
* Guerra por la tierra y abuso de autoridad.
* «Quieren robarnos nuestras tierras para construir fraccionamientos de lujo»: Comuneros.
Por. Lina González/Juan Lázaro/reporterosenmovimiento.com.
15:35 hrs.
TOLUCA, Edomex 9 de octubre de 2025.- Habitantes de la comunidad de Santo Tomás El Pedregal, de la localidad de La Laguna, municipio de Valle de Bravo, se presentaron este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca, en una situación que califican como un «acoso institucional» para favorecer a desarrolladores inmobiliarios.
Los comuneros fueron citados a comparecer, de manera paradójica, como presuntos responsables del delito de despojo, cuando aseguran ser ellos las verdaderas víctimas de un «cártel inmobiliario» que busca arrebatarles sus tierras ancestrales para construir fraccionamientos de lujo.
*La Denuncia que No se Acepta*
Ciudadanos como Efrén Reyes Salazar, Maribel Reyes González, Rodolfo Reyes González, y Celso Guadarrama Reyes acudieron a la Unidad Especial para la Investigación del Delito de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles.
Esto, respondiendo a la citación dictada en el oficio 380/2025, bajo los números de investigación NIC: VAL/VBR/00/MPI/176/00856/24/10 y NUC: VAL/VAL/VBR/111/316230/24/10.
A pesar de ser llamados a responder por el delito de despojo, los afectados sostienen que desde hace años no se les ha permitido interponer una denuncia formal contra los empresarios que buscan despojarlos de sus parcelas.
«Nos acusan falsamente, nos encarcelan, y nos están quitando nuestras tierras para construir fraccionamientos de lujo, esto no es justicia, es despojo legalizado», sentenció Efrén Reyes Salazar, representante del Comité Particular Ejecutivo Agrario, quien acusa que la maquinaria judicial opera a favor de «criminales de cuello blanco.»

* La Batalla por la Tierra y la Identidad*
La disputa se centra en al menos 110 de las 235 hectáreas que, según los comuneros, les pertenecen y cuya posesión está respaldada por una resolución presidencial y una del Tribunal Superior Agrario.
Los pobladores denuncian que detrás del intento de despojo se encuentran empresarios ligados a Banca Mifel y particulares identificados como Luis y Agustín Quintanilla, quienes buscan establecer un complejo inmobiliario de alto nivel en las tierras que, históricamente, han utilizado para el cultivo de semillas criollas.
Reyes Salazar detalló que el acoso se ha intensificado, mencionando la destrucción de más de 10 hectáreas de maíz con maquinaria pesada sin que el Ministerio Público aceptara la denuncia ni ofreciera la reparación del daño.
«La tierra en disputa no es solo cultivo, sino la herencia, identidad y resistencia de muchas generaciones,» afirmó Reyes Salazar, al insistir que los comuneros están resistiendo y no cederán sus tierras.
*Injusticia y Pruebas Fabricadas*
El conflicto no es nuevo.
Ya el pasado 30 de septiembre los comuneros manifestaron su descontento por la imposibilidad de formalizar sus acusaciones.
Recordaron también el caso de hace dos años, cuando cuatro jóvenes de la comunidad fueron detenidos sin orden judicial bajo acusaciones fabricadas como daño en propiedad ajena y despojo de aguas.
Señalaron que el Ministerio Público y el Juez de Control de Valle de Bravo validaron pruebas falsas, llegando al extremo de asegurar que el delito fue registrado por cámaras del C5, a pesar de que la zona carece incluso de señal telefónica.
Los afectados exigen la intervención de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo del Estado de México para que se detenga el uso del aparato judicial para proteger intereses inmobiliarios privados y se respete la legalidad agraria en Valle de Bravo.

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