Golpe al negocio de los ‘minicasinos’: Despliegan macrooperativos contra máquinas tragamonedas en el Estado de México

Imagen. Nezahualcóyotl.

* Fuerzas federales y estatales intervienen comercios locales en el Valle de Toluca.
* Cientos de aparatos han sido decomisados.
* Reportes ciudadanos apuntan a la extensión silenciosa de las diligencias hacia la zona oriente, en municipios clave como Nezahualcóyotl y Chicoloapan.
Por. Lina González/ Juan Lázaro /Reporteros en movimiento.com.
16:30 hrs.
TOLUCA, Edoméx. 14 de Julio de 2026.– En una acción coordinada de gran alcance, corporaciones federales y estatales desplegaron este martes intensos operativos en distintos municipios del Valle de Toluca y la zona metropolitana con el objetivo de revisar establecimientos comerciales, misceláneas y tiendas de abarrotes donde operaban de forma ilegal máquinas tragamonedas, procediendo al aseguramiento y retiro inmediato de dichos dispositivos.

De acuerdo con reportes recabados en el lugar de los hechos, las intervenciones se ejecutaron de manera simultánea en localidades estratégicas como San Mateo Atenco, Zinacantepec y la colonia San Jerónimo Chicahualco, en el municipio de Metepec.

Imagen. Chicoloapan.

En cada uno de los puntos asignados participaron células del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Ssem) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Durante el desarrollo de las diligencias, las fuerzas del orden procedieron al cierre temporal de vialidades adyacentes a los locales inspeccionados, estableciendo estrictos perímetros de seguridad y restringiendo el tránsito vehicular y peatonal.
La fuerte presencia de convoyes blindados y efectivos fuertemente armados generó una notable expectación y sorpresa entre vecinos y comerciantes de los corredores comerciales visitados.
El propósito central de esta estrategia binivel radica en la localización y decomiso de las denominadas “maquinitas”, cuya proliferación en las tiendas de barrio ha encendido las alarmas gubernamentales. Aunque las autoridades aún no han emitido un balance oficial con el número exacto de aparatos incautados, negocios clausurados o el total de personas presentadas ante el Ministerio Público, se confirmó que los dispositivos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía mexiquense para la integración de las respectivas carpetas de investigación.
Asimismo, fuentes cercanas al operativo indicaron de manera extraoficial que estas acciones ya han comenzado a expandirse hacia la zona oriente de la entidad.

Imagen. Valle de Toluca.

Existen reportes de que en Nezahualcóyotl y Chicoloapan se llevaron a cabo intervenciones de naturaleza similar.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ninguna instancia oficial ha confirmado formalmente los resultados o el alcance de los despliegues en esta región del Valle de México, por lo que los registros se mantienen bajo reserva de las autoridades.

El Trasfondo Criminal

Investigaciones recientes de la FGJEM revelan que el crimen organizado utiliza estas redes de juego ilegal para el lavado de dinero de procedencia ilícita y como mecanismo de extorsión.
En múltiples casos, los pequeños comerciantes son obligados bajo amenazas y cobro de piso a instalar los aparatos en sus locales por parte de redes delictivas que operan al margen de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
La legislación federal prohíbe estrictamente estas modalidades bajo el amparo de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que define como ilegal todo dispositivo que reciba dinero o apuestas sin el permiso expreso de la federación.
Asimismo, las dependencias de salud y seguridad advierten que estos dispositivos fomentan la ludopatía temprana en menores de edad y actúan como detonadores de problemáticas sociales en los barrios populares.
Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad estatal emita un comunicado conjunto detallando la base jurídica de los cateos, el destino final del equipo destruido y la situación jurídica de los propietarios de los comercios intervenidos.
Si usted es comerciante y ha sido víctima de coacción para instalar estos dispositivos, las autoridades recuerdan que la denuncia anónima puede realizarse de forma segura a través de las líneas del 089.

Qué dice la ley?

Resumen del tema
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este 14 de julio de 2026 la discusión de un proyecto que podría validar las restricciones impuestas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a los casinos mediante reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicadas en 2023.
Puntos principales
El proyecto, elaborado por el ministro Hugo Aguilar, propone declarar constitucionales las reformas.
La medida más relevante es la prohibición de instalar máquinas tragamonedas en nuevos casinos.
También se establecen reglas más estrictas para otorgar permisos, se reduce su vigencia y desaparece la figura del “operador”, utilizada por muchos permisionarios para administrar los establecimientos.
Contexto legal
Diversos tribunales federales habían considerado inconstitucionales estas reformas y concedieron amparos a algunas empresas.
Esos amparos seguirán vigentes y no pueden ser anulados por la SCJN, por lo que las empresas beneficiadas conservarán sus derechos.
Sin embargo, si la Corte aprueba el proyecto, las empresas que no obtuvieron un amparo deberán cumplir con las restricciones.
Argumentos del proyecto
El proyecto sostiene que las medidas son válidas porque buscan atender un problema de salud pública, al considerar que la ludopatía o juego patológico requiere acciones preventivas. También señala que no existe aplicación retroactiva de la norma, ya que los 444 casinos que ya operaban en noviembre de 2023 podrán mantener sus máquinas tragamonedas hasta que concluyan la vigencia de sus permisos.
¿Qué implicaría una aprobación?
Se consolidaría la política de restringir la expansión de las tragamonedas en México.
Los nuevos casinos no podrían instalar este tipo de máquinas.
Permanecerían vigentes los derechos de las empresas que ya obtuvieron amparos.
Se fortalecería el criterio de que el Estado puede imponer mayores controles al sector con base en la protección de la salud pública.