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2 diciembre, 2021

Reporteros en Movimiento

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Piden se tomen medidas para evitar actos de corrupción en los Centros Penitenciarios en Edoméx

• Frenar abusos en cárceles al tramitar Amnistía, exige Morena .

18:20 hrs.

TOLUCA, Edoméx. a 22 de julio de 2021.- Por unanimidad la Legislatura local aprobó un exhorto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, para que tome medidas para evitar actos de corrupción en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, luego que se ha intensificado esta práctica de los custodios a partir de la aplicación de la Ley de Amnistía en la entidad.

Al presentar el exhorto, el diputado Heleodoro Enrique Sepúlveda Ávila, recordó que el 5 de enero se expidió la Ley de Amnistía del Estado de México, con el objeto de despresurizar las prisiones otorgándole la libertad a quienes, ante la comisión de determinados delitos no pudieron tener un acceso adecuado al sistema de procuración y administración de justicia.

De acuerdo con la investigadora Catalina Pérez Correa cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales para poder sobrevivir al interior de los centros penitenciarios, pudiendo ser aún mayor en caso de requerir de algún otro servicio, como el derecho a una celda, a un colchón o cobija, a comida higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual termina siendo pagado por sus familiares.

Las personas privadas de la libertad se vuelven un negocio, pues pagan por uso de tarjeta telefónica 80.00 pesos, alimentos 120.00 pesos, televisión o equipo de audio de 800.00 a 1,000.00 pesos, aviso de llegada de familiar 10.00 pesos, a esta cantidad se le suman de 2.00 a 5.00 pesos por cada puerta que necesitan cruzar.

Adicionalmente, ahora el llenado de supuestos formatos autorizados para realizar el recurso de   Amnistía, para acudir a locutorios, acceso al buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la simple información para una solicitud, autorización de correo electrónico para recibir las notificaciones manejados por las denominadas “mamás o jefas del cantón” representa un costo entre los 500 hasta 2 mil 500 pesos.

“Desafortunadamente a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, estos mal llamados pagos necesarios se han incrementado, sobre todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse beneficiados, pues ahora se les exigen dádivas o pagos de extorsión mayores, pudiendo incluso ser objeto de golpes y actos de tortura sobre quienes no pueden o no quieren pagar”, denunció el legislador de Morena.

Abundó que quienes presentan solicitudes ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, han denunciado verbalmente estos abusos ya son práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como autogobiernos, destacando en esta práctica los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla y Neza Bordo.

Y tiene mención especial el Centro Preventivo de Readaptación Social “Lic. Juan Fernández Albarrán” mejor conocido como Barrientos, donde a partir del cambio de Dirección, extrañamente las cuotas se han incrementado hasta en 3 veces su valor; prácticas que se están ejerciendo en contra de sus familiares privados de la libertad y de ellos, que son quienes acaban pagando o sufriendo en carne propia las consecuencias de no hacerlo.

“Hoy desde esta Tribuna, reprobamos estas actuaciones. La Ley de Amnistía del Estado de México, se creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia por falta de equidad en la administración de la misma. Al contrario, terminaron siendo víctimas de la corrupción que lamentablemente sigue imperando al interior de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado”, denunció Sepúlveda Ávila.

Al aprobar el exhorto, se exigió a la Secretaría de Seguridad del Estado de México que ponga mayor atención para evitar estos abusos y actos de corrupción, que los servidores públicos sean capacitados, y haya mejores estrategias que permitan atacar estas prácticas.

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