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24 enero, 2022

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En México, 40 de cada 100 personas que solicitan asilo, son mujeres

Cimacfoto César Martínez.

Por. Aline Espinosa.
17:00 hrs.
Ciudad de México/ Cimac. 7 de diciembre de 2021.- Las mujeres representan 40 por ciento de las personas que solicitan asilo en México, ellas huyen de la violencia de género que viven en sus países de origen, por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) presentó hoy dos informes que buscan reflejar las agresiones que padecen, los viacrucis que enfrentan en el proceso, y hacer un recuento de los estándares jurídicos, nacionales e internacionales aplicables en el país.

En conferencia de prensa, integrantes de Imumi explicaron que estos informes “Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México” y “Lineamientos y buenas prácticas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiadas en México, de mujeres sobrevivientes de violencia de género” tienen como fin demostrar que la violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica y otras más, son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países a fin de encontrar nuevos lugares seguros para ellas y sus hijas e hijos, sin embargo no siempre es así.

Detallaron que de enero a mayo de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido 41 mil 195 solicitudes de asilo, 40 por ciento de ellas corresponden a mujeres, que son originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití mientas que en 2020, las mujeres representaron 38 por ciento de las solicitudes en México, lo que visibiliza un aumento, producto de que la violencia de género se disparó con la llegada de la pandemia al mundo.

Comentaron que el primer informe “Análisis de la violencia de género” expone que las mujeres solicitantes de asilo padecen más violencia desde la espera de su proceso migratorio, muchas veces en detención, en condiciones de hacinamiento, con cargas desproporcionadas en el cuidado de la familia y con dificultades de acceso a servicios básicos de salud, educación y empleo.

Cuestiones, agregaron, que fueron reflejadas por las 40 mujeres que consultaron, la mayoría de ellas entre los 20 y 31 años de edad, de las cuales cinco por ciento eran originarias de Cuba, 7.5 por ciento de El Salvador, 7.5 por ciento de Guatemala, 45 por ciento de Honduras, y 35 por ciento de Venezuela.

De las 40 mujeres, detalla el informe, 30 por ciento no contaban con ninguna red de apoyo, 45 por ciento tenía ayuda de su familia, 35 por ciento de amistades, 11 no tenían hijas ni hijos, y 29 reportaron cuidar a un menor de edad. Todas ellas recibieron apoyo por el equipo de la Clínica Jurídica del Imumi, 10 por ciento de los casos requerían de la reposición de documentos migratorios, 7.5 por ciento consultas para resolver dudas, 5 por ciento canje de documentos, 2.5 por ciento trámites de traslado, y otro 2.5 por ciento regularización por vínculo familiar.

Alrededor del 64.1 por ciento de estas mujeres salieron de sus países de origen debido a que eran perseguidas, la mayoría de estos casos se presentaron en mujeres originarias de Centroamérica mientras que para las venezolanas la violencia se relaciona con condiciones económicas, políticas y sociales. A estos tipos de agresiones, le siguen las detenciones arbitrarias en estaciones migratorias, y la privación forzada de la libertad.

“Las problemáticas sobre la persecución en el país de origen y la detención en estaciones migratorias e interacción con autoridades en México se encuentran relacionadas y forman parte de la violencia de género que sufren quienes participan en este reporte, donde en algunos momentos se acentúa la presencia de un tipo de violencia en particular, mientras que en otros la situación se agrava cuando se combinan y relacionan entre sí en un mismo momento”, describe el informe.
En 2020, dijeron las panelistas, 72.5 por ciento de las mujeres reportaron haber sufrido agresiones físicas, 82.5 por ciento padeció violencia psicológica, 57.5 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica, y 17.5 por ciento violencia sexual, ya sea en el país de origen o en México, por parte de miembros de pandillas, delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo, autoridades, políticos, militares, y agentes de migración.

Las panelistas concluyeron que la violencia que sufren las mujeres solicitantes de asilo no finaliza después de huir de sus países, pues si bien llegan a México y esto representó un “suspiro ante las agresiones recibidas, este sólo duró el tiempo que tardaron los victimarios en localizar otra vez a sus víctimas”, lo que representa un clara extensión de la violencia vivida en el lugar de origen, por lo que se deben reforzar las estrategias de trabajo en las instancia migratorias que incluyan la perspectiva de género y de Derechos Humanos. 

Apoyar a la refugiadas

En cuanto al segundo informe, dijeron, se enfoca en hacer un recuento de los estándares jurídicos nacionales e internacionales que ha signado México y señala una serie de recomendaciones para apoyar el proceso de acompañamiento a las solicitudes de asilo. También llama a reconocer la condición como refugiadas, de mujeres sobrevivientes de violencia de género.

En el país, comentaron, el artículo 13 de la “Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, el género es un motivo para reconocer a las mujeres como refugiadas, lo que demuestra que es importante que las instituciones de migración en el país se detengan a mirar los contextos de las solicitantes, las razones, y priorizar a quienes están en un grave peligro.

Datos citados por las panelistas revelaron que siete de cada 10 mujeres solicitantes de asilo en México vivió violencia física, 8 de cada 10 violencia psicológica, 6 de cada 10 violencia patrimonial, 4 de cada 10 violencia económica, dos de cada 10 violencia sexual, no obstante las instituciones, como la COMAR siguen sin considerar la violencia de género como un motivo para otorgar asilo a las mujeres, sino que las “protege” bajo la figura de la “protección complementaria”, que es aplicable para aquellas personas que no pueden vivir en sus países por temor a ser sometidas a tortura o tratos crueles.

Ante este panorama, señalaron, es indispensable que las instituciones garanticen un análisis de los casos con perspectiva de género, reconozcan los derechos de las mujeres, respeten los acuerdos y normativas nacionales e internacionales y que la COMAR promueva lineamientos enfocados en casos de mujeres sobrevivientes de violencia de género.

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