8 mayo, 2026

Reporteros en Movimiento

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Almoloya de Juárez,Edomex.– Después de permanecer 12 años, 9 meses y 27 días privado de la libertad, Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí originario de Temoaya, recuperó su libertad tras acreditarse violaciones al debido proceso en su contra.

Crisanto fue sentenciado en 2014 a más de 43 años de prisión por el delito de homicidio y permaneció recluido en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juarez. Sin embargo, su caso estuvo marcado por diversas irregularidades que derivaron en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Entre las principales anomalías documentadas se encuentra que no contó con intérprete, pese a autoadscribirse como integrante de un pueblo indígena; tampoco tuvo una defensa con enfoque intercultural y su proceso judicial no consideró su contexto de pobreza, rezago educativo y marginación.

La Comision de Derechos Humanos del Estado de Mexico (CODHEM) emitió un pronunciamiento en el que acreditó violaciones al debido proceso y barreras estructurales que vulneraron su derecho a una defensa adecuada.

Para que la amnistía se hiciera efectiva, la familia tuvo que cubrir 660 mil pesos por concepto de reparación del daño. De ese monto, 300 mil pesos fueron aportados por el propio Poder Judicial del Estado de Mexico, mientras que los 360 mil restantes fueron reunidos por su esposa, Carmela Flores, quien empeñó bienes, vendió propiedades e incluso perdió su vivienda para lograr la liberación de su esposo.

Durante los años de encarcelamiento, la familia enfrentó pérdidas irreparables: su única hija falleció a los 26 años mientras estudiaba Derecho con el propósito de defender legalmente a su padre.

Tras diversas movilizaciones, plantones frente al Tribunal Superior de Justicia y la presión del colectivo Haz Valer Mi Libertad, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense resolvió conceder la amnistía.
Este caso se suma a los 27 pronunciamientos emitidos por la CODHEM, de los cuales 21 han derivado en libertades otorgadas.

Hoy, Tomás Gabriel Crisanto está en libertad. No obstante, su historia reabre el debate sobre las condiciones en que personas indígenas enfrentan procesos penales y las deudas pendientes del sistema de justicia en materia de derechos humanos e igualdad ante la ley.

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