17 junio, 2026

Reporteros en Movimiento

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10:53 horas

Estado de México martes, 16 de junio de 2026
La agrupación 100 periodistas por el Estado de México pide la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y del Congreso Estatal para no permitir la criminalización del trabajo periodístico en el municipio de Tenancingo.

Hace unos días la alcaldesa de Tenancingo Nancy Nápoles Pacheco, hizo llegar por medio de la policía municipal citatorios para 4 periodistas, que realizan cotidianamente su trabajo de análisis y critica en el espacio informativo denominado, “La Madeja Política de Tenancingo”.

Ellos son Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vasquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, quienes estarían siendo señalados presuntamente por la alcaldesa en su calidad de ciudadana (no en el encargo de sus funciones como presidenta municipal).

En la carpeta de investigación 275/2026 con fecha 26 de mayo del 2026 acusándolos de violencia digital reiterada, ataques constantes y reiterados en redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios que difunden información falsa, refiriéndose a ella con insultos, hostigamiento, intimidación, y violencia psicológica, sarcasmo, ironía, hostigamiento y por dañar su reputación, (todos ellos sin fundamento), toda vez que las críticas tienen que ver con el trabajo informativo de los comunicadores realizado sobre su encargo como servidora pública, lo que abre el debate sobre la ponderación del interés público por encima del interés privado en el desempeño de un cargo público, como jurisprudencia en las sentencias judiciales.

La alcaldesa, además, ha solicitado a la ciudadanía incluso “no comentar en redes sociales” sobre el desempeño de la administración municipal, y menos aún escuchar los comentarios de la prensa local, contraviniendo el sano desarrollo democrático de la entidad y el interés público de la información, mostrando un talante autoritario preocupante.

Así las cosas, los comunicadores fueron requeridos ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) con sede en Metepec, siendo notificados el 2 junio del presente año, acudiendo a rendir su declaración, advirtiéndoles que probablemente podrían ser sujetos de una sanción económica por daño psicológico a la presidenta municipal, por lo que informaron que la denunciante solicitó una reparación del daño de 125 mil pesos para cada uno de los comunicadores involucrados.

Según la denuncia de la alcaldesa, el trabajo periodístico la revictimiza, al recordar el presunto secuestro del que fue objeto, mismo que fue ampliamente difundido en medios de comunicación masiva, tras darse a conocer un vídeo donde ella misma relata el hecho en el cuál un presunto grupo del crimen organizado la habrían sustraído.

Cabe destacar, que la crítica periodística realizada por los comunicadores versa sobre el trabajo del ayuntamiento como lo son servicios públicos, alumbrado, agua, limpia, también temas como el nepotismo, sueldos y costos de obras públicas, mismos que cuentan con el debido soporte legal, producto de investigación periodística y solicitudes de información.

Por lo cual hacemos un llamado enérgico a las autoridades para garantizar la “Libertad de Expresión” en el municipio, evitando la criminalización de aquellas personas que ejercen el periodismo, más aún con el avance democrático que tiene el Gobierno Mexiquense encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para impulsar las recientes reformas a la Ley Integral de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, por lo que no se puede permitir que se trate de acallar las voces críticas por ningún motivo.

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