OPINIÓN: PRI, PAN y PRD pretenden congelar leyes de reclamo social

RODRIGO DE SANTIAGO/reporterosenmovimiento.com

13:47 horas

Los diputados integrantes de la Alianza PRI-PAN-PRD en la 61 Legislatura local buscan adjudicarse la presidencia de las comisiones más importantes, que abordan temas estratégicos como fiscalización, derechos humanos y finanzas públicas, con ello perpetuar corrupción, impunidad y dispendio del erario para beneficio particular.

Y es que justo estas comisiones las encabezó Morena en la anterior legislatura y permitieron empujar reformas importantes como el quitar privilegios a ex gobernadores, la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y evitar que se amplíen las concesiones a particulares, así como regresar a la Legislatura la facultad de fiscalizar las cuentas públicas de dependencias estatales y municipales.

Sin embargo, hoy el PRI quiere acaparar las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Desarrollo Económico; Salud, Asistencia y Bienestar Social; Vigilancia del Órgano Fiscalización, Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios Participación Ciudadana, así como los comités de Comunicación Social y Vigilancia de la Contraloría, entre otras, para dar peote cion al gobierno de Alfredo del Mazo Maza. 

Y el PAN, con 11 diputados quiere encabezar las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito; Finanzas Públicas; Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción; Desarrollo Urbano entre otras, y con ello impulsar al diputado empresario y millonario, Enrique Vargas del Villar rumbo a la renovación del gobierno mexiquense. 

De esta forma los prianistas, demuestran que se aliaron para ser tapadera de la opacidad con la que se manejan los recursos en todas las dependencias del Gobierno del Estado, en especial los padrones y entrega de programas sociales, que han sido y serán usados con fines electorales hacia la elección para Gobernador en 2023.

Pues fue justo Morena, la que promovió auditorías al programa Salario Rosa y que de acuerdo con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) hubo 85 observaciones a 15 programas sociales bajo el concepto de Salario Rosa, que suman más de mil 564 millones de pesos y no se aclaró el destino de 182 millones de pesos, por falta de comprobantes por servicios de asesoría, convenios y acuerdos.

Y aunque el partido Morena, queda a deber a la sociedad, peor es que la alianza PRI, PAN y PRD estén al frente de las comisiones, de por si en la pasada legislatura se oponían a cualquier cambio, renovación o cualquier tema que atente contra sus intereses de grupo y privilegios económicos y políticos. 

Y a menos de un mes, los aliancistas ya mostraron desdén en el tema de Derechos Humanos al retrasar y minimizar la conformación de la Comisión Especial de Amnistía y que ha dejado en vilo los casos donde familiares de presos piden se considere la Amnistía por violaciones a derechos humanos durante los procesos penales instaurados a las víctimas, y que incluso tiene respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Hoy la 61 Legislatura vive una disputa  y ferocidad de los aliancistas quienes quieren solo conformar un gran bloque para seguir protegiendo los intereses y a la clase política tricolor en turno, a cambio de canonjías, para mantener a un estado sumido en la delincuencia, con miles de policías estatales inoperantes en la calle, que solo sirven para cuidar funcionarios, o realizar retenes para extorsionar y no para prevenir los atracos diarios en transporte público, o funcionarios en la Fiscalía para dar protección a delincuentes que pagan el derecho de piso,  y que la aplicación de la justicia tiene un precio para los ciudadanos. 

Quieren seguir con el monstruoso sistema de transporte público obsoleto, inseguro, con unidades viejas sin regularizar, pues son carne de cañón en tiempo electoral y los mexiquenses enfrentan diario un servicio caro y el riesgo de perder la vida en un asalto.

No quieren una nueva Constitución, ya lo han advertido, no quieren cambios para hacer leyes efectivas que lleven a la cárcel a los funcionarios corruptos y quieren mantener un Sistema Anticorrupción estatal inoperante que solo cuesta millones en sueldo a los mexiquenses y no ha llevado ante la justicia a ningún servidor público, por eso han formado la alianza del agandalle y la opacidad, que apuesta a todo menos a los cambios en el sistema y al bienestar de la gente.