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Debido a las practicas arbitrarias de los servidores públicos del Juzgado Familiar de Chalco, se están vulnerando sistemáticamente los derechos Humanos de los menores de edad que tanto presume el Presidente del Tribual se protegen, sin embargo por la nula presencia de algún superior jerárquico que pueda controlar la actuación de los jueces en la aplicación de justicia para resolver conflictos familiares,
estos servidores públicos se olvidan que es su deber proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes tal y como lo establecen los Artículos 1 y 4 Constitucionales, y la Convención Sobre los Derechos del Niño adoptada en Nueva York desde noviembre de 1981, y no así dar preferencia a los interés de los padres, a quienes según su amistad les otorgan beneficios que vulneran los derechos de los
menores de edad, aún y cuando se supone que para eso están capacitados, tal es el caso de que muchos abogados que litigan en los juzgados del Distrito Judicial de Chalco, se han quejado ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por el mal actuar del personal de esa institución, en particular de los Jueces de lo Familiar de Chalco, Estado de México, como ejemplo
están los expedientes 709/2021 en donde la actora por el solo hecho de ser mujer y hacer manifestaciones de violencia no acreditadas en juicio alguno, se le otorga preferencia en sus derechos, sin que el padre de la menor tenga derecho a tener las visitas y convivencias muy a pesar de que ha logrado un amparo de los Tribunales Federales, quien por más que se le solicitaron al Juez familiar, dicho funcionario ha hecho caso omiso de esas peticiones, muy a pesar de que le ha hecho de su conocimiento reiteradamente que los derechos de las visitas y convivencias son de la menor, mas no así del capricho de la madre, en el expediente se puede apreciar que el Juez de lo Familiar o el personal del juzgado no leen o insisten en imponer sus caprichos, además de que se ha presentado diversas quejas que no han sido
atendidas, pues el mismo personal de Contraloría encubren los errores y deficiencias de ellos; y si a ello se agrega que, de los dictámenes en materia de psicología que aplican los peritos del tribunal casualmente beneficia a las mujeres y e advierte que su contenido es de machote pues siempre presentan el mismo contenido, pues solo cambian nombres y números de expedientes, sin cambiar las conclusiones de dichos dictámenes, otro claro ejemplo de la poca ética de los servidores públicos lo es en el expediente 598/2023 en donde una de las técnicos judiciales le importo la función “imparcial” del servicio que presta, pues maliciosamente la técnico judicial se puso de acuerdo con la parte contraria de la madre de la menor en conflicto, y empezó a presionar a la señora para que firmara un convenio en donde las visitas y convivencias no se pueden dar como lo decía la técnico por la edad de un año dos meses de la niña, y fue precisamente la técnico judicial quien le dijo a la señora que “tenía que firmar el convenio, que le convenía porque le juez podía decretar lo contrario, incluso el señor podía quedarse con la guarda y custodia, que el señor podía sustraer a la menor como quisiera” además de decirle que “ya firmara que ya
era tarde que ellos salían a las tres y media de la tarde”, por lo que la señora al tener miedo de que le quitaran a su hija accedió a firmar el convenio, siendo presionada por la técnico judicial, acciones que la técnico judicial no le competen conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles que impone que para mediar una situación familiar, debe ser el Juez quien presida la audiencia y tome decisiones en ella, no así personal de menor jerarquía: otro claro ejemplo lo tenemos con el Juez de Control JOSE MANUEL HERNANDEZ ZACARIAS, coludido con el Fiscal y con el defensor Público, en la carpeta 110/2023 ha retrasado el procedimiento pues después de 14 audiencias no ha permitido se haga imputación al investigado, provocando la sustracción de la justicia del mismo provocando así
que no se dé cumplimiento al pago de una pensión alimenticia para los menores de edad que son la parte ofendida en esa causa.
De todos estos problemas ya tiene conocimiento en Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, y los Presidentes de diversas Asociaciones de Abogados de la región, quienes están organizando a sus agremiados para exigir la destitución de diversos servidores públicos de dicho Tribunal ante la ineptitud de las instancias creadas en dicho organismo que solo ejercen funciones de membrete y ejercen una actividad para la que no tienen la sensibilidad, la capacidad y el criterio necesario para atender la problemática cotidiana.

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