GUERRERO: EL ESTADO DONDE EL CACIQUE NUNCA SE FUE

08:59 a.m. horas

Por: Alejandro César Vázquez (I de III Partes)

Guerrero no se explica por sexenios, se explica por linajes. Durante casi un siglo, el poder real no ha estado en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, sino en la casa del cacique, en la empresa de transporte, en la comisaría y en el cuartel. La violación a los derechos humanos no es un accidente ni una desviación, es la forma en que ese poder se ha reproducido.

El primer engranaje fue el transporte. Rubén Figueroa Figueroa, el Tigre de Huitzuco, entendió antes que nadie que quien controla el camino controla al pueblo. En los años cincuenta y sesenta armó lo que el pueblo llamó el pulpo camionero: Flecha Roja, Estrella de Oro, Estrella Blanca, Costa Grande. No eran solo autobuses, eran territorios. Cada corrida era un peaje, cada terminal una aduana política. Ser chofer era ser informante, ser permisionario era ser soldado del PRI. De esa fortuna nació su carrera: diputado, senador, gobernador de 1975 a 1981.

Su gobierno coincidió con la Guerra Sucia. Guerrero fue el laboratorio de la contrainsurgencia mexicana. Mientras en el papel se combatía a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en los cerros de Atoyac se desaparecía a familias enteras. Micaela Cabañas, hija de Lucio, relató haber estado detenida a los dos meses de nacida en el Campo Militar No.1, junto a su madre y sus abuelas. En ese periodo se documentan más de 600 desapariciones forzadas en la entidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe 98VG/2023, reconoce la responsabilidad del Estado en esas violaciones sistemáticas. Figueroa Figueroa nunca fue juzgado. Murió impune, pero dejó escuela: el gobierno como empresa familiar y la represión como administración.

Esa escuela la heredó su hijo, Rubén Figueroa Alcocer. Abogado, con la misma red de autobuses y la misma red de policías. Llegó a la gubernatura en 1993 prometiendo modernidad. En mayo de 1995 la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCSS, le exigió algo elemental: fertilizante, escuelas, que el Ejército dejara de hostigarlos. La respuesta del Estado fue la desaparición de su vocero Gilberto Romero Vázquez.

El 28 de junio de 1995 la OCSS marchaba de la sierra a Atoyac. En el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, la Policía Motorizada montó un retén. No fue un enfrentamiento, fue una emboscada filmada por la misma policía. Bajaron a los campesinos de dos camiones, los tiraron boca abajo y dispararon por casi veinte minutos. Diecisiete muertos, veintitrés heridos. Luego les sembraron armas. El gobierno dijo que se habían defendido. El video lo desmintió. La Suprema Corte, en un hecho inédito, señaló directamente al gobernador Figueroa Alcocer, a su secretario general Rubén Robles y a su procurador Antonio Alcocer como responsables de una violación grave a las garantías individuales. Figueroa Alcocer tuvo que pedir licencia el 12 de marzo de 1996. Tampoco pisó la cárcel.

Y ahí entra Ángel Aguirre Rivero. No llega como ruptura, llega como continuidad priista administrada. Su padrino era Figueroa Alcocer, su escuela era el priismo de Ruiz Massieu. El Congreso lo nombra sustituto para cerrar el periodo 1993-1999. Su primer gobierno se vendió como el del diálogo, pero mantuvo intacta la estructura: los mismos comandantes judiciales, los mismos concesionarios del transporte, los mismos caciques de la Costa Chica y la Montaña.

Cuando pierde la candidatura del PRI en 2010 frente a Manuel Añorve, Aguirre se cambia al PRD y gana con la izquierda institucional. Es el mismo hombre con otro color. De 2011 a 2014 gobierna Guerrero en el momento más sangriento de la expansión del crimen organizado. La entidad ya no es solo caciquil, es narco-caciquil. Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, no son cárteles externos, son la nueva forma del cacicazgo: controlan la amapola en la sierra, la extorsión en Chilpancingo y Chilapa, el precio del jitomate y el pasaje de la combi. Y lo hacen con policías municipales en nómina y con alcaldes que les deben la campaña.

El 26 de septiembre de 2014 esa fusión estalla en Iguala. Policías municipales detienen a 43 normalistas de Ayotzinapa, los entregan a Guerreros Unidos y desaparecen. Aguirre es gobernador. Su gobierno niega la existencia de los videos de la Ciudad Judicial de Iguala, del Palacio de Justicia donde se ve la detención del autobús. Dice que las cámaras fallaron. Hoy, once años después, la FGR con Ernestina Godoy ha detenido al propio Aguirre por haber ordenado, según dos testigos colaboradores, desaparecer cualquier evidencia. Fue detenido el 6 de agosto de 2026 en el Estado de México por obstrucción y desaparición forzada. La escena simbólica había ocurrido un año antes: en Xochistlahuaca, Claudia Sheinbaum rechazó un huipil que Aguirre le enviaba como regalo. “No recibo regalos de ellos”, dijo.

De Aguas Blancas a Ayotzinapa hay 19 años, pero es el mismo guion. Primero, la protesta legítima. Segundo, el retén. Tercero, la masacre. Cuarto, la mentira oficial. Quinto, la caída de un gobernador sin castigo para la estructura. En Aguas Blancas la mentira fue “iban armados”, en Ayotzinapa fue “falla técnica de cámaras” y luego la “verdad histórica”.

Lo que la sociedad guerrerense llama “grupos delincuenciales ligados al gobierno” no es una teoría de conspiración, es un modelo de gobernabilidad que los antropólogos llaman narco-cacicazgo. El cacique tradicional daba empleo en su rancho y en sus autobuses, y a cambio pedía voto. El narco-cacique da empleo en la siembra de amapola, en la obra pública inflada y en la policía, y a cambio pide silencio. En Tierra Caliente, el alcalde no puede pavimentar una calle sin permiso del grupo. En la Montaña, el comisario no puede vender café sin pagar cuota. En Acapulco, el hotelero no puede abrir sin pagar derecho de piso. Y en todos los casos, el expediente termina en la Fiscalía local sin judicializarse.

Por eso las violaciones a derechos humanos en Guerrero nunca se han detenido: porque la impunidad es funcional. Ni Figueroa Figueroa por la Guerra Sucia, ni Figueroa Alcocer por Aguas Blancas, ni ningún presidente municipal por Ayotzinapa había sido detenido hasta esta nueva etapa de investigación. Cada masacre deja madres buscando fosas, comisiones que emiten recomendaciones y un nuevo gobernador que promete romper con el pasado, pero que llega sostenido por los mismos transportistas, los mismos contratistas y los mismos jefes policiacos.

Hoy el caso Aguirre marca por primera vez que un exgobernador es imputado no solo por lo que dejó de hacer, sino por lo que presuntamente ordenó ocultar. Si la FGR logra probar que desde la cúspide se ordenó borrar los videos, se rompería por primera vez el pacto no escrito de Guerrero: que el gobernador puede caer, pero nunca puede ser tocado.

Guerrero no necesita otro operativo federal, necesita romper el pulpo. Cortar un tentáculo — detener a un policía, a un sicario, a un alcalde — no mata al animal. Mientras la concesión de transporte siga siendo herencia, mientras la obra pública siga siendo botín y mientras la policía siga siendo reclutada entre los mismos grupos armados, la próxima Aguas Blancas y el próximo Ayotzinapa ya tienen fecha, solo falta el lugar.