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13 junio, 2021

Reporteros en Movimiento

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OPINIÓN: A 50 AÑOS DE LOS SUCESOS SANGRIENTOS DEL 10 DE JUNIO DE 1971

8:55 horas

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS! 

DESDE FINALES DE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTAS, EL GOBIERNO HABÍA APLASTADO A SANGRE Y FUEGO LOS INTENTOS DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LOS FERROCARRILEROS, de los maestros que, dirigidos por Othón Salazar, fueron reprimidos en 1958; o el movimiento de los médicos también aplastado en 1964. Las cárceles mexicanas estaban llenas de presos políticos. También había mandado asesinar al dirigente campesino morelense Rubén Jaramillo junto con toda su familia en 1962 y ordenado la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, aplastando al movimiento estudiantil que tuvo que desmovilizarse para ocuparse de la defensa de los encarcelados y de enterrar a sus muertos. Hasta la fecha no se sabe cuántos estudiantes perdieron la vida, sus cadáveres fueron desaparecidos y sus familiares amenazados para que callaran.

Miles de estudiantes abandonaron las universidades para organizar al pueblo y se integraron en el movimiento popular al lado de los colonos, en los sindicatos con los obreros o en las comunidades campesinas. 

PASARÍAN TRES LARGOS AÑOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES INTENTARAN REORGANIZARSE Y CONTINUAR LA LUCHA. Y FUE PRECISAMENTE EN LA UNIVERSIDAD Autónoma de Nuevo León, donde lo hicieron los estudiantes que luchaban en contra de la imposición de una ley Orgánica que los perjudicaba en sus derechos escolares, entrando de inmediato en conflicto con las autoridades. Atentos a esos acontecimientos, los estudiantes de la UNAM, el Politécnico y otras universidades, así como la escuela nacional de maestros y de la Normal Superior, decidieron organizar una marcha para apoyar a sus compañeros neoleoneses. Viendo que se reorganizaba el movimiento estudiantil, el gobierno se decidió a reprimir nuevamente y a balazos la manifestación de los estudiantes y maestros. El 10 de junio de 1971, jueves de corpus, el gobierno del presidente priista Luis Echeverría Álvarez, volvió a reprimir a los jóvenes estudiantes. La marcha salió a las cinco de la tarde del Casco de Santo Tomás hacia la Escuela Nacional de Maestros, para llegar al Monumento a la Revolución. Fue precisamente en la calzada México-Tacuba, a la altura de la Avenida de Los Maestros, en el barrio de San Cosme, donde el batallón de granaderos puso una valla para impedirles el paso, bajo el pretexto de que la manifestación no estaba autorizada.

LOS DIRIGENTES ESTUDIANTILES, ENCABEZADOS POR EL PERIODISTA MANUEL MARCUÉ PARDIÑAS, QUE HABÍA SIDO PRESO POLÍTICO POR LOS ACONTECIMIENTOS DEL DOS de octubre, exigieron su derecho a manifestarse ante la rotunda negativa del comandante de los granaderos. Mientras tanto, varias decenas de jóvenes corpulentos que habían sido previamente entrenados en artes marciales y manejo de armas, bajaban de autobuses del entonces Departamento del Distrito Federal. Armados de garrotes y metralletas e identificándose con el grito de “Halcones”, arremetieron brutalmente contra los manifestantes, golpeando y asesinando a mansalva a decenas de estudiantes. Entre la confusión, los Halcones perseguían a los manifestantes disparándoles por la espalda o desde las azoteas de los edificios, incluido el de la Escuela Normal de Maestros o las escaleras del Cine Cosmos. Muchos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero, lugar a donde acudieron los Halcones para rematarlos dándoles el tiro de gracia, ante el horror de médicos y enfermeras que no pudieron impedirlo.

LOS ELEMENTOS POLICÍACOS PERMANECÍAN INMÓVILES, PROTEGIENDO CLARAMENTE LA ACCIÓN REPRESIVA DEL GRUPO PARAMILITAR. ES UN HECHO QUE HABÍA ÓRDENES superiores para hacer aparecer este hecho represivo como un vulgar enfrentamiento entre grupos estudiantiles. De todo esto hay abundantes testimonios gráficos y periodísticos de la época, pues los reporteros y fotógrafos de los periódicos cubrieron ampliamente la información, a grado tal que también fueron agredidos por los Halcones, lo que motivó esa misma noche la airada protesta de los directores de los principales medios de comunicación. El saldo exacto de los muertos y heridos se desconoce hasta la fecha, pero se habla de 124 asesinados. Uno de los muertos de esa fecha fue un joven estudiante de nombre Edmundo Martín del Campo, cuyos familiares todavía siguen luchando por construir la democracia. Ahora se sabe que la organización paramilitar estaba integrada por aproximadamente tres mil jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, extraídos del lumpen, que con el nombre de “Halcones” estaban siendo entrenados en el bosque de San Juan de Aragón, por elementos del ejército y por altos jefes de la policía capitalina.

EL GRUPO ERA FINANCIADO POR EL ENTONCES REGENTE DE LA CIUDAD, EL PRIÍSTA ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y LUEGO POR SU SUCESOR ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. De esto mantenían informado al secretario de gobernación y al mismo presidente de la República Luis Echeverría, quien siendo el responsable de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlaltelolco, mantenía como reserva a Los Halcones, para aplastar nuevos intentos de reorganización del movimiento estudiantil. El campamento donde se organizaba y brindaba instrucción a este grupo paramilitar estaba ubicado en la colonia Cuchilla del Tesoro, al norte del Aeropuerto de la Ciudad. Este campamento fue desmantelado inmediatamente después de los hechos para evitar que se profundizara en las investigaciones. Luis Echeverría Álvarez, prometió demagógicamente ante los medios de comunicación el “castigo” para los culpables. Hoy sigue negando su responsabilidad en los hechos represivos. Pero el pueblo mexicano ya lo condenó porque sabe a ciencia cierta que él fue el responsable directo de la represión.

