglose, no hay autoridad. Solo un papelito manuscrito donde alguien escribe, a mano alzada, $94,000.00. Págalo o no te llevas tu patrimonio.

Felipe es propietario de una grúa Ford F-350 1994, placas HB-8896-C. Es su único medio de ingreso. El 7 de noviembre de 2025 su unidad se vio involucrada en un hecho de tránsito en calle Naranjo esquina San Luis, colonia El Mirador, Ecatepec, donde impactó un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. El daño fue pagado: $23,569.66, con convenio JCA/MASC/0008/2026 ante el Juzgado Cívico de Las Américas y oficio de liberación JCA/III/119/2025 de fecha 24 de octubre de 2026, inventario 3746, firmado por la Juez García Vite Jocelyn. Con el perdón legal en mano y la orden judicial de devolución, Felipe acudió al corralón de Grúas y Transportes Bolaños, S.A., en la carretera federal México-Pachuca, Tecámac.

Ahí empezó el segundo siniestro. “Me enseñaron un papelito, no me lo dieron físicamente. Ahí decía $94,000 sin precisar de qué era. No exhiben tarifa obligatoria en la oficina, no hay tabulador, me quieren cobrar maniobras y conceptos raros”, denuncia el adulto mayor.

El caso no es aislado. Es el modus operandi documentado durante años en todo el Estado de México y en el país.

El Reglamento de Grúas y Corralones del Estado de México y el Código Administrativo establecen tarifas oficiales por arrastre, salvamento, maniobras y pensión. La Secretaría de Movilidad, Región III, con sede en Av. Morelos 167, San Cristóbal Centro, Ecatepec, es la responsable de supervisarlas. En respuesta oficial a la petición SISPEC 110756 de Felipe, oficio 22001003000000T/452/2026 del 7 de agosto de 2026, firmada por Fabián Alfredo Corzo Contreras, Director General de Movilidad Zona III, la propia dependencia reconoce que intentó comunicarse con el solicitante y que necesita número de inventario, motivo de ingreso y autoridad que ordenó el ingreso. Es decir, la autoridad ni siquiera tiene control real de qué unidades están en qué corralones.

La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) ha denunciado que las tarifas que se ejecutan son muy altas pues cobran por distancia y llevan unidades de Tultitlán a Tecámac o de Ecatepec a Tezoyuca para inflar el cobro. Hay una excesiva tramitología en los depósitos vehiculares y en muchos no emiten facturas por los servicios.

Felipe confirma: le negaron factura con requisitos fiscales. Violación directa a los artículos 7 y 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Profeco, que debería sancionar, no aparece.

La investigación hemerográfica revela un patrón que va más allá del abuso administrativo y entra en la esfera de la delincuencia organizada tolerada. En Puebla, el duopolio de Grúas Bolaños y Grúas Jesús en el Triángulo Rojo —Tecamachalco, Tehuacán— acumula las mismas denuncias que en el Estado de México. Las empresas Grúas Jesús y Grúas Bolaños son las que más denuncias tienen por supuestos cobros excesivos que alcanza hasta los 120 mil pesos por unidad sólo por el servicio de arrastre.

El propietario identificado en esa región es Alfredo Bolaños, quien cobra hasta 110 mil pesos por un arrastre de dos kilómetros a propietarios de camiones con reporte de robo que son recuperados por corporaciones de seguridad. La empresa de arrastres Grúas Bolaños acumula decenas de denuncias de supuestos abusos y corrupción, ligada a autoridades estatales, federales y municipales, a quienes paga moches para operar un monopolio de más de 24 años.

En la Cámara de Diputados local de Puebla, el diputado Andrés Villegas Mendoza denunció haber recibido amenazas por proponer regular los corralones. Advirtió que actualmente existen mafias que manejan los corralones, el sistema de arrastre de vehículos, y hay una revictimización de la gente a la que le roban sus vehículos. Los cobros que documentó superan los trescientos mil pesos, por lo que en ocasiones la gente opta por abandonar sus unidades y cobran hasta 100 mil pesos por la entrega.

En el Estado de México, se han documentado más de 1,200 quejas en el último año contra corralones. El caso de Jorge Antonio en Cuautitlán Izcalli: le exigieron $22,133 pesos por dos días de corralón, costo que le hacen escribirlo a él con puño y letra, ni siquiera ellos lo ponen, cuando conforme al tabulador debía pagar $5,500.

El testimonio se replica en todo el país. En Amayuca, Morelos, Grúas Osorio revictimizó a un hombre a quien le robaron su combi: le cobraron $25,000 por un arrastre de Yecapixtla a Jantetelco, sin recibo, exigiendo el segundo pago en efectivo para no dejar huella. En Chalco, Grúas Central, Grúas Chalco y Grúas San Martín operan bajo el mismo esquema: sin tarifa visible, con maniobras inventadas y cobros de piso que triplican el valor comercial del vehículo.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ya estalló a nivel nacional. El 26 de octubre de 2026 transportistas bloquearon la México-Querétaro y Cuernavaca-Acapulco. Denunciaron cobros elevados por el servicio de grúas y pagos de entre 80 mil y 90 mil pesos, o incluso más, por servicios de grúa y corralón. La Asociación Nacional de Transporte Privado reveló la escala mayor: algunas empresas han recibido exigencias de hasta un millón de pesos para recuperar sus vehículos, con esperas de dos o tres meses.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México recibe la queja, pide que el ciudadano acuda personalmente a sus oficinas de lunes a viernes de 9 a 18 horas y mientras tanto la pensión sigue corriendo. El afectado no puede trabajar. El corralón gana por tiempo.

Lo que le ocurre a Felipe es paradigmático porque reúne todos los elementos de violaciones: no hay tarifa exhibida, obligación del Reglamento; no hay factura oficial, violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor; conceptos inventados como maniobras sin memoria descriptiva; cobro excesivo que supera el valor de la unidad; negativa de entrega pese a existir liberación judicial.

Y lo más grave: la vulnerabilidad. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores obliga a trato preferente. Felipe tiene 75 años, cáncer, y su grúa es su único sustento. Dejarlo sin ella es condenarlo a la indigencia.

Su solicitud a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es clara y humana: auditoría a Grúas Bolaños, aplicación del tabulador oficial con factura y desglose legal, condonación humanitaria o plan de pagos conforme a su capacidad, vista a Profeco y, sobre todo, una investigación exhaustiva de por qué se permite operar de manera irregular a las concesionarias, que no exhiben tarifa, que no entregan factura, que inventan maniobras y que convierten cada accidente en una extorsión.

La pregunta que queda en el aire es si la Secretaría de Movilidad, hoy encabezada por Juan Hugo de la Rosa, y la Profeco, seguirán tolerando que los corralones operen como un brazo de delincuencia organizada cobijada por el propio gobierno, donde el ciudadano que ya perdió su vehículo, que ya pagó el daño, que ya obtuvo su liberación judicial, tiene que volver a ser víctima para recuperar lo que es suyo.

Felipe de Jesús Rosas Landa Martínez no pide caridad. Pide legalidad y que ojalá el organismo simulador de derechos humanos en el Estado de México -CODHEM-, actúe. Pide que le cobren lo que dice la ley, con factura, no lo que dice un papelito. Por hoy, la ley la escribe el corralón.