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La diputada Carmen Patricia Armendáriz, defendió que un impuesto a las herencias serviría para evitar que la riqueza siga concentrándose en las mismas familias durante generaciones, mientras millones de personas tienen que empezar desde cero, sin apellido pesado, sin fortuna familiar y sin la famosa “ayudadita” de nacer en cuna de oro.
Armendáriz sostuvo que las oportunidades deberían depender más del esfuerzo y el talento de cada persona, no del patrimonio que dejaron los abuelos, bisabuelos y todo el árbol genealógico dorado.
También argumentó que, según estudios de la OCDE, un impuesto a las herencias tendría menor impacto sobre el ahorro y la inversión que otros gravámenes, además de cerrar huecos fiscales de ganancias que nunca pagaron impuestos.
Para unos, cobrar impuestos a las grandes fortunas heredadas sería una forma de combatir la desigualdad y frenar la acumulación eterna de riqueza en unas cuantas manos.
Para otros, sería castigar el patrimonio que una familia construyó durante años y meterle la mano a lo que legalmente pertenece a los herederos.
Pero hay un detalle que no debe pasar desapercibido: quien hoy cuestiona las fortunas heredadas tampoco viene de una historia ajena al poder.
Biografías públicas ubican a Carmen Patricia Armendáriz como parte de una familia con apellido de peso en Chiapas, ligada a figuras políticas y diplomáticas. Además, su trayectoria ha pasado por la CNBV, Banorte, el mundo empresarial, Shark Tank México y una diputación plurinominal por Morena.
Por eso la pregunta pega más fuerte: ¿este impuesto iría realmente contra las grandes fortunas de siempre o también terminaría alcanzando a familias comunes que heredan una casa, un terreno o los ahorros de toda una vida?

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