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13:33 p.m. horas

• Estas personas se ostentaban como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

#Cuautitlán, #Estado de México, 4 de agosto de 2020.- El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de México de esta Fiscalía Estatal (FGJEM) acreditó la participación de dos hombres y una mujer en el delito de secuestro, ilícito por el cual un Juez les dictó una condena de 70 años de prisión.
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Se trata de Berenice Ordaz Martínez, Jesús Oliveros Vega y Juan Manuel González Sánchez, quienes se ostentaban como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y secuestraron a un hombre el día 13 de noviembre del año 2017, en la región de Cuautitlán.

​El día de los hechos, la víctima fue interceptada en calles de este municipio, por Oliveros Vega y González Sánchez, quienes por la fuerza lo subieron a un vehículo mara Nissan, tipo Tiida, a bordo del cual lo mantuvieron privado de la libertad. Luego los probables secuestradores se comunicaron con los familiares de este hombre, a quienes les exigieron un pago a cambio de liberarlo.

​Cuadras más adelante, subió al vehículo la ahora sentenciada, quien tomó el control de dicha unidad automotora y condujo por varios minutos, no obstante, Policías de esta Institución les marcaron el alto para realizarles una revisión.

​En esta acción fue liberada la víctima y fueron detenidos los tres probables secuestradores, mismos que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por estos hechos.
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Cabe hacer mención que la víctima reconoció a uno de estos individuos como el mismo que días antes del secuestro se había presentado en su negocio y le había exigido dinero a cambio de no hacerle daño, argumentando ser miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación.

​Posteriormente estas tres personas fueron remitidas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de un Juez, quien les dictó esta condena y les fijó multas de 480 mil 240 pesos y 80 mil 40 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.