NI LOS HECHOS HAN SIDO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS, NI LOS CULPABLES HAN RECIBIDO EL JUSTO CASTIGO. PERO LO QUE VENDRÍA DESPUÉS SIGUE LLENANDO DE vergüenza al pueblo mexicano: aun apesadumbrados por el recuerdo de sus muertos, presionados por los cientos de desaparecidos y encarcelados en Lecumberri, los estudiantes recomponían fuerzas y discutían ideas revolucionarias de cambio social. Muchos habían salido de sus escuelas para dedicarse en cuerpo y alma a organizar campesinos, colonos y obreros, pues entendían que estaba próximo el momento de cambiar el sistema político. Pero muchos otros estudiantes que veían aun más próximo ese momento del cambio social, siguiendo el ejemplo de los revolucionarios guerrerenses Genaro Vázquez Rojas (de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria), y Lucio Cabañas Barrientos (del Partido de los Pobres), habían pasado a la clandestinidad y formado organizaciones armadas como la Liga comunista 23 de septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Frente Urbano Zapatista y muchas más que siguieron el camino de la guerrilla.

EL ESTADO MEXICANO RESPONDIÓ NUEVAMENTE CON LA REPRESIÓN, INAUGURANDO LA ETAPA DE LA LLAMADA “GUERRA SUCIA” DE LOS SETENTAS, MEDIANTE LA CUAL FUERON asesinados cientos de militantes de las citadas organizaciones guerrilleras y aun de las organizaciones campesinas, obreras y populares que realizaban trabajo político, amparados en las leyes mexicanas. Desde la década de los setentas hasta la década de los ochentas, pasaron 15 años de represión en los que la Secretaría de Gobernación, utilizando a la denominada “Brigada Blanca”, dependiente de la Dirección Federal de Seguridad, fue eliminando sistemáticamente a los opositores, muchos de los cuales no volvieron a aparecer, pues fueron arrojados al mar o enterrados clandestinamente. Tal fue el caso del Estado de Guerrero, donde el general Miguel Arturo Acosta Chaparro, desató la represión contra todos los disidentes del régimen del gobernador priista Rubén Figueroa Figueroa. Hace algunos años se dio a conocer la noticia del descubrimiento de una fosa clandestina en Atoyac de Álvarez, en la casa de una tía del guerrillero Lucio Cabañas, que había sido utilizada como cuartel por el ejército y la policía guerrerense, donde fueron hallados, además del cadáver del legendario guerrillero, decenas de cadáveres de dirigentes campesinos y estudiantiles asesinados a mansalva luego de crueles torturas.

EN EL ESTADO DE MÉXICO, CONCRETAMENTE EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, TAMBIÉN SE SUFRIÓ LA REPRESIÓN Y EL SECUESTRO DE MILITANTES DEL FRENTE POPULAR Independiente, de las Escuelas Primarias Populares y de otras organizaciones, a manos de la tenebrosa Brigada Blanca. El maestro Agustín Pérez Rodríguez fue secuestrado junto con Heriberto Rodríguez, Refugio Bernal y Pedro Rodríguez Liborio y falleció un año después a consecuencia de las torturas. Los profesores Juan Carlos Galóz, de la Normal Número Uno de la colonia Benito Juárez, así como Tomás Licea y Jesús Meixueiro, maestros de la Telesecundaria de la colonia Los Pirules, de este municipio de Nezahualcóyotl, también fueron secuestrados. Tal fue el destino de cientos de luchadores de sociales que hasta la fecha siguen desaparecidos a pesar de que los distintos comités pro-defensa de los presos y perseguidos políticos, han venido demandando su aparición y libertad, así como el castigo de sus secuestradores. 

EN LA SUPUESTA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN, EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS FUNCIONARIOS BAJO SU AUTORIDAD, UTILIZARON MÉTODOS ILEGALES QUE VIOLARON la Constitución General de la República y demás leyes vigentes, así como los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad, en los que no opera la figura de la prescripción y que deben ser motivo inmediato de enjuiciamiento y castigo, de acuerdo a nuestro derecho interno y de acuerdo también a las leyes internacionales. Deben investigarse los crímenes del régimen priísta y castigarse ejemplarmente a los culpables, pues miles de familias no pueden seguir viviendo en la incertidumbre por el paradero de sus hijos, esposas o madres. Solo así podrá saldarse la deuda histórica que tienen con el pueblo de México para acabar con la impunidad que ha prevalecido durante estas cinco décadas.

LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PASADO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FUE CREADA PARA LA INVESTIGACIÓN exhaustiva de los hechos y el castigo de los responsables de la represión del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la tortura y desaparición de luchadores sociales en la “guerra sucia” de la década de los setentas. Dicha fiscalía nunca pudo esclarecer los hechos ni determinar el castigo para los responsables. Entre ellos señalamos claramente a Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de la República, ya fallecido sin que el dedo de la justicia lo alcanzara. Pero sigue todavía vivo el octogenario Luis Echeverría Álvarez y muchos otros asesinos del régimen que se mantienen en la más completa y oprobiosa impunidad. Hoy, a cincuenta años recordamos tan dolorosos acontecimientos y repudiamos la represión gubernamental en contra del pueblo, exigiendo justicia y que se aclaren los hechos sangrientos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971. Seguimos gritando a 33 años de lo sucedido “¡Diez de junio no se olvida, es de lucha combativa!”, Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos… y nos siguen faltando 43.

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