
Ciudad de México, 24 de enero de 2026.— El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha un plan de modernización de sus sistemas de seguridad con la instalación de nuevas videocámaras y torniquetes en la totalidad de sus inmuebles, al argumentar la existencia de “puntos ciegos” y equipos con más de 15 años de antigüedad. La medida, aseguran funcionarios del organismo, no responde a amenazas específicas ni implica tareas de espionaje.
La actualización abarca 40 inmuebles del INE, entre ellos 32 juntas estatales y ocho instalaciones centrales, donde se sustituyeron sistemas obsoletos por tecnología considerada “estándar”, utilizada por diversas dependencias públicas. Las autoridades electorales subrayaron que los nuevos dispositivos no cuentan con grabación de audio, función que permanece deshabilitada desde fábrica.
Para explicar el proyecto, el INE organizó un recorrido con medios de comunicación en sus oficinas centrales. No obstante, uno de los puntos que quedó sin respuesta fue el costo total del plan, así como los detalles del contrato, información que el Comité de Transparencia del Instituto clasificó como reservada por razones de seguridad nacional.
Esto implica que no se hará público el nombre de la empresa contratada, ni las características técnicas completas del acuerdo. Hasta ahora, el único dato confirmado es el del fabricante de los equipos, la empresa Verkada, cuyos precios —de acuerdo con referencias disponibles en internet— oscilan entre 499 y 3 mil dólares, dependiendo del tipo de cámara, licencias y accesorios.

El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, José Alberto Pérez de Acha, explicó que los nuevos sistemas cuentan con funciones múltiples, incluida inteligencia artificial, aunque aclaró que no incorporan registro biométrico ni herramientas de reconocimiento avanzadas. “Son cámaras pequeñas, de monitoreo general; no tienen audio ni elementos intrusivos”, afirmó.
Desde el área de Seguridad y Protección Civil, Ofelia Sánchez señaló que la intención del proyecto es exclusivamente preventiva. “No buscamos vigilar ni obstaculizar al personal. Puede parecer excesivo, pero se trata únicamente de reforzar la seguridad”, sostuvo.
En una tarjeta informativa, el INE destacó que esta actualización fue postergada durante casi 15 años, periodo en el que la institución operó con sistemas manuales y tecnología ya rebasada. Según el organismo, la modernización es necesaria para proteger funciones estratégicas como el resguardo de paquetes electorales, el cómputo de votos y la información del Registro Federal de Electores.
Aunque el Instituto insiste en que se trata de una medida técnica y preventiva, la reserva de información sobre el contrato ha generado cuestionamientos en torno a la transparencia del proyecto, en un contexto donde el INE enfrenta un escrutinio constante sobre el uso de recursos públicos y la protección de datos.

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