explotación ilegal de Viaducto Bicentenario despoja a la nación de miles de millones

 
*Nunca el Gobierno del Estado de México obtuvo concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la Nación.



18:40 hrs

Edoméx. 13 de Marzo de 2024.- La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación.



Desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.



Este no es un caso administrativo, ni civil; ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho delito.



El haber alegado, por parte del Estado de México, que una autorización para el mantenimiento de una vía federal, como se da en todos los estados de la República, lo faculte para otorgar una concesión federal a un particular, es una absoluta falsedad y es contraria a derecho; ya que la única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.



En la audiencia que acaba de llevarse a cabo, el grado de injusticia con el que actuó el Juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible; ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano; razón por la cual la Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite.



El artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales define este delito: “…a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”. Y la única autoridad competente en materia de bienes federales, en este caso, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, la cual NUNCA OTORGÓ CONCESIÓN FEDERAL ALGUNA.



Para que exista una concesión federal debe cumplirse con los siguientes requisitos:



• Las concesiones federales se otorgarán mediante concurso público emitido por la autoridad competente federal (SICT).



• La concesión será sobre un objeto que pueda ser materia del mismo (vía general de comunicaciones federal).



• La concesión deberá cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta.



• La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá un fallo fundado y motivado.



• Se señalará el plazo de la concesión.



Todo esto NUNCA ocurrió.



La Fiscalía General de la República iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación.

El caso que presentó la Fiscalía contra el director general de Aleatica argumenta, equivocadamente, que la explotación del Viaducto Bicentenario es ilegal. En su perspectiva, el VB no debió haber sido concesionado por el gobierno del Estado de México, aunque la federación nunca se opuso ni a la licitación ni al desarrollo del Viaducto.

Por lo tanto, supone la invalidez del Viaducto y, con base en esto, considera ilegal la explotación de acuerdo con el Título de Concesión otorgado por el Estado de México – que, por cierto, está en regla y sigue vigente.

El caso presentado por la Fiscalía , de entrada, confunde el VB con las vías (tramo del Periférico y de la México Querétaro) que pasan por debajo.
El VB no existía antes del otorgamiento de la concesión – que por cierto fue un proceso público, competido (donde se inscribieron 13 compañías y consorcios para participar) y ampliamente comentado. Las porciones del periférico y de la autopista México-Querétaro, que pasan debajo del VB, no están concesionadas, ni a Aleatica ni a ningún otro particular.

Lo está bajo una concesión válida y vigente, otorgada por el Estado de México por más de 16 años, es el VB, concesión que ninguna autoridad competente ha declarado inválida.

No vinculación con sobreseimiento

Declaración atribuible a Pablo Olivera, director jurídico global de Aleatica

“Estamos contentos de que la resolución del Juez haya resuelto de manera contundente el asunto. No cabe duda de que nuestro Director General en México no hizo más que dirigir nuestras acciones para continuar cumpliendo con nuestras obligaciones según lo requerido por un Título de Concesión que se otorgó de forma competitiva y que sigue vigente. La decisión del juez de control lo confirma”.

Declaración atribuible a los abogados defensores del director general de Aleatica

“Nos alegramos de que Juez de control haya advertido que el caso carece de elementos. No cabe duda de que nuestro Director General en México no hizo más que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un Título de Concesión que se otorgó de forma competitiva, válido y en pleno vigor. La resolución del juez lo reconoce”.  

“Ninguna persona debería abusar de nuestras instituciones judiciales para ejercer presiones ilícitas por razones comerciales inapropiadas, especialmente cuando la persona denunciante ha sido condenada recientemente por haber infligido, con malicia efectiva, daño moral a Aleatica”.