25 abril, 2026

Reporteros en Movimiento

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Por: Alejandro César Vázquez

13:02 p.m. horas

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- Banquetas, arroyos vehiculares, plazas y hasta calles completas. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos metros de Palacio Nacional, la Suprema Corte y el Congreso, la vía pública tiene precio. Y se vende, se renta y se hereda. Colectivos, comerciantes y documentos públicos señalan que el ambulantaje organizado mueve miles de millones de pesos al año y que su influencia alcanza la vida política: algunos de sus dirigentes han sido legisladores, regidores o funcionarios.

El fenómeno no es exclusivo de la capital. En municipios metropolitanos como Ecatepec, Chalco, La Paz y Coacalco, así como en destinos turísticos como Benito Juárez, Cancún, versiones periodísticas y testimonios vecinales describen estructuras similares: liderazgos que controlan corredores comerciales, cobran cuotas y, según denuncias, operan con protección.

  1. Centro de la CDMX: poder económico a metros de los tres Poderes

1.1 El metro cuadrado más caro
En Eje 1 Norte, Corregidora, Moneda, Circunvalación y calles aledañas al Zócalo, organizaciones de comerciantes han establecido lo que vecinos llaman “plazas a cielo abierto”. El metro lineal en banqueta, de acuerdo con testimonios de locatarios establecidos, se “renta” por día, semana o temporada. En diciembre o fiestas patrias, los montos se multiplican.

1.2 Violencia y control territorial
La disputa por espacios ha derivado en riñas, lesionados y, en años anteriores, homicidios documentados por la SSC-CDMX. Los enfrentamientos, según reportes de prensa, ocurren entre grupos rivales o contra operativos de reordenamiento. Comerciantes establecidos denuncian agresiones cuando se niegan a pagar “derecho de piso” o cuando sus clientes son desviados por “jaladores”.

1.3 De la calle al Congreso
Diversas investigaciones periodísticas han señalado que varios dirigentes de organizaciones de comercio popular han ocupado cargos de elección o en la administración pública. El argumento que usan las organizaciones es la “representación de su gremio”. Para críticos y especialistas en espacio público, esto genera un conflicto de interés: el regulado se vuelve regulador. Los nombres y periodos son públicos en registros del IECM y del Congreso local.

  1. El modelo se replica: Estado de México y zona metropolitana

2.1 Ecatepec, Chalco, La Paz, Coacalco
En municipios conurbados, el esquema es similar. Avenidas como Vía Morelos en Ecatepec, la carretera México-Cuautla en Chalco, la México-Texcoco en La Paz y la López Portillo en Coacalco concentran tianguis y bases de comercio que, según denuncias vecinales, pagan cuota a liderazgos locales.

En Coacalco, registros hemerográficos señalan que Bernardino Sánchez Gómez, “El Payo”, fue un líder de comerciantes de larga trayectoria que llegó a ocupar el cargo de regidor. Es padre del actual presidente municipal, David Sánchez Isidoro. Organizaciones civiles han pedido históricamente transparentar la relación entre gobierno y organizaciones de comercio para evitar conflictos de interés.

2.2 ¿Cuánto dinero mueve?
No hay cifra oficial. Estimaciones de cámaras de comercio y consultores urbanos hablan de flujos de miles de millones de pesos anuales solo en la Zona Metropolitana del Valle de México si se suma: cuota diaria por puesto, “entradas” por temporada, cobro de baños, luz, bodegas y giros anexos. El destino final de ese dinero es el principal reclamo de transparencia.

  1. Destino turístico: el caso Benito Juárez, Cancún

En el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, reportajes y testimonios de hoteleros y comerciantes establecidos han denunciado la ocupación de banquetas y playas públicas por estructuras de venta que, señalan, operan bajo tolerancia. Por ser zona turística de alto flujo, las estimaciones que circulan en medios sobre el dinero que circula son igualmente multimillonarias.

En ese contexto, ha habido señalamientos públicos de que algunos grupos de comercio irregular operan con protección. En diferentes momentos, ciudadanos han documentado en video la presencia de elementos de corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional, en zonas donde ocurren estas actividades. Las imágenes han generado exigencias de aclaración sobre cuál es el protocolo de actuación y si existe colusión o solo presencia disuasiva. Hasta ahora, las autoridades han respondido que su tarea es seguridad pública y no regulación de comercio.

  1. ¿Cómo opera el sistema? Los 5 niveles que describen especialistas
  2. Base: El vendedor que paga cuota diaria para poder instalarse. Si no paga, no trabaja.
  3. Jefe de calle: Controla una cuadra o tramo. Asigna espacios, cobra y resuelve conflictos.
  4. Líder de zona: Agrupa varias calles. Negocia con alcaldías y opera en temporada alta.
  5. Dirigencia: Maneja varias zonas o un municipio completo. Tiene interlocución política directa.
  6. Brazo político: El salto a regidurías, diputaciones o áreas de vía pública/m ercados. Desde ahí, acusan críticos, se diseña la norma que después se aplica.
  7. Las consecuencias documentadas
  8. Movilidad: Reducción de carriles, banquetas bloqueadas, riesgo para peatones y personas con discapacidad.
  9. Seguridad: Cortos circuitos, gas LP, diablitos de luz. Incendios en romerías han dejado lesionados y pérdidas humanas en años pasados.
  10. Competencia desleal: Comercios establecidos pagan renta, luz, predial, IMSS, SAT. El puesto de banqueta, no.
  11. Fiscal: La economía informal en vía pública no tributa proporcional al flujo que maneja, según el SAT y cámaras empresariales.
  12. Gobernanza: Cuando el liderazgo social también es autoridad, se desdibuja la línea entre interés público y privado.
  13. ¿Qué dicen las autoridades y qué exigen los ciudadanos?

Las alcaldías y municipios argumentan “reordenamientos”, “censos” y “diálogo”. Las organizaciones de comercio defienden el “derecho al trabajo” y su peso como sector económico.

En contraste, colectivos de vecinos, movilidad y espacio público exigen:

  1. Padrón público georreferenciado: Quién ocupa qué, cuánto paga y a quién.
  2. Bancarización de cuotas: Que todo cobro sea a Tesorería, con recibo y destino etiquetado.
  3. Ley de incompatibilidad: Que un dirigente de comercio no pueda ser al mismo tiempo autoridad que lo regula.
  4. Dictámenes de Protección Civil por polígono: Con aforos, rutas de evacuación y sin gas LP en romerías.
  5. Auditorías a Vía Pública/Mercados: De 10 años a la fecha, con publicación de resultados.
  6. El tamaño del problema

Especialistas del PUEC-UNAM y del ITDP han advertido que mientras el espacio público se vea como “recurso a explotar” y no como bien común, el incentivo para venderlo seguirá. El Centro de la CDMX es el caso más visible por estar a metros de los tres Poderes, pero el modelo, con sus variantes, opera de Tijuana a Cancún.

La pregunta que queda en el aire, y que repiten comerciantes establecidos, peatones y automovilistas, es la misma: si la calle es de todos, ¿por qué solo unos pocos cobran por ella?

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