A CASI DOS MESES DE LA TRAGEDIA EN LA RUTA 69: DESAMPARO, IMPUNIDAD Y LUCRO TRÁS EL ASESINATO DE UNA NIÑA EN LOS REYES LA PAZ

• El Ataque fue el pasado 9 de Agosto.

Por. Lina González/ Juan Lázaro/ Reporteros en Movimiento.com.
14:30 hrs.
Los Reyes La Paz, Estado de México. 07 de octubre de 2026.- A casi dos meses del ataque armado contra una unidad de la Ruta 69 de transporte público en este municipio, las secuelas de la violencia, el desamparo institucional y la indolencia gremial continúan lacerando a una familia golpeada por la delincuencia organizada y la impunidad.

El atentado, ocurrido el pasado domingo 9 de agosto de 2026 en la base ubicada en el cruce de las avenidas Pantitlán y Texcoco, en la colonia Ancón, dejó como saldo la muerte de una menor de tan solo 10 años de edad y lesiones de gravedad en sus tutores.

A pesar de que el pasado 20 de agosto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la detención e ingreso al penal de Nezahualcóyotl de dos presuntos implicados —identificados como Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N”—, el autor material que accionó el arma de fuego continúa prófugo.

En tanto, las víctimas sobrevivientes se encuentran en un estado absoluto de vulnerabilidad, sin apoyo médico ni financiero, y bajo el asedio del lucro y la manipulación por parte de la directiva de la propia ruta de transporte.

Un ataque derivado de las extorsiones y la negligencia médica

El atentado se registró cuando la pequeña de 10 años acompañaba a su madre y a su padrastro, este último operador de la unidad, durante su jornada laboral.
De acuerdo con datos que integran la investigación, la agresión armada estuvo motivada por el cobro de piso y las extorsiones que ahogan al gremio transportista en la zona oriente del Valle de México.
Ese día del ataque dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron a la base y dispararon a quemarropa contra la combi estacionada.
Tras la ráfaga, la menor perdió la vida de manera instantánea, mientras que el chofer sufrió impactos de bala en la cabeza y el hombro. La madre de la menor resultó con luxación de extremidad y una ojiva alojada en la cavidad torácica.

A la tragedia del ataque se sumó la negligencia del sistema de salud pública.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que ni en el Hospital General “La Perla” ni en el Hospital Gustavo Baz Prada se brindó la atención quirúrgica de urgencia que requería la madre para extraerle el proyectil. Ante el rechazo hospitalario y la falta de insumos, representantes de la Ruta 69 sugirieron el traslado inicial a la clínica privada Hospital VIVO para salvaguardar la vida de los heridos.
Sin embargo, tras firmar su alta voluntaria para poder velar a su hija, la atención prometida cesó.
Nueve días después de la agresión, la madre tuvo que someterse a una cirugía en un establecimiento privado por sus propios medios para extraer la bala de su pecho, procedimiento que para entonces presentaba complicaciones por infección.

A la fecha, la mujer requiere de estudios de resonancia magnética y posibles intervenciones en tendones debido a secuelas crónicas que le impiden la movilidad normal, subsistiendo a base de analgésicos.
Por su parte, el trabajador del volante solo recibió atención de emergencia y curaciones superficiales por los dos impactos recibidos.

La directiva de la Ruta 69: Negativa de apoyos y antecedentes de abusos

A pesar de que los choferes aportan semanalmente cuotas obligatorias mediante la compra de tarjetas de trabajo —mismas que incluyen cobros extraordinarios bajo el rubro de “cooperación por defunción” para compañeros y familiares—, la dirigencia de la Ruta 69, encabezada por Sebastián Ortega, se ha negado a otorgar cualquier tipo de respaldo económico o funerario a los deudos.
De acuerdo con testimonios del gremio, la directiva rechazó entregar el fondo de defunción argumentando que la víctima mortal no era familiar directo del chofer por ser su hijastra, ignorando también las solicitudes para cubrir los gastos médicos y la cirugía de la madre.
Asimismo, miembros del ramal desmintieron que la cúpula de la ruta haya destinado montos superiores a los 20 mil pesos o cubierto los servicios de la funeraria, tal como se había especulado internamente.
El bloqueo de vialidades realizado por la agrupación días posteriores al crimen tampoco tuvo como fin primordial la exigencia de justicia para la menor, sino servir como un mecanismo de presión política para blindar a la representación sindical.
Esta conducta no es nueva dentro de la administración de Ortega.

Fuentes internas recordaron que en diciembre del año pasado, cuando la madre de la niña se desempeñaba como checadora de la ruta, fue agredida por un operador e integrantes de su entorno en estado de ebriedad.
Tras levantar una denuncia ante las autoridades de Los Reyes La Paz, la dirigencia sindical, en complicidad con el área de contabilidad y delegados, la condicionó a retirar las acciones legales en un lapso de tres días bajo la amenaza de ser despedida y acusada de provocar la clausura del ramal por parte de la Secretaría de Movilidad.
Al no ceder al chantaje, fue separada de su empleo.
El único apoyo tangible que ha recibido la familia proviene directamente de la base de choferes, quienes de forma voluntaria realizaron colectas en boteo para hacerles llegar una ayuda económica directa y víveres, en reconocimiento al trabajo que la mujer realizó en su momento como checadora en beneficio del gremio.

Promesas institucionales incumplidas

La respuesta por parte de las autoridades locales y los mecanismos de protección a víctimas también ha quedado en el aire.

Durante las exequias de la menor, personal asignado por la Comisión de Atención a Víctimas de Nezahualcóyotl, representado por el Licenciado Figueroa, se presentó ofreciendo gestiones médicas y vinculación institucional.
Sin embargo, al intentar contactar al enlace gubernamental para canalizar las cirugías y estudios especializados requeridos por los sobrevivientes, la atención cesó por completo y las llamadas no volvieron a ser respondidas.
Aunque la Fiscalía mexiquense mantiene a la familia bajo el esquema de identidad protegida debido a la delicadeza del caso y la permanencia de un agresor prófugo, el entorno de las víctimas exige que deje de lucrarse con el nombre de la menor y que las investigaciones avancen hasta lograr la captura del tirador material.
Mientras la dirigencia de la ruta continúa sus actividades cotidianas, la familia enfrenta sola el duelo por la pérdida de la niña de 10 años, sumada a los estragos de la salud deteriorada y la falta de justicia.