Funcionario del Gobierno del Edoméx es acusado de supuestos cobros ilegales a verificentros; Raúl Piña fue detenido en Acapulco

• Hace un mes empresarios llevaron la denuncia ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
* Piña Horta es Director General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.
Por. Lina González /Juan Lázaro/Reporteros en Movimiento. Com.
13:15 hrs
Toluca, Estado de México. 10 de agosto de 2026.— Raúl Piña Horta, funcionario del Gobierno del Estado de México y exdiputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido este lunes en Acapulco, Guerrero, en medio de una investigación relacionada con presuntos actos de extorsión y cobros indebidos a empresarios vinculados con establecimientos sujetos a regulación ambiental.

De acuerdo con la información de la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Piña Horta fue detenido alrededor de las 7:30 horas en la colonia Club Deportivo, en Acapulco de Juárez, por elementos de la Policía Ministerial.
El registro señala que quedó a disposición de un juez de control y de juicio del Juzgado de Control especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea, con sede en la Ciudad de México.
Hasta el momento, la ficha de detención no precisa públicamente el delito que se le imputa.
Señalamientos por presuntas extorsiones
La detención ocurre después de que empresarios del sector ambiental y de los centros de verificación vehicular denunciaran públicamente presuntas presiones, amenazas y cobros para permitir la operación de sus establecimientos.
El caso alcanzó relevancia nacional en julio pasado, cuando durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se expusieron denuncias de empresarios gasolineros y gaseros que aseguraron haber sido presionados por funcionarios relacionados con inspecciones ambientales.
Según los testimonios presentados entonces, las supuestas extorsiones se realizaban mediante amenazas de cancelar bombas de combustible o incluso cerrar estaciones completas bajo argumentos relacionados con emisiones contaminantes. Los denunciantes afirmaron que los pagos exigidos podían alcanzar entre 500 mil y 800 mil pesos en efectivo.
En aquella conferencia, el nombre de Raúl Piña Horta fue mencionado públicamente como el presunto funcionario que habría recibido algunos de esos recursos.
La Presidencia de la República confirmó que los empresarios habían planteado esas acusaciones y que se les pidió proporcionar sus datos para formalizar las denuncias ante las autoridades correspondientes.
Paralelamente, empresarios de verificentros han señalado un supuesto esquema de cobros periódicos para mantener sus autorizaciones de funcionamiento.
Versiones difundidas en medios durante las últimas semanas sostienen que los pagos presuntamente habrían sido exigidos a una parte importante de los centros de verificación que operan en el Estado de México, con cantidades que variarían dependiendo del número de líneas o carriles de cada establecimiento.
Estas acusaciones, sin embargo, deberán ser acreditadas ante las autoridades y no representan por sí mismas una declaración de culpabilidad.

Funcionario con responsabilidad sobre la verificación ambiental

Piña Horta ocupa la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.
Documentos publicados en la Gaceta del Gobierno mexiquense lo identifican en 2023 como titular de esa área, relacionada con procedimientos y actividades vinculadas con los centros de verificación de emisiones contaminantes.
También existen documentos oficiales y registros públicos posteriores que lo identifican como responsable de esa dirección.
Antes de incorporarse a la administración estatal, Piña Horta tuvo trayectoria política dentro del PVEM y ocupó una curul en la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura.
El Diario de los Debates de San Lázaro registra su incorporación como diputado federal suplente en septiembre de 2004.
Ahora deberá enfrentar el proceso judicial
Con su detención, las autoridades deberán determinar formalmente cuáles son los delitos que se le atribuyen, presentar los datos de prueba ante un juez y establecer si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Por ahora, la acusación debe considerarse bajo el principio de presunción de inocencia mientras continúa la investigación y se desarrolla el procedimiento judicial.
El caso también pone nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de supervisión y autorización de los centros de verificación vehicular del Estado de México, así como las denuncias de empresarios que durante meses han señalado presuntas irregularidades y cobros relacionados con las inspecciones ambientales.