EN OZUMBA, EXIGEN ALUMNOS Y PADRES, ACLARAR EL CASO DEL PROFESOR RUBEN

Reporteros en Movimiento

8:22 horas

Cuando una vida queda suspendida entre una acusación y la justicia
Hay momentos en los que una acusación deja de caber en un expediente. Sale de los juzgados, entra en las casas, llega a las aulas y termina instalándose en la vida de muchas personas.

Eso es lo que hoy ocurre alrededor del profesor Rubén López Pérez.

Docente de Matemáticas, con años frente a grupo, El profesor Rubén López Pérez,ha trabajado en la Escuela Secundaria Juan Rulfo, en San Vicente Chimalhuacán, municipio de Ozumba, además de desempeñarse como docente en una institución de nivel medio superior en Chalco, hoy se encuentra privado de su libertad mientras enfrenta un proceso relacionado con una denuncia de carácter sexual. La naturaleza de la acusación exige seriedad, respeto hacia todas las personas involucradas y, sobre todo, una investigación rigurosa.

Pero precisamente por la gravedad de lo que está en juego, también exige algo que nunca debería perderse: justicia.

En los últimos días han aparecido voces de alumnos, padres de familia y compañeros que aseguran conocer al profesor y que piden que su caso sea revisado cuidadosamente. No están llamados a sustituir a un juez ni sus testimonios pueden determinar por sí mismos lo ocurrido. Pero tampoco deberían ser ignorados.

Porque detrás de un expediente existe una persona.

Y detrás de esa persona hay años de vida que también cuentan.

Hay generaciones de estudiantes que alguna vez estuvieron frente a su pizarrón. Hay compañeros que compartieron jornadas de trabajo con él.

Hay familias que lo conocieron como maestro. Hay recuerdos, historias y una trayectoria que hoy contrastan dolorosamente con la incertidumbre de un proceso judicial.

Defender el debido proceso no significa desacreditar una denuncia. Pedir que se investigue profundamente tampoco significa declarar inocente a alguien antes de tiempo.

Significa algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más importante: que nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que las pruebas hablen y la justicia determine los hechos.

Una denuncia de carácter sexual debe investigarse con toda la seriedad que merece. La persona denunciante tiene derecho a ser escuchada, protegida y a que su señalamiento sea investigado. Pero la persona acusada también conserva derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y la posibilidad de defenderse ante un tribunal.

La justicia pierde su sentido cuando elegimos de antemano a quién creer sin conocer todas las pruebas.

Hoy no corresponde afirmar desde fuera qué ocurrió. No conocemos públicamente todos los elementos del expediente ni las circunstancias completas del proceso. Por eso quizá la petición más humana y responsable no sea gritar culpabilidad ni inocencia.
Es pedir que se investigue.

Que se escuche.

Que se revisen las pruebas.

Que ninguna evidencia sea ignorada.

Y que al final sea la verdad, y no el ruido de las redes sociales, la que determine el destino de una persona.

Porque una sentencia puede escribirse en unas cuantas páginas, pero sus consecuencias pueden acompañar a alguien durante toda la vida.

Y cuando están en juego la dignidad, la libertad y el nombre de una persona, la justicia no puede tener prisa, prejuicios ni favoritos. Solo debe tener pruebas.