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Bajo la bandera de la evaluación de desempeño a jueces y magistrados, el magistrado presidente Héctor Macedo García ha puesto en marcha un mecanismo que, lejos de consolidarse como una herramienta técnica de mejora, está siendo percibido por diversos sectores como una antesala para una reconfiguración política interna.
El fondo del asunto no es menor. Se ha señalado que el objetivo tras estos puntajes es construir una narrativa que justifique, ante la oficina de la Gobernadora Delfina Gómez, la necesidad de promover iniciativas de ley ante el Congreso mexiquense orientadas a la destitución de los jueces evaluados. Utilizar el andamiaje administrativo como un instrumento de “el cómo sí” para remover integrantes del Poder Judicial es una jugada de alto riesgo que altera el equilibrio de poderes.
Se sabe que la implementación de esta estrategia sin una consulta previa ha generado una profunda molestia en el Secretario de Gobierno, Horacio Duarte. La fricción surge de una ruptura en los pr
otocolos de comunicación y coordinación política: Macedo García parece haberse “saltado las trancas”, ignorando los canales de concertación que, tradicionalmente, garantizan la estabilidad de las reformas en el estado.
Al final, la transparencia debe ser integral. Si el magistrado presidente busca elevar el estándar de los jueces, debería comenzar por someterse al mismo rigor que exige a los demás. De lo contrario, lo que hoy se vende como una reforma necesaria terminará siendo recordado simplemente como un ajuste de cuentas.
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