
* A casi una semana del bloqueo en la carretera México-Cuautla, los Órganos Internos de Control evalúan acusaciones por presunta corrupción, favoritismo en servicios de grúas y cobros irregulares.
* El funcionario Heriberto Salinas permanece separado del cargo mientras se deslindan responsabilidades.
Por. Alexandra L. Lázaro/ Reporteros en Movimiento.com.
11:50 hrs.
CHALCO, Estado de México. 05 de agosto de 2026.- Las investigaciones de carácter administrativo en torno a la actuación de Heriberto Salinas Benítez, titular de la Delegación Regional número 4 de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México con sede en Chalco, continúan abiertas y en fase de integración probatoria, confirmaron fuentes institucionales.
El funcionario permanece bajo medida cautelar de suspensión temporal de sus funciones, sin que hasta el momento la autoridad haya dictaminado de manera definitiva su inocencia o culpabilidad.
La medida preventiva busca apartar a Salinas Benítez del ejercicio directo de la supervisión e inspección vial en los 13 municipios que integran la Región de los Volcanes, mientras la Contraloría Interna de la Semov analiza los expedientes, testimonios e informes sobre presuntas faltas administrativas y supuestos actos de corrupción.
“La suspensión administrativa no constituye un dictamen final de responsabilidad penal ni administrativa, sino una medida para garantizar que la investigación se desarrolle con total imparcialidad y objetividad”, precisaron fuentes de la dependencia.
El origen de la indagatoria: protesta del 30 de julio
El procedimiento en contra del delegado se detonó tras la movilización del pasado jueves 30 de julio de 2026, cuando concesionarios y operadores de la empresa de grúas Segazo S.A. de C.V., junto con choferes de la Ruta 36 del transporte público, bloquearon de manera parcial la carretera federal México-Cuautla para exigir la remoción inmediata del servidor público.
Durante la jornada de protesta, los manifestantes acusaron a Salinas Benítez de ejercer un presunto favorecimiento sistemático hacia la empresa de grúas denominada “MJ”, canalizando de forma prioritaria los servicios de arrastre, salvamento y custodia a corralones dentro de la demarcación.
Asimismo, los transportistas señalaron aparentes revisiones arbitrarias a unidades de pasajeros que —afirmaron— contaban con documentación en regla, además del presunto requerimiento de servicios gratuitos e indebidos a nombre de la dependencia estatal.
El conflicto derivó en la instalación de una mesa de diálogo encabezada por el director general de Movilidad, Gerardo Biurquis, en la que se acordó separar temporalmente al delegado para permitir el desarrollo pacífico de las averiguaciones administrativas.
Las atribuciones bajo revisión en la Zona de los Volcanes
La Delegación Regional 4 con sede en Chalco es una pieza clave dentro del esquema organizativo de la Secretaría de Movilidad en el oriente mexiquense.
Entre las responsabilidades de su titular destacan:
Inspección y vigilancia: Coordinación de operativos de revisión a unidades de transporte público concesionado.
Normatividad de grúas: Seguimiento a empresas autorizadas para arrastre y depósitos vehiculares (corralones).
Cobertura geográfica: Atención a la movilidad de 13 municipios de la región de los volcanes.
La postura de la defensa y del funcionario imputado
En sus declaraciones vertidas previo a la medida administrativa, Heriberto Salinas Benítez rechazó tajantemente las imputaciones sobre supuestos favoritismos. El funcionario argumentó que, durante la administración estatal en curso, únicamente se han otorgado 40 concesiones de grúas en toda la entidad, de las cuales solo tres operan en esta demarcación: las empresas MJ, Pacífico y San Pedro.
Respecto a la empresa denunciante (Segazo), Salinas puntualizó que esta no contaba textualmente con la concesión estatal formalizada para operar bajo la regulación vigente en la zona.
Sobre los operativos al transporte concesionado, aseveró que los retiros de circulación respondieron estrictamente al cumplimiento de la norma, pues diversas unidades sobrepasaban la antigüedad permitida por la ley o carecían de los documentos vigentes de operación, tras haberse agotado el periodo de gracia otorgado durante los primeros ocho meses de la gestión estatal para regularizar sus vehículos.
Siguientes etapas institucionales
La Secretaría de Movilidad precisó que el expediente continúa bajo la radicación de sus áreas de Control Interno.
En caso de que el análisis determine inconsistencias administrativas graves o la presunta comisión de delitos cometidos por servidores públicos, la documentación será turnada de manera inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México.
Por ahora, la dependencia se mantiene a la espera de emitir un informe detallado sobre el avance de las investigaciones, en tanto la plaza de la delegación en Chalco permanece atendida de forma provisional por personal de despacho de la propia secretaría.

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