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20 mayo, 2022

Reporteros en Movimiento

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«A GUILLERMO LO MATARON CON TORTURAS EN EL PENAL DE OTUMBA», NO SE SUICIDÓ COMO DICEN AUTORIDADES

CÁRCEL DIGNA Y SEGURA

JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA/ EX PRESO DE CONCIENCIA DEL EDOMEX

Los especialista del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) establecieron siete indicadores para medirlo, el séptimo es “cárcel digna y segura”, es importante señalar que estas mediciones iniciaron con la Reforma constitucional de Seguridad y Justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Es importante destacar que el SJPA, se estableció para que el Sistema Penitenciario en México tuviera como eje rector cárceles dignas y seguras que dieran cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del artículo 18 de la Carta Magna.

Este dispositivo constitucional, señala “El Sistema Penitenciario se organizará sobre el respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como mecanismos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.

A 13 años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008, y que estableció el Sistema Penitenciario con cárceles dignas y seguras es un fracaso, principalmente en el Estado de México que es la entidad federativa que cuenta con más Personas Privadas de la Libertad (PPL) en situación de prisión con más de 33 mil internos.

El indicador de cárcel digna y segura como medición del SJPA no existe, no hay espacios seguros, no se garantiza la integridad física de los internos, no se previenen riñas, suicidios y homicidios, principalmente se ocultan los mecanismos de tortura u homicidios dolosos por parte del personal de custodia en complicidad de los directores de los penales y de todas las autoridades penitenciarias pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

En este mismo sentido no se garantiza los derechos humanos a tener una alimentación nutritiva y suficiente, tampoco se cumple el derecho humano a la salud, toda vez que también hay un gran índice de personas que fallecen por no contar con los medicamentos mínimos y básicos para ser atendidos con sus problemas de salud.

Es grave también ver como se realizan cobros indebidos a los internos, así como también la venta de los productos en las tiendas son un negocio millonario para todas las autoridades del Sistema Penitenciario, concretamente en la venta de sobre precios de tarjetas telefónicas, refrescos, leche, pan, alimentos chatarra, cigarros que logran incrementarlos hasta más de 200% del valor de estos productos, y es otra forma de corrupción y de los negocios boyantes de las autoridades penitenciarias.

Queremos denunciar el día de hoy como las autoridades penitenciarias quieren ocultarla muerte de Guillermo “N” como un suicidio, cuando sus familiares han señalado que fue torturado y asesinado por el seudo Comandante Daniel Camacho Liborio apodado como “el Acapulco”, y que es el principal responsable de torturar y dar tratos crueles e inhumanos a otros internos por instrucciones del Director del Penal de Otumba, Francisco Javier San Martín Flores.

Para nosotros es de suma importancia que las autoridades penitenciares destituyan de manera inmediata al seudo Comandante Daniel Camacho Liborio y al Director del Penal de Otumba, para que se investigue no solo el fallecimiento o muerte de Guillermo “N”, sino la de otros internos que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad como la tortura y que les ha provocado la muerte, estas mismas practicas de tortura y homicidios también se realizan en los siguientes penales en los Módulos de Conductas Especiales, conocidos como la Roca en Otumba, el Cubo el Chiconautla, el Bunquer en Barrientos, la Fortaleza en Texcoco, el Volcán en Chalco, entre otros.

Siendo responsables de la practica de los delitos de lesa humanidad los directores, Bertín Arellano Gómez del Penal de Chiconautla, Dalmasio Becerril Tapia de Chalco, Verónica Jiménez Moreno de Neza Bordo, Norma Denisse Rodríguez Pérez de Barrientos, Julio César Partida Cigala de Santiaguito, Merli Ingri Cuellar Romero Tenancingo Sur, y Paula Gabriela Valdez herrera de Cuautitlán.

Toda esta estructura de corrupción en el Sistema Penitenciario es piramidal, cuyos responsables directos son el Secretario de Seguridad Rodrigo Martínez Celis, del Subsecretario de Control Penitenciario Manuel Palma Rangel y del Director General de los Penales Jaime Echartea Mojica, le solicitaremos a la Fiscalía General de la República (FGR), con fundamento al artículo 5º párrafo segundo y tercero de la Ley de la Fiscalía General de la República para que atraigan estos casos del fuero común, por que los supuestos y las conductas ilícitas están previstos en la Carta Maga, los Tratados internacionales y la leyes aplicables. Las conductas desplegadas por las autoridades penitenciarias son los siguiente:

Por la aplicación de la tortura, tratos crueles e inhumanos, utilizando los módulos de castigo para realizar estos delitos de lesa humanidad incluso provocando la muerte.

Por la desviación recurso federales aprobados por la Cámara de Diputados al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), cuyo fundamento en la Constitución Federal esta en el artículo 21 inciso e), y que se traduce por la no instalación del Sistema de Ejecución de Penas , la inexistencia de la reinserción social, la falta de instalaciones educativas con plataformas de educación a distancia, la falta de un sistema de salud, de instalaciones deportivas y concretamente por no contar con el Plan de Actividades que es la base de la Reinserción Social, así como también de no contar con la base de datos penitenciaria, que se tubo que haber instalado a más tardar el 30 de noviembre del 2017.

También por no instalar el protocolo de visitas, lo que provoca que se cobren visitas clandestinas que dejan ganancias millonarias al Sistema Penal, y que se audite el Fideicomiso FC3, para la construcción de nuevos Centros de Prevención y Reinserción Social, cuyos recursos aprobados en la Legislatura del Estado de México hacienden a más de 2 mil 500 millones de pesos.

Solicitaremos a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que, junto con la Comisión del Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), realicen una visita y atiendan las acciones colectivas por el abuso de los incrementos de los precios de los productos, que se venden en las tiendas al interior de los penales y que los sobreprecios de los productos son autorizados y controlados por las autoridades penitenciarias.

Finalmente se solicitará que se acredite en los últimos 13 años, como han sido designados y otorgados los nombramientos de los comandantes, subcomandantes, jefes de turno, administradores de penales, si cuentan con la instrucción educativa de preparatoria, como lo establece la Ley de Seguridad del estado de México, si cuentan con la Certificación Constitucional, con el Certificado Único Policial y si han acreditado los exámenes de control de confianza.

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