RODRIGO DE SANTIAGO/una colaboración para reporterosenmovimiento.com
Fiel a su estilo de atacar sin fundamentos, los voceros de Antorcha en Chimalhuacán, reaccionaron cual hienas heridas, al hacerse pública información sobre la aprobación masiva de plazas de sindicalizados donde incluyen a sus operadores políticos, funcionarios y sus familiares y hasta el dirigente del PRI municipal.
Estas prácticas laborales abusivas en contubernio con el líder sindical del SUTEyM en este municipio, solo se suman a la larga lista de actos ilícitos de esta agrupación de por años ha sido el grupo de choque y brazo armado del tricolor.
Sus principales mecanismos son la manipulación de los pobres y afiliados, a quienes usan como carne de cañón para manifestaciones y bloqueos, para atacar denostar a candidatos o presionar a gobernantes de filiación distinta al PRI en el afán de obtener a cambio canonjías y prebendas para su organización.
Los dirigentes de Antorcha tienen un largo historial de invasión de tierras en Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Izcalli, Nicolás Romero, donde por la fuerza se apoderan de terrenos para luego fraccionarlos; los ofrecen a gente sin casa ni recursos, a quienes por cuotas permanentes les dan un pedazo de tierra, pero los controlan y mantienen a renta de por vida.
En el mercado de la gasolina utilizó los nombres de una Asociación Civil y de familiares del secretario general Aquiles Córdova Morán para enriquecerse, además tienen concesiones para operar parques vehiculares de transporte a ductos de petrolíferos y franquicias para venta de gasolina.
Perder sus principales bastiones en el Estado de México fue un gran golpe para los antorchistas, cuyo alcalde en Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez tiene el mayor número de irregularidades en el manejo de recursos públicos, detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización estatal en los Ayuntamientos. Se les acabó la mina de oro, por eso ahora su única alternativa es denostar a sus adversarios.
El gobernador Alfredo Del Mazo Maza tiene que mantener la paz social en Chimalhuacán e Ixtapaluca y evitar se repitan los sucesos sangrientos de agosto del 2000, en que el enfrentamiento armado dejó un saldo de 10 muertos.
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