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5 agosto, 2021

Reporteros en Movimiento

Información sin Censura

Mujeres de Oaxaca defenderán sus derechos humanos descalzas

Por: Alejandro César VázquezPor: Alejandro César Vázquez

12:55 p.m. horas

Detuvieron a una comunicadora adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca

Sin más alternativa que caminar descalzas amarradas entre sí, mujeres oaxaqueñas se sumarán a la propuesta de la comunicadora que ha sido víctima de violencia de género, emocional y psicológicamente. Por eso su movilización del próximo 28 de julio miércoles en donde refieren que llueve o truene darán a conocer cómo se transgreden los Derechos Humanos.

Su demanda no es solamente el caso de la Jeniffer Barroso Rodríguez, quien anunció que este 28 de julio realizará una marcha de pies descalzos hacia el Congreso de Oaxaca, para exigir a las y a los legisladores la destitución del fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCO), Jorge Emilio Iruegas Álvarez, con cinco años en el cargo durante los cuales dos años seis meses, sin dar un resultado a las víctimas. Las que después mueren, inclusive a manos de los agresores.

El objetivo de la marcha – refieren las entrevistadas- además de la insistencia de la renuncia del titular de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de los Servidores Públicos, es la demanda para que se le investigue por sus nulos resultados, con expediente rezagados y sin resultado favorable para las víctimas.

Por ejemplo de una de las épocas más obscuras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca al frente de Marco Tulio López Escamilla puesto que ocupo durante tres años en el Gobierno de Gabino Cue Monteagudo -ex gobernador– recordó, se dieron tantos abusos a través de los exámenes de control de confianza donde fueron Juez y parte quitaron el empleo de cientos de trabajadores Hombres y Mujeres algunos solo por tener un tatuaje o una perforación demás en una oreja y el estar tatuado de los pies a la cabeza.

El objetivo de esta marcha es destacar la indiferencia para procurar Justicia. Que la sociedad esté enterada que llegue a todos los oídos y se empiece a erradicar esta enfermedad social llamada corrupción, bastante arraigada en territorio oaxaqueño. .

De esta forma, el 28 de julio marcharán mujeres agraviadas como un acto solidario a la comunicadora, del monumento a Juárez de Xoxocotlan a Cámara de Diputados a partir de las 8 de la mañana. Como una forma de evidenciar la falta de avances en la búsqueda de justicia, las inactividades de la FEMCO han propiciado una jueza desestime el caso por prescripción en contra de una de las nueve personas implicadas en el delito de privación ilegal de la libertad, entre ellas, quien en 2012 fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla.
Con índice de fuego,

Barroso Rodríguez señala a Iruegas Álvarez de incumplir con sus obligaciones y en su caso hubiera justicia, a pesar de que ella lleva luchando 10 años desde que en 2012 ocurrieron los hechos y ahora podrían quedar sin castigo quienes durante casi 24 horas detuvieron de forma ilegal, la torturaron y amenazaron de muerte mientras “la paseaban” por los alrededores de la capital oaxaqueña y a quienes pretendieron que los hechos no trascendieran.

ANTECEDENTES

Jeniffer Barroso Rodríguez explica a detalle lo ocurrido en septiembre de 2012 cuando sin ser policía sino personal administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública fue amenazada con despedirla por no permitir que tres supuestos médicos, en un hospital particular, sin bata ni identificación, la sometieran a un examen médico que implicaba desnudarse totalmente para revisar si no tenía tatuajes, perforaciones en el cuerpo o cicatrices, además de “revisar” si el busto no era operado.

Expone que este hecho fue considerado como suficiente para despedirla y cómo ella se negó a dejar el lugar argumentando que no era policía sino una empleada administrativa, por lo que Jennifer Barroso, empleada de la oficina de Comunicación Social se declara en huelga de hambre y advierte que no se irá del lugar.

Alrededor de las 8 de la noche, una persona que dijo llamarse Fabián Velasco Monjarrez dijo ser el representante jurídico del Comisionado de Seguridad Pública. Después ella misma descubriría que el supuesto abogado utilizó el nombre de otro empleado de la SSP.

“A mí me acusaban de usurpar un cargo público y a el abogado era quien en realidad estaba usurpando la personalidad de otro empleado de la dependencia”, dice con ironía y dolor, pues 10 años después de aquellos hechos ella sufre de estrés postraumático, lo que ocasiona diversas enfermedades emocionales y físicas.

A esas horas, las oficinas de la Seguridad Pública habían sido desalojadas por el personal, habían apagado todas las luces y esa persona seguía amenazándome con detenerme, yo le pido me enseñe la orden de aprehensión. La respuesta fue tajante, “no la necesito, usted está cometiendo un delito en flagrancia por uso indebido de funciones”, por lo que le pide a cuatro policías que lo acompañaban que me detengan.

La acusación fue reiterada varias veces por el supuesto abogado del Comisionado, quien le advierte que ha cometido el delito de usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones. Y es que, apunta, aunque seas personal administrativo “te obligan a usar uniforme de policía que por supuesto tu misma compras”. Y no era policía, reitera, incluso “Jennifer Barroso Rodríguez” nunca aparece en el Registro Nacional de Policías. Lo que sí era Jeniffer Barroso era funcionaria pública nivel 5A de la SSP.

Los cuatro policías la cargan, le cubren la cabeza con una manta y la suben a una camioneta blanca sin logotipos de identificación. Ahí empieza a ser golpeada en repetidas ocasiones, recientemente Jennifer Barroso había dado a luz a sus gemelos. Además de los golpes físicos, los policías la amenazan con matarla, a ella, a su pareja y a sus tres hijos.
Tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditaron las violaciones sufridas por parte de la autoridad y se recomienda una disculpa pública, que sí ocurre un 15 de septiembre, pero dos años después de los hechos, sin la presencia de Marco Tulio López Escamilla, quien había dejado el cargo en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

La justicia ha sido lenta, cuatro años después de su detención ilegal, en 2016, fue reestablecida en su trabajo, recibe el pago de sus prestaciones y sueldos caídos, además de tratamientos médico-psicológicos hasta que sane completamente. Aunado a la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para los elementos de seguridad.

Desde el primer momento, Jeniffer Barroso presentó su denuncia ante la Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado y es informada que le corresponde a la FEMCO llevar el caso. “La CNDH ya había hecho el trabajo, todo estaba en la recomendación, lo tenía todo peladito y en la boca, pero ni así hizo bien su trabajo. Dejó que pasara el tiempo, ahora enfrento que los tribunales podrían empezar a desestimar por prescripción.

Por ello, Jeniffer Barroso Rodríguez emprenderá una marcha de pies descalzos, demandando la destitución de Álvarez Iruegas y espera conseguirlo. Tengo diez años luchando por la justicia y seguiré por ese camino hasta conseguirlo. ¿Habrá justicia algún día en Oaxaca?

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, recientemente participó de manera virtual en la Reunión de presentación de avances en Oaxaca de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad.
El objetivo de esa Agenda es insertar en la lógica de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad una agenda institucional para construir acuerdos específicos en materia de prevención, atención de la violencia contra mujeres y niñas, y para la reducción del rezago en el acceso a la justicia tomando como plataforma las Mesas Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad.

En teoría Oaxaca, a diferencia de otros estados se está trabajando para avanzar en la agenda que beneficia la vida diaria de las mujeres y las niñas de la entidad. Por tal motivo, al menos con el informe de Instituto de las Mujeres, se está atendiendo de manera puntual las necesidades de la población de la mano con Organizaciónes de la Sociedad Civil que trabajan en la atención a víctimas de violencia de género, eso en teoría.

Pero quizás el gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a pesar de reiterar el compromiso que tiene su gobierno de seguir trabajando por la igualdad sustantiva y el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas oaxaqueñas. «Combatir la violencia de género es prioridad para el gobierno de Oaxaca, por ello hemos hecho que la perspectiva de género sea transversal en todos los órdenes de gobierno». Sin embargo no le han informado que el enemigo lo tiene dentro de su mismo gabinete gubernamental, quizás pronto lo conozca, ahora con la manifestación de Mujeres Pies Descalzos.

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