Guerra por “El Ocotal”: Comuneros de Chalco acusan a exfuncionario de usar campaña falsa para apoderarse del bosque

16:40 hrs.
CHALCO, Estado de México. 26 de mayo de 2026.- La disputa por el control de las tierras ejidales en San Pedro y San Juan Tezompa ha escalado a una fase crítica.

El día de hoy, las autoridades ejidales de este municipio confirmaron que preparan una ofensiva jurídica ante el Ministerio Público y el Registro Agrario Nacional (RAN) para recuperar el acceso al bosque “El Ocotal”.

El bosque, es un pulmón verde de 500 hectáreas que se encuentra bajo un bloqueo físico y una “guerra de desinformación” desde hace casi dos meses.
El conflicto, que mantiene confrontados a los legítimos ejidatarios con un grupo encabezado por el exregidor de Chalco, Sergio Eder Ramírez Jurado, amenaza ahora con convertirse en un desastre ecológico. Según los denunciantes, la ocupación ilegal de los accesos impide frenar el avance del gusano descortezador, una plaga agresiva que ya compromete entre el 10% y el 20% de la masa forestal.

La estrategia de la sospecha: Acusaciones de tala falsa

En días recientes, publicaciones en redes sociales acusaron al comisariado ejidal de operar una red de tala clandestina, exhibiendo fotografías de vehículos cargados con madera saliendo de la zona. Sin embargo, en una entrevista realizada este martes, Fernando Leyte del Valle, presidente del comisariado ejidal —quien asumió el cargo el pasado 31 de agosto de 2025—, desmintió categóricamente las versiones y las calificó como una cortina de humo para justificar el despojo de las tierras.
“Aseguramos que desde el 16 de abril no hemos entrado para nada. Ellos argumentaban en redes que seguíamos sacando madera, mostrando fotos de un camión el pasado 14 de mayo.
La verdad es que no habíamos pisado el lugar; apenas subimos este domingo pasado, 24 de mayo, solo para llevar una imagen religiosa, antes de eso nada”, aclaró Leyte del Valle.

El líder ejidal explicó que los únicos cortes de árboles que se han realizado corresponden a un programa técnico de saneamiento forestal formalmente autorizado por la Protectora de Bosques (PROBOSQUE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Antes del cierre patronal forzado por el exfuncionario, los ejidatarios ya habían logrado intervenir poco más de 20 hectáreas afectadas por el insecto barrenador.

Negligencia ante las citas oficiales

La resolución del conflicto se ha visto frenada por la aparente evasión de los ocupantes frente a los llamados institucionales.
La PROFEPA convocó a ambas partes a una audiencia de mediación e inspección el martes pasado; sin embargo, el grupo de Ramírez Jurado no se presentó a la cita, dejando el proceso en el limbo.
Ante el desplante, el comisariado ejidal gestiona un segundo citatorio oficial para forzar el deslinde de responsabilidades.
La urgencia de los comuneros radica en el temor de ser penalizados por las propias autoridades ambientales si el bosque muere bajo su gestión.
“Si el bosque se contamina y llega a perderse, a nosotros nos van a culpar. Si esto sigue así, se podría perder el 50% o más de la zona forestal”, advirtió con preocupación el representante.

Intereses familiares y el plan de reforestación frenado

De acuerdo con las investigaciones internas del ejido, detrás del bloqueo por parte de este grupo —a quienes identifican como “posesionarios” que adquirieron terrenos de manera irregular pero carecen de derechos agrarios reales— existe un trasfondo económico.
El plan del exregidor sería consolidar una cooperativa privada dentro del vivero ejidal para que familiares y allegados exploten comercialmente los recursos forestales y el ecoturismo de la zona.
El freno a las actividades ejidales ocurre en el peor momento posible.
Los ejidatarios detallaron que ya tienen pactada la donación de 10,000 plantas de alta calidad por parte de la sede de PROBOSQUE en Coyoacán para iniciar una campaña masiva de reforestación en cuanto comience la temporada de lluvias de este año.
El plan de renovación busca salvaguardar las 755 hectáreas totales del ejido (255 agrícolas y 500 de bosque) y proteger la temporada de avistamiento de luciérnagas, una de las principales fuentes de ingresos comunitarios.
Ante la gravedad del escenario, los ejidatarios adelantaron que no cederán el patrimonio colectivo a intereses particulares y exigirán formalmente el uso de la fuerza pública para desalojar los accesos y rescatar el ecosistema de Chalco